Una segunda oportunidad para las familias

La necesidad de proteger a menores en riesgo está igual de clara ahora que hace una década, cuando los hijos de Carmen Fernández fueron declarados en desamparo por la Junta a raíz del alcoholismo de la mujer. El litigio entre la madre biológica, la administración autonómica e, indirectamente, el matrimonio que acogió a los pequeños con el objetivo último de adoptarlos se ha prolongado nueve años, un tiempo infinito para un niño. La resolución del caso, que ha tenido un esperpéntico recorrido en los tribunales con reproches entre jueces, pareció llegar el 30 de diciembre con un auto de la Audiencia de Sevilla que condena a la Junta a indemnizar con 1,45 millones de euros a la mujer por la privación "ilegítima" de sus hijos durante este tiempo.

La resolución abre la vía para que otras familias que pleitean contra la Administración por la retirada de sus hijos reclamen pagos millonarios. En Sevilla, donde la Asociación Pro Derechos Humanos ha arropado a numerosas madres biológicas, están pendientes en los tribunales una veintena de casos, según Asunción García, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores de Andalucía, una organización constituida recientemente. Esta es una de las razones, amén de otras, por las que la Junta ha recurrido al Tribunal Constitucional el auto de la sala sevillana.

Y si en este tiempo no ha variado el afán de proteger a los menores, sí que han cambiado algunas medidas empleadas para ello, aunque la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, rehuye criticar la gestión de su antecesor en el cargo, Isaías Pérez Saldaña. "Yo habría tomado la misma decisión", aseguró el día que valoró el auto de la Audiencia de Sevilla. La reinserción del menor en su entorno biológico, desatendida hace una década, recibe ahora especial cuidado. "Empieza a calar la idea de que antes de retirar a un menor hay que agotar todos los recursos", esgrime el asesor del Defensor del Pueblo andaluz, Ignacio Aycart.

Acogimiento preadoptivo

En el origen de algunas sentencias contrarias a la actuación de la Junta está el uso de medidas de naturaleza irreversible, como el acogimiento preadoptivo, en situaciones familiares que podían cambiar. "El problema es que no se trabajaba lo suficiente con las familias y una vez que era retirado el menor no se le daban alternativas reales a la familia para superar su situación", añade Aycart.

Ocurrió con Carmen Fernández. Sus dos hijos fueron dados en acogimiento preadoptivo en menos de un año, sin conceder una oportunidad a la madre biológica para que superase su adicción al alcohol. Cuando Fernández acreditó su rehabilitación, ya había una nueva familia con intereses contrarios, y también legítimos, en juego. "He conocido a familias acogedoras a las que le han dicho que al final van a adoptar el niño", critica Asunción García, que defiende que se apoye a las familias biológicas que atraviesan "un bache" sin necesidad de que pierdan a sus hijos para siempre. "Los niños son lo primero, en situaciones irreversibles soy partidaria de que usen acogimientos preadoptivos, pero aquí se abusa de ellos", censura.

Pero no sólo ha ocurrido en Andalucía, según el catedrático de Psicología de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios: "El acogimiento preadoptivo se ha utilizado en exceso en todo el mundo, ha habido una tendencia a usar cirugía radical y separaciones irreversibles pensando mucho en el niño pero no tomando en suficiente consideración a la familia biológica".

De aquellos excesos afloran casos como el de Carmen Fernández, que representa una minoría "excepcional" aunque "muy dolorosa", a juicio de Palacios. "La gran mayoría de los acogimientos preadoptivos han terminado felizmente en adopción", sostiene. El catedrático asegura que en esta década se ha abandonado esa inclinación abusiva hacia la "cirugía radical" y se ha evolucionado hacia la "preservación" y "reunificación" familiar. Teme, además, que se produzca un efecto pendular indeseable: "Me preocupa que ahora no haya quien se atreva a sacar a un niño de su entorno familiar y darlo en acogimiento preadoptivo, porque hay niños que lo necesitan".

El nuevo espíritu de las políticas de protección de menores se puede visualizar en los equipos de tratamiento familiar, que no existían en Andalucía hace 10 años y que tienen la misión de actuar en los hogares con dificultades. Su labor es, sin embargo, muy criticada por Asunción García: "Trabajan con muy poca transparencia y son muy inquisitoriales, culpabilizan a las familias de sus situaciones". En su opinión, no hay cambios en las políticas de menores en Andalucía en esta década. "Si en menores están las mismas personas que antes, ¿cómo va a cambiar la política?", plantea en alusión a los técnicos.

La opinión de María Ángeles Míguez, directora de acogimiento familiar de la Fundación Márgenes y Vínculos, difiere notablemente. Míguez sostiene que se han ampliado los recursos para apoyar a las familias biológicas y se han incrementado las entidades colaboradoras, como la suya, la primera creada en Andalucía, en 1997, para gestionar acogimientos familiares. "Se ha cambiado mucho en 10 años, aunque haya mucho que mejorar, sobre todo por parte de la justicia", señala.