"Estamos ante un nuevo Estatuto para largo, largo tiempo"

El portavoz del PSOE en el Congreso se ha convertido en el negociador multilateral del Gobierno. Rubalcaba, 54 años, dos veces ministro (Educación y Presidencia) y portavoz del Gobierno en la última etapa de Felipe González, sólo se esconde cuando se le pregunta si éste es el momento de mayor poder en su dilatada carrera política. Y, aunque es cántabro, responde a la gallega: "No he pensado nunca en eso". "Mis mejores recuerdos en política", añade, "se remontan a cuando era secretario de Estado de Educación, cuando me dedicaba a hacer cosas, proyectos concretos". Y su mayor satisfacción, la vez que un joven le dijo en la calle que había podido estudiar gracias a sus becas, recuerdo de su gestión como director general de Universidades.

"El PSOE tiene un esquema de pactos que, aunque Esquerra pasara a tener una posición distinta, no supondría merma de la estabilidad del Gobierno"

"Todo este proceso tiene un punto cero. ETA no va a tener respiro hasta que desista"

"Rajoy es un líder desmesurado y la gente percibe que el PP cabalga el tigre de la catalanofobia como no lo ha hecho nadie en la democracia"

"Las críticas de algunos militares responden, entre otras cosas, a que escuchan al PP"

"No me gusta lo que está haciendo la Conferencia Episcopal. Pero el Estado no debe tomar nota"

P. ¿Cuál fue el momento más crítico de la negociación?

R. ¿El más crítico?, la última semana. Hubo un momento complicado el jueves antes del acuerdo. Y previamente, en los últimos días de diciembre, se había producido una situación difícil: teníamos preparado todo para dar un empujón definitivo y al final no pudimos reunirnos. Eso nos perjudicó. También una reunión de Pasqual Maragall introdujo un pequeño desconcierto, porque nos habíamos acostumbrado a un escenario de reuniones bilaterales y de repente aparece una reunión multilateral. Ha sido una negociación muy difícil.

P. ¿Y la causa era la financiación o la definición de nación?

R. La financiación ha sido siempre el principal escollo. Sobre el resto del proyecto de Estatuto, el Gobierno y el PSOE no habían fijado posiciones claras, pero sobre la financiación, cuando el tripartito aprobó la propuesta, salieron el vicepresidente Solbes, la vicepresidenta De la Vega y el propio presidente del Gobierno a decir que ése no era nuestro modelo. Dijimos que no íbamos a ceder los impuestos estatales ni nos íbamos a quedar sin agencia tributaria estatal en Cataluña, que era inaceptable.

P. Antes se refirió a una interferencia de Pasqual Maragall. ¿Considera que el presidente de la Generalitat ha entorpecido más que ayudado al acuerdo?

R. No, sólo que en aquel momento había una lógica bilateral afianzada y se truncó. Pasqual ayudó todo el tiempo, hizo contactos y gestiones. La negociación tiene una parte visible y una parte fuera del escenario. Maragall siempre echó una mano.

P. ¿Sin la mediación de Zapatero hubiera sido imposible el acuerdo?

R. Estamos cerrando un Estatuto para mucho tiempo. Cualquier modificación va a requerir el acuerdo del PSOE, y ya digo públicamente que estamos ante un nuevo Estatuto para largo, largo tiempo. Seguro que yo no negociaré uno nuevo, incluso por razones biológicas. Era lógico que en un proceso de esta naturaleza el empujón final lo diera el presidente del Gobierno con los líderes políticos. Eso todo el mundo lo tenía en la cabeza.

P. ¿Y por qué lo hizo primero con CiU y no con ERC?

R. No puede sorprender que se cierre el acuerdo, en primer lugar, entre las dos grandes fuerzas políticas catalanas, PSC y CiU, con el PSOE. Sin que eso signifique ningún demérito para nadie. Igual que para cambiar la Constitución se necesita el concurso del PP y del PSOE. Lo que se cerró en Moncloa es una parte del acuerdo, pero hubo un trabajo previo enorme, y Esquerra Republicana tiene que sentirse reconocida en muchos de los artículos acordados, que han sido también fruto de su trabajo político.

