Las tres cámaras urbanas buscan fórmulas para seguir pese al decreto

Las tres cámaras vascas de la propiedad urbana están buscando fórmulas para continuar prestando servicios a sus asociados, pese al decreto aprobado el pasado día 31 de enero por el Gobierno que regula su liquidación. Representantes de las tres entidades han manifestado su intención de seguir operando, pero todavía no tienen una estrategia común para intentar perpetuarse en el momento en el que el Gobierno asuma la mayor parte de sus patrimonios, del personal que quiera integrarse en la Administración, y de todos sus servicios.

Las primeras que han anunciado la creación de una asociación privada de nuevo cuño para seguir prestando sus servicios son las de Guipúzcoa y Álava. Esta última cumplirá 123 años el 16 de marzo y quiere que esa fecha marque el inicio de una nueva etapa para sus asociados. Según la auditoría que precipitó la liquidación de las cámaras, la de Álava era la que más actividad desarrollaba y la que tenía las tarifas más baratas. Esa auditoría detectó que la Cámara de Vizcaya perdió entre 1999 y 2002, 1,1 millones de euros y la de Guipúzcoa 0,9 millones. Sin embargo, en 2005, Vizcaya declaró 199.271 euros de beneficios. Estas dos cámaras esperan que el Gobierno les facilite el tránsito hacia nuevas asociaciones de carácter privado, cediéndoles locales y personal. La cámara de Vizcaya estudia la creación de una nueva entidad que siga facturando a los socios para el momento en el que el Gobierno intervenga sus cuentas y actividad. Fuentes del Ejecutivo citan que aunque no hay fecha para la intervención se producirá en las próximas semanas.El Ejecutivo autónomo, que ha aprobado el decreto con más de diez años de retraso desde que el central decidiera en 1944 la liquidación de las cámaras de la propiedad urbana, está preparando la integración en la Administración del patrimonio y del personal que voluntariamente decida pasar al sector público. Asimismo va a situar en cada una de las cámaras a un funcionario delegado, que asumirá las labores directivas y garantizará que se sigan prestando todos los servicios de asesoramiento, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento que estas entidades han venido ofreciendo hasta ahora a sus socios. En una segunda fase el Gobierno prestará esos servicios también a los inquilinos.

Fuentes del Ejecutivo explicaron ayer que, mientras no designe un interventor en cada cámara, no corre el plazo para su liquidación. A partir de ese día, las cámaras no podrán utilizar ninguna de las cuentas corrientes de que disponen.

La presidenta de la Cámara de Álava, Isabel Martí, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para defender la continuidad de la entidad que preside, bajo la forma de una asociación de carácter voluntario. En la actualidad 48.826 personas pagan voluntariamente las cuotas, y ya ha anunciado su intención de girar las correspondientes a 2006 pero bajo un nombre diferente, para que la intervención gubernamental no les afecte. Martí quiere celebrar una asamblea y poner en marcha una campaña de promoción de la nueva entidad, coincidiendo con la celebración, el próximo día 16 de marzo, del 123 aniversario de la cámara. Hasta ahora se pensaba que la Cámara de Álava nació en 1909, pero un documento encontrado en fechas recientes revela que se fundó el 16 de marzo de 1883.

Descenso de asociados

La de Guipúzcoa, mediante un anuncio en la prensa local, ha explicado

a los 32.000 asociados que le quedan que este año pagarán la cuota a una entidad nueva, aunque mantenga el nombre de cámara de la propiedad urbana. Al igual que la de Álava, quiere eludir la intervención del Ejecutivo y disponer de fondos para los gastos corrientes que genera la actividad, entre otros, los del personal que decida quedarse.

La Cámara de Guipúzcoa era la que menos actividad desarrollaba, según la auditoría encargada por el Gobierno, que sugería que ello se debía a que había igualado sus precios con los del sector privado, lo que le había llevado a perder socios. El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Guipúzcoa, José Ignacio Iturzaeta, lo es además del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria.

Representantes de las cámaras de Vizcaya y de Guipúzcoa celebraron en enero pasado una reunión en el hotel Wellington de Madrid -establecimiento en el que se reúnen con cierta periodicidad- con el fin de estudiar una estrategia conjunta para afrontar el proceso de liquidación.