Montero defiende que prosiga la batalla judicial contra las tabacaleras tras el auto que cierra la vía civil

La consejera de Salud, María Jesús Montero, pretende mantener vivo el procedimiento judicial contra las tabacaleras, aunque serán los servicios jurídicos de la Junta los que tendrán la decisión final. "Nuestra intención es que este tema no siga en punto muerto", indicó ayer, después de recibir el auto que cierra la puerta a la reclamación económica por la vía civil.

Montero lamentó la decisión de la Audiencia de Madrid, que confirma la resolución dictada el pasado 11 de mayo de 2004 por el Juzgado de Instrucción número 68 de Madrid, que se "abstenía" ante la demanda planteada por la Administración andaluza por la vía civil contra seis tabacaleras y archivaba las actuaciones, sin pronunciarse respecto a las costas. "Las tabacaleras están en una maniobra dilatoria para que no se entre en el fondo del asunto, que es la alteración de la composición del tabaco añadiendo sustancias no declaradas que aumentan la adicción del consumidor", señaló la consejera.

La Sección 13ª de la Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la Junta y corrobora que la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para dirimir este pleito, al afectar también al Estado. "La participación del Estado en la gestión de dicho servicio público [de las labores del tabaco], aun cuando se llevase a cabo por medio de la empresa concesionaria Tabacalera S. A. -actualmente Altadis S. A.- es suficiente para estimar competente a la jurisdicción contencioso-administrativa", reza el auto. En febrero de 2002, la Junta demandó a seis empresas (British American Tobacco, Cita, Altadis, Tobacco Canary Island, Philip Morris Spain y JT Internacional) por el coste sanitario ocasionado por las enfermedades asociadas al tabaquismo. La indemnización exigida era de 1,77 millones de euros por los gastos causados por 135 pacientes.

Las compañías abrieron entonces una batalla jurídica para lograr que se incorporase al proceso el Estado, puesto que había participado en la comercialización del tabaco a través de Tabacalera (hoy Altadis) hasta 1998, y, por tanto, derivar el procedimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa. En 2004, la Junta de Andalucía se vio obligada a demandar también a la Administración estatal si quería mantener vivo el proceso. Tras este paso, el juez de instrucción número 68 de Madrid, Manuel Eduardo Regalado, concluyó que su jurisdicción era incompetente para actuar en un proceso en el que también es parte la Administración del Estado, cuya posible responsabilidad patrimonial debe resolverse en la vía contencioso-administrativa.

Montero explicó que los servicios jurídicos determinarán en pocos días si se traslada la demanda al contencioso-administrativo o si cabe recurso contra la decisión de la Audiencia de Madrid. La decisión, para la Junta, es ahora delicada, puesto que la consejera reconoce que "en ningún caso" pretendían "demandar al Estado" y hacerle abonar los gastos sanitarios.