P. ¿Qué posibilidades hay de que se sume al acuerdo?

R. El margen de negociación es limitado, pero la voluntad política es amplia. La voluntad de acuerdo de Esquerra y del resto de fuerzas políticas implicadas es muy grande. Estamos en una situación que exige más política que artículos concretos.

P. ¿Y eso implica un nuevo gesto de Zapatero?

R. No necesariamente. Hemos quedado en seguir trabajando estos días y tratar de concretar en la ponencia esa voluntad de acuerdo.

P. ¿Qué riesgos políticos acarrea el hecho de que Esquerra no apoye el Estatuto?

R. Sobre lo que pase en Cataluña, todo depende de las decisiones que tomen Pascual Maragall y el PSC. Nosotros en ese tema no entramos. Tenemos nuestra opinión, pero somos respetuosos. Desde la perspectiva del Parlamento español, el PSOE tiene un esquema de pactos que ha asegurado la estabilidad del Gobierno. La prueba es que las últimas grandes leyes, que son el Presupuesto y la LOE, las hemos aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP. Este esquema de relaciones garantiza que, aunque Esquerra pasara a tener una posición distinta, no supondría merma de la estabilidad del Gobierno. Qué duda cabe que preferimos mantener con Esquerra la relación que hemos tenido hasta ahora. Y también en el Estatuto es mucho mejor que esté Esquerra.

P. ¿El resultado del referéndum peligra sin el apoyo de Esquerra?

R. El acuerdo cuenta con el apoyo de las dos grandes fuerzas políticas catalanas, que son CiU y PSC, más ICV, por tanto tiene base política suficiente para abordar el referéndum sin riesgo. Pero no es un problema de lograr siete o diez puntos más de apoyo, sino de alcanzar el máximo consenso posible. Aunque suene raro, nosotros aspiramos a discutir a fondo con el PP este tema.

P. ¿Por qué suena raro?

R. Porque es verdad que uno oye a Mariano Rajoy decir que España se rompe y, claro, piensa que va a ser muy difícil hablar. Pero ellos saben que España no se rompe, saben que el Estatuto, tal y como ha quedado después de los acuerdos, es plenamente constitucional. Lo saben tan bien que el señor Piqué lo dijo. Otra cosa es que al final le han llamado a capítulo. Hay elementos en el Estatuto pactado a los cuales el PP no puede decir no. Por ejemplo, el artículo primero, que es el mismo de 1979 y que su enmienda en Cataluña. ¿Va a votar en contra de su enmienda y de lo que en 1979 una parte del PP votó? ¿No va a votar algunas competencias que hemos ordenado en términos constitucionales? ¿No va a votar algunos elementos de financiación que propusieron Rajoy y Zaplana o las transferencias de impuestos que ambos defendieron? Es complicado.

P. O sea, que es optimista sobre la actitud final del PP.

R. No, porque ha entrado en una estrategia vertiginosa. Rajoy sabe que sólo tiene un proceso electoral por delante. No tiene más que una bala en la recámara. O gana en 2008 o ya no va a volver a repetir. Tiene demasiada prisa y eso le lleva a la desmesura. Es un político desmesurado que a los seis meses dijo que éste era el peor Gobierno de la democracia, que ha dicho que España se rompe, que ahora está recogiendo firmas para un referéndum que él sabe que es inconstitucional.

P. ¿Ésta es la peor etapa de relaciones con el PP?

R. Las posibilidades de diálogo a fondo con el PP están muy, muy quebradas. Ellos han hecho el siguiente cálculo: en políticas sociales, el Gobierno socialista es imbatible; la economía y el empleo van bien a pesar de nuestras negras predicciones, por tanto, ¿dónde hacemos oposición? Y han recurrido a los temas de Estado: terrorismo y política territorial. Y en ambos temas llevan la oposición al paroxismo, porque tienen sólo cuatro años.

