El Congreso estudiará la prostitución

Arrecia el debate sobre qué hacer con la prostitución, una actividad alegal aunque está penado forzar a ejercerla y el tráfico de personas con este fin. El próximo martes la cuestión volverá a saltar en el Congreso, donde se votará una moción de Izquierda Verde que el PSOE y el PP prevén apoyar. "En ella se pide que la Cámara debata a nivel nacional qué hay que hacer con la prostitución voluntaria", explica su promotora, la diputada de Iniciativa per Catalunya Carme García. "Proponemos que se estudie, se debata y se escuche a los expertos y que, antes del próximo junio, se emita un dictamen con recomendaciones legales y un posicionamiento sobre cómo se debe abordar la prostitución. Hay que establecer si se regula y se considera como un trabajo, o si se opta por el abolicionismo y se persigue al cliente", plantea. "Aunque la prioridad es luchar contra el tráfico y la práctica forzada, ha llegado la hora de clarificar qué pasa con la prostitución voluntaria", concluye García. La iniciativa de la Generalitat de regular esta última (un compromiso del pacto del gobierno tripartito) ha provocado tensiones entre el Gobierno central y el catalán.

En su borrador del anteproyecto de Ley de Limitación de Servicios Sexuales Remunerados, la Generalitat promociona la autogestión de las prostitutas. Su relación con el cliente se considerará como un contrato de arrendamiento de servicios. Podrán contratar también con los dueños de los burdeles el uso de esas instalaciones, pero los propietarios no podrán imponerles por ejemplo, a qué clientes deben atender.

El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, emitió un duro informe contra esa iniciativa legislativa. Asegura que la prostitución es "una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática" y que su regulación supone "un retroceso en el camino a la igualdad". Añade que el proyecto invade competencias estatales, va contra algunas normas en vigor -como las de extranjería- y contra un par de tratados internacionales suscritos por España.

El planteamiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero es que, antes de entrar a abordar cómo se considera la prostitución voluntaria, es preciso combatir la forzada. El Ministerio del Interior prepara un plan de lucha contra las mafias que trafican con mujeres. Por su parte, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha anunciado que se estudia la concesión de un salario social (renta activa de inserción, 432 euros mensuales durante un máximo de 11 meses) a las prostitutas que quieran dejar esa ocupación.

La polémica sobre la prostitución (una práctica en aumento debido en parte al tráfico de mujeres) ha estado largo tiempo circunscrita a organizaciones de mujeres y entidades que trabajan con mujeres que se prostituyen. Un sector defiende que se trata de un trabajo que debe ejercerse voluntariamente y con los derechos de cualquier otro empleo. Otro estima que es una forma de violencia contra las mujeres que debe erradicarse con la persecución de los clientes. El debate alcanza a los sindicatos. Mientras en CC OO gana terreno la idea de que la prostitución es un trabajo, en UGT se contempla como una esclavitud que se debe eliminar.