El fiscal general de EE UU insiste en la legalidad de las escuchas telefónicas
Alberto Gonzales justifica el espionaje por la lógica de la "guerra contra el terrorismo"
El fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, insistió ayer ante el Comité Judicial del Senado en que el presidente George Bush está plenamente autorizado a ordenar escuchas telefónicas sin necesidad de orden judicial dentro de la lógica de la "guerra contra el terrorismo".
Tanto Gonzales como Bush han argumentado, desde que el asunto de las escuchas se hizo público hace seis semanas, que los poderes constitucionales del presidente, como comandante en jefe en tiempo de guerra, le dan potestad para ordenar que se intercepte el correo electrónico y las llamadas de los residentes de este país en comunicaciones con personas en el extranjero. Gonzales reclamó ayer al Congreso que no ponga punto final o debilite el programa de escuchas.
La testaruda y convencida defensa de Gonzales sobre el programa de escuchas de Bush fue duramente atacada, incluso por el presidente republicano del Comité judicial, el senador Arlen Specter, que considera que son "ilegales". Specter dijo a Gonzales que hasta el Tribunal Supremo había determinado que "el presidente no posee un cheque en blanco".
El senador republicano por Pensilvania sugirió que la legalidad de las escuchas sea revisada por un tribunal federal especial, creado bajo la ley de 1978 conocida como FIAS (ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera). "Hay mucha gente que piensa que está usted equivocado. ¿Qué tiene que perder si cree que tiene razón?", cuestionó Specter a Gonzales sobre la propuesta para abrir una investigación judicial.
Respecto al hecho de que el presidente George W. Bush reitere su autoridad para ordenar las escuchas, el presidente del Comité Judicial del Senado, el senador Spencer fue tajante: "Permítame que sea escéptico sobre esa interpretación".
La ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 prohíbe que se espíe a ciudadanos estadounidenses sin el permiso de un tribunal especial. La Casa Blanca ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés) intervenir las comunicaciones internacionales por teléfono e Internet de personas a las que considera sospechosas de conexión con grupos terroristas sin la solicitud del permiso.
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