Los responsables de política lingüística navarros serán juzgados por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha ordenado la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación contra el director general de Universidades y Política Lingüística del Gobierno navarro, Pedro Pegenaute, y contra el director general de Enseñanzas Escolares y Profesionales, Fermín Villanueva. El motivo que les llevará ante los tribunales es la presunta concesión irregular en 2001 de 31.000 euros de subvención al rotativo Diario de Navarra.

La asociación Euskara Kultur Elkargoa (EKE) presentó una querella contra Pegenaute y Villanueva al constatar que los responsables de