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La Audiencia confirma que un juez recabó firmas en favor del PP

El presidente de la institución recibe un oficio sobre la actuación de Fernando Bermúdez

El magistrado Fernando Bermúdez de la Fuente, presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, recabó firmas entre sus funcionarios en favor del referéndum propuesto por el PP. Así lo ha confirmado el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, en un oficio que ha remitido al titular de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, a los efectos que considere oportunos.

Los hechos serán presumiblemente investigados por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, y antes de que la Inspección del Consejo reclame informes sobre la actuación de Bermúdez de la Fuente, la Audiencia se ha anticipado.

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El oficio remitido a Dívar por el presidente de la Sala de lo Penal es breve, pero inequívoco, ya que señala que el mismo día de los hechos por la tarde pudo contrastar con el interesado que efectivamente había pasado entre sus funcionarios una serie de hojas de las que utiliza el PP para recabar firmas en favor del referéndum sobre el Estatuto de Cataluña y que les había pedido que estamparan su firma.

Igualmente, el escrito precisa que en ningún momento hubo coacción por parte del presidente de la Sección Cuarta hacia los funcionarios para que firmaran y que, de hecho, sólo uno de ellos llegó a firmar el escrito, mientras que el resto -alrededor de una decena- no lo hizo.

En todo caso, la actuación del magistrado suscita cierto problema jurídico, ya que aunque el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge la neutralidad judicial y prohíbe a los jueces pertenecer a partidos políticos o sindicatos, no parece que la conducta de Bermúdez de la Fuente esté tipificada como infracción dentro de los artículos de la citada ley en los que se recogen las faltas disciplinarias cometidas por parte de los jueces y magistrados.

No obstante, la Comisión Disciplinaria del CGPJ no se reunirá hasta dentro de 15 días, por lo que es muy probable que para entonces se hayan recabado los informes correspondientes.

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