Socialistas y populares suavizan la directiva de liberalización de servicios

Representantes del Partido Popular Europeo (PPE) y de los socialistas (PSE), los dos principales grupos de la Eurocámara, alcanzaron ayer un principio de acuerdo sobre la directiva de servicios (denominada Bolkestein) que se debatirá la semana próxima en el Parlamento Europeo. El acuerdo implica eliminar del texto legal el polémico concepto de país de origen, que para la izquierda y los sindicatos es una forma de regular el dumping social, y establecer un importante número de excepciones.

Los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea han anunciado su voto en contra. El Foro Social Europeo y los sindicatos han convocado manifestaciones en Estrasburgo para los próximos 11 y 14 de febrero.

La directiva de servicios tiene como objetivo fundamental eliminar las trabas a la libre prestación de servicios por parte de las empresas que actúan entre los distintos países europeos. El proyecto, aprobado por la Comisión Europea a principios de 2004, incluía el concepto de país de origen, según el cual las empresas podrían prestar servicios en terceros países pero bajo la regulación del Estado miembro en que se habían constituido y no según la de país de destino. Las empresas de los antiguos países del Este, por ejemplo, podrían prestar servicios en los demás Estados miembros, pero aplicando su propia legislación, que en los aspectos sociales y ecológicos es menos exigente.

Estos aspectos despertaron una fuerte contestación social.La directiva cayó en desgracia tras su rechazo por parte del presidente francés Jacques Chirac, en su campaña para lograr apoyos entre los trabajadores en la campaña del referéndum de la Constitución Europea, que a pesar de todo Francia votó en contra.

La directiva, rebajada respecto a los objetivos iniciales, establece importantes excepciones a la libre prestación de servicios. Así, los aspectos de legislación laboral y medio ambiente seguirán regulados por el país donde se prestan. Además se enumeran muchas actividades, como la salud pública, en las que los países de destino podrán poner todos los requisitos que consideren necesarios para mantener su nivel de prestación y las garantías.