P. Pues, según las encuestas, esa estrategia les da resultados.

R. Las encuestas a mitad de legislatura... El ciudadano medio sólo piensa en lo que va a votar cuando se acercan las elecciones. Una cosa sí está clara, Rajoy es el líder de la oposición con peor valoración en la historia de la democracia. La gente percibe que el PP cabalga el tigre de la catalanofobia como no lo ha hecho nadie en la historia de la democracia española. ¿Cómo puede articular ese partido un discurso sobre la unidad de España, si, desde el punto de vista político, es poco relevante en Cataluña y en Euskadi y no tiene capacidad de pactar con nadie?

P. CiU asegura que el acuerdo supone un beneficio anual para Cataluña de más de 5.000 millones de euros al año. ¿Es verdad?

R. Es difícil de calcular. En el tema de inversiones sí que hay una propuesta y un compromiso. Pero conviene aclarar que el Estatuto de Cataluña sólo define algunos elementos del modelo futuro de financiación que hay que negociar con todas las comunidades autónomas a partir de ahora, porque hay que cambiar el modelo, que es el compromiso del presidente del Gobierno. Y en esto el Estatuto de Cataluña no es distinto del resto de Estatutos.

P. Pero contiene compromisos concretos como la cesión de impuestos.

R. Lo que hay son, dentro del actual modelo, algunos avances que caminan en la dirección de más autonomía fiscal. En la gestión, en la cesta de impuestos y en la capacidad normativa el Estatuto de Cataluña avanza en consonancia al ciento por ciento con nuestro programa electoral. Pero estos avances no suponen un cambio de modelo y son generalizables a todas las comunidades autónomas que lo deseen.

P. ¿Y todo eso supone 5.000 millones de euros más para Cataluña?

R. CiU está mezclando ahí las inversiones y algunas estimaciones del nuevo modelo, que son sólo eso, estimaciones.

P. ¿Exageradas?

R. Estimaciones. Me voy a quedar ahí.

P. ¿El compromiso de inversiones en Cataluña para los próximos siete años vinculadas a su PIB, lo aceptaría si la Comunidad de Madrid lo incluyera en su reforma estatutaria?

R. En Madrid, lo aceptaría, sí. El Gobierno ha asumido un compromiso compatible con los que se pueden adquirir con todas las comunidades autónomas. No hay pues perjuicio para nadie. Además, si se repasan los últimos años de inversión pública, Cataluña, por decirlo suavemente, no es de las favorecidas.

P. ¿Qué singularidades tiene este Estatuto?

R. Entre otras, la lengua y la Generalitat, que es una institución singular. Es la única institución que se recupera antes de la Constitución. El resto de las instituciones autonómicas dimanan de la Constitución, la Generalitat, no.

P. Maragall asegura que la definición de nación tiene efectos jurídicos y usted, lo contrario.

R. El preámbulo es un texto descriptivo. Existe un enfrentamiento entre un sentimiento, el del pueblo catalán que no es unánime pero es mayoritario, y otro sentimiento del resto del pueblo español que también es mayoritario. Entre la concepción de nación española y la de nación catalana. Lo que hemos hecho es describir esta situación en el preámbulo, teniendo en cuenta que el preámbulo no tiene valor jurídico desde el punto de vista constitucional.

P. El Tribunal Constitucional en 1986 consideró inconstitucional un precepto de una ley del Gobierno gallego, entonces del PP, que consideraba un deber hablar y conocer el gallego. ¿Esto no afecta a Cataluña?

R. Sobre la ley gallega, que es muy relevante que fuera el PP el que la propusiera, el Constitucional plantea, entre otras cosas, que la norma que propone Galicia, una ley, es insuficiente para regular el deber de conocer el gallego en Galicia.

P. ¿Si lo hubiera hecho por el Estatuto en lugar de por una Ley, el Constitucional lo hubiera admitido?

R. Hay jurisprudencia que permite avalar que sería constitucional. Y tiene una lógica: la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial de España y a continuación establece el deber y el derecho de conocer el castellano para todos los españoles. Y dice también que el gallego, el catalán, el euskera son lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Por tanto, el derecho y el deber de conocer esas lenguas ha de establecerse en los estatutos, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Segundo, se trata de un deber impropio, que no tiene sanción como pasa con el castellano. A nadie le castigan en España por no conocerlo. Es más, en España otorgamos la nacionalidad a personas que no saben castellano. La Constitución también establece que los españoles tienen el deber de trabajar y a nadie se persigue por no hacerlo. El régimen que se establece es el que está en vigor desde hace más de 20 años y garantiza la opcionalidad, que significa que cada ciudadano en Cataluña elige la lengua en la que se maneja y en la que se dirige a la Administración. No hay cambios, pues, desde la perspectiva cotidiana en el régimen lingüístico de Cataluña.

P. ¿Está cerca el fin de ETA?

R. Es difícil de saber porque ETA tiene que desistir. Lo que tiene que tener presente ETA es que, hasta que tome la decisión, el Estado va a seguir actuando con la máxima presión policial, judicial y política. No van a tener respiro hasta que desistan.

P. ¿Es posible una negociación sobre los presos de la banda terrorista?

R. No se puede avanzar nada en este sentido. Todo tiene un punto cero, que es que ETA desista.

P. Ya se han producido antes treguas y negociaciones. ¿Cuál es la novedad ahora?

R. Tenemos bastantes elementos nuevos. El contexto internacional, la actuación del Gobierno francés implacable e inequívoca. Y, por último, un contexto español y también específicamente vasco en el que ETA está más aislada que nunca. Siempre fueron muy pocos los vascos que dieron soporte a la actividad de ETA, pero ahora son muchísimos menos porque la sociedad vasca ha ido poco a poco ganando la batalla. Están más aislados que nunca y más débiles que nunca y por ello el final de ETA está más cerca que nunca.

P. ¿ETA ha hecho llegar algún mensaje?

R. Soy muy poco partidario de tratar de interpretar los mensajes de ETA. La historia de la lucha contra el terrorismo está llena de señales equívocas, interpretadas a veces de forma positiva por Gobiernos que se han equivocado. ETA sabe que tiene que desistir y Batasuna sabe que tiene que condenar la violencia. A partir de ahí, la democracia sabrá dar respuesta.

P. ¿Batasuna se podrá presentar en 2007 a las elecciones?

R. Depende de que cumpla la Ley de Partidos. Ya hemos dejado claro que no vamos a derogarla, así que tiene que cumplirla.

P. ¿Está a favor de renegociar las ayudas del Estado a la Iglesia?

R. Es obligado porque se ha acabado el plazo pactado.

P. ¿Va a influir en la negociación la tensión de los obispos con el Gobierno?

R. Lo que debemos buscar es un acuerdo más estable y corregir lo que no ha funcionado. Ese acuerdo, en contra de lo que mucha gente piensa, no depende de la actitud de la Iglesia. A mí lo que está haciendo una parte de la Conferencia Episcopal me parece que no está bien. Ponerse al frente de según qué cosas no es acorde con lo que creo que debería hacer, pero lo último que el Estado debe hacer es tomar nota de eso a la hora de establecer sus relaciones.

P. ¿Y ese acuerdo cuándo hay que hacerlo?

R. Este año.

P. ¿Habrá ruido?

R. No estoy seguro. Es verdad que la actitud de una parte de la Conferencia Episcopal ha sido injustamente beligerante en estos casi dos años de Gobierno del PSOE. Uno tiene la sensación, cuando se analiza por ejemplo la LOE, que hay un sector de la Conferencia Episcopal que ha optado por ser políticamente beligerante y ése no es su papel.

P. El PP atribuye a la política territorial de Zapatero las críticas de algunos militares...

R. Entre otras cosas, responden a que escuchan al PP. Si el PP dice que España se rompe, que el fin de la España de los últimos cinco siglos está cerca, puede haber gente que les crea. Lo que el PP no puede hacer es prender el fuego y culpar al Gobierno de los quemados.