Lengua y cohesión social
El debate sobre la lengua nos amenaza de nuevo. Como si de un fenómeno cíclico se tratara, cada cierto tiempo y en curiosa comunión entre unos pocos profesionales de la agitación lingüística en Cataluña, unos medios de comunicación casualmente siempre ubicados fuera de Cataluña y algún político en activo, sale a relucir lo mal que los castellanohablantes están en este país, lo mucho que los perseguimos en cada esquina y en cada escuela y lo mucho que se vulneran los más elementales derechos humanos. Hay que asumir que estos relatos, narraciones o intervenciones panfletarias (cada uno lo definirá como quiera) que tienen la aspiración siempre frustrada de describir la realidad, forman ya parte de nuestro paisaje social y político. Todo ello no tendría más importancia si de manera permanente cuando las banderas del debate lingüístico se alzan no surgiera siempre el riesgo de que esta agitación afecte la convivencia.
Afortunadamente, la realidad social ha discurrido al margen de estos agitadores. La prueba más contundente es que en los 23 años que nos separan ya de la primera ley de normalización lingüística y en concreto del modelo de inmersión, los casos que han culminado en un conflicto en los tribunales son no sólo numéricamente insignificantes, sino que además se pueden calificar como anecdóticos en la medida que no han tenido la más mínima solvencia ante los órganos judiciales competentes como para que éstos dictaminen una reforma substancial del modelo.
¿Alguien alberga dudas de que si algún organismo judicial, ya sea el TSJC o el Tribunal Constitucional, hubiera encontrado el más mínimo escollo de inconstitucionalidad en la ley de normalización y en la práctica de inmersión lingüística no hubiera intervenido para su modificación? La historia de las actuaciones de los organismos judiciales no ha sido precisamente una historia favorable a las tesis nacionalistas ni tan sólo catalanistas. En la dialéctica política se puede aceptar que sobre la acción del Parlamento o del Gobierno Catalán se cuestione su intencionalidad. Pero nadie en su sano juicio puede dudar que los órganos judiciales en caso de duda hubieran intervenido con resoluciones claras al respecto.
Podemos estar convencidos de que el modelo de inmersión no sólo es bueno por los resultados que produce, sino por los métodos utilizados. Y hablando de resultados hay que poner en evidencia que no hay ningún dato que nos ponga sobre aviso de que ni el dominio de la lengua española por parte de los alumnos escolarizados en Cataluña sea menor o de peor calidad que de los alumnos escolarizados en cualquier otra comunidad, ni tampoco que los resultados educativos de los alumnos catalanes se puedan considerar más o menos exitosos en función de si su lengua materna es la catalana o la castellana.
Sobre esta última cuestión algunos de esos agitadores del debate lingüístico afirman que los datos del informe PISA de 2003 que ha elaborado la Fundació Jaume Bofill ponen en evidencia que existe una diferencia notable en los resultados obtenidos en función de la lengua de origen. Nada más alejado de la realidad. Como cualquier persona que se dedique a la sociología sabe, los factores sociales se interrelacionan entre sí. Y cualquier persona que presuma de conocer esta sociedad sabe también que la lengua es en Cataluña una realidad que se asocia claramente a una determinada posición socioeconómica. Es decir, es una evidencia que podemos establecer una relación significativa entre lengua familiar catalana y mejor posición socioeconómica y cultural de ese hogar. De la misma manera que podemos establecer una asociación entre lengua familiar castellana y estado socieconómico y cultural menor. No es ésta una afirmación que pueda sorprender a nadie. Es así desde hace 40 o 50 años y lamentablemente hoy sigue estando vigente. No es pues la lengua familiar lo que nos explica el mayor o menor éxito escolar, sino la posición socioeconómica y cultural que cada alumno lleva en su particular mochila vital.
Precisamente la inmersión pretende incrementar la igualdad de oportunidades en el dominio de las dos lenguas oficiales en Cataluña. La alternativa social a la inmersión es la doble escolarización. Si bastantes problemas sociales nos acarrea ya la existencia de una doble red (pública y concertada) en el sentido de que los resultados educativos, el éxito escolar, en una y otra comienza a ser alarmantemente diferente, qué no nos ocurriría si a esa dualidad le añadiésemos la de la escolarización por motivos de lengua. Mi percepción es que no mejoraríamos el rendimiento escolar global del país ni tampoco de ningún colectivo concreto y que disminuiríamos aún más las posibilidades de avanzar en la igualdad de oportunidades.
La alternativa a la inmersión es la separación de los niños en función de su lengua materna. ¿Es eso lo que se quiere desde esos que agitan la bandera del debate lingüístico? ¿Alguien cree de verdad que los resultados sociales en nuestro país a 10 o 15 años vista serán más prometedores si avanzamos en esa doble red de escolarización? Cada uno puede legítimamente tener las ideas políticas y los sentimientos identitarios que considere mejor. Pero lo que no se puede hacer es en nombre de unos sentimientos y de unas ideas poner en riesgo una realidad social diversa en lenguas y también en identidades que no ha dado ningún tipo de problema ni conflicto social relevante hasta la fecha de hoy. Crear problemas sociales donde no existen es simplemente irresponsable.
Jordi Sánchez es politólogo.
