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La petición de cese de Conde-Pumpido parte en dos el Consejo Fiscal

Los fiscales progresistas y los vocales natos rechazan la petición de los conservadores

Los seis vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal exigieron ayer la dimisión del fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por entender que la renuncia forzada del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha sido "la gota que ha colmado el vaso" en su política de nombramientos. La petición partió en dos el Consejo Fiscal al ser rechazada por el resto de sus integrantes. La dimisión había sido planteada la semana pasada por la ejecutiva de la AF, que en su día exigió también el cese del anterior fiscal general, Jesús Cardenal, por nombrar a Fungairiño.

Los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales llevaban preparado el escrito de exigencia de dimisión, lo que molestó profundamente al fiscal general, Conde-Pumpido, quien se mostró visiblemente enfadado ante la evidencia de que ni siquiera hubieran esperado a recibir sus explicaciones. En realidad, los fiscales conservadores reprodujeron en el Consejo Fiscal la petición de dimisión acordada la semana pasada por la ejecutiva de su asociación, lo que se produce por primera vez en el Consejo Fiscal, organismo consultivo del fiscal del Estado y entre cuyas funciones no está la de estudiar peticiones de ese tipo.

El Consejo Fiscal está integrado por 12 miembros, tres de ellos natos: el fiscal general del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y el jefe de la Inspección Fiscal, Rafael Valero Oltra. Los otros nueve son elegidos por las asociaciones profesionales, y en su composición actual, seis son de la AF y tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

El escrito de dimisión, planteado por los seis fiscales conservadores, no fue secundado por ningún otro fiscal. Según una nota de la Fiscalía del Estado, el fiscal general, Conde-Pumpido, preguntó al resto de los vocales si apoyaban el contenido y ninguno más lo refrendó. Es decir, de los 12 integrantes del Consejo Fiscal, seis lo apoyaron y los otros seis no, incluido entre éstos el fiscal general.

El portavoz de los vocales conservadores, Fernando Herrero-Tejedor, explicó a los informadores que el escrito pidiendo la dimisión de Conde-Pumpido había sido rechazado gracias al "voto de calidad" de éste.

Sin embargo, la información de la Fiscalía General asegura que no llegó a haber votación sobre el asunto, ya que excede de la competencia del Consejo Fiscal, y que después la reunión pasó a otro punto del orden del día. Los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales que rechazaron la petición de dimisión del fiscal general consideraron justificado el relevo de Fungairiño.

Incoherencia

Según las fuentes consultadas, la reunión, que se prolongó más de cinco horas, fue tensa y acalorada en algunos momentos. El vocal José María Casado, de la UPF, echó en cara a los vocales de la AF haber actuado "al dictado de un partido político", en clara alusión al PP. Herrero-Tejedor replicó que ellos defendían la adecuación a la norma del procedimiento de remoción, que exige unas garantías de tramitación, mientras que en el caso de Fungairiño "se trató de una renuncia forzada y no de una dimisión".

En sus declaraciones a los medios informativos, el vocal conservador se mostró convencido de que Conde-Pumpido "no va a dimitir" y que el Gobierno "no va a cesarlo", y matizó que su desacuerdo con el fiscal general se limita a su política de nombramientos y ceses, porque "en otras muchas cosas estamos de acuerdo".

Sobre las acusaciones de "incoherencia" recibidas por la Asociación de Fiscales por haber pedido la dimisión de Conde-Pumpido por haber relevado a Fungairiño, cuando en 1998 exigieron la renuncia de su antecesor, Jesús Cardenal, por haberle nombrado, Herrero-Tejedor dijo que se opusieron a la designación de Fungairiño porque "no era el momento más adecuado" y porque tenía abierto un expediente disciplinario.

La Asociación de Fiscales pidió en su día la dimisión de Cardenal por nombrar a Fungairiño, después de haberse opuesto a su nombramiento en tres consejos fiscales, en los que el polémico fiscal no obtuvo ningún voto. Después boicoteó su toma de posesión y recurrió su nombramiento ante el Tribunal Supremo. Sus vocales en el Consejo o Fiscal no pidieron entonces la dimisión de Cardenal, aunque sí lo hicieron los afiliados a la AF en la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Esteban, declaró que no le había sorprendido la petición de dimisión de Conde-Pumpido, aunque sí que se hubiera planteado en el Consejo Fiscal, que es un órgano consultivo.

Política de nombramientos

Al margen de lo sucedido ayer, fuentes fiscales indicaron que la figura del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, nunca había suscitado el menor entusiasmo entre los afiliados a la asociación conservadora, pero ha sido aprovechado para presionar a Conde-Pumpido con vistas a los futuros nombramientos.

Las mismas fuentes indicaron que en el próximo Consejo Fiscal a celebrar a principios de marzo tendrán que salir las vacantes de cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, un número inusual de plazas a ocupar en la máxima categoría de la carrera.

Dos de esas fiscalías especiales, la de Medio Ambiente y la de Siniestralidad Laboral, son de nueva creación. A ellas hay que añadir la de la Sala de lo Social, vacante por la promoción de Juan José Martín Casallo a teniente fiscal, y la de Eduardo Fungairiño en la Audiencia Nacional. La Asociación de Fiscales cuenta con que Conde-Pumpido se reserva las de Medio Ambiente y la de la Audiencia Nacional, pero quiere optar a las otras dos, o al menos a una de ellas, con el argumento de que Conde-Pumpido no ha promovido a ninguno de sus asociados a fiscal de Sala.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de febrero de 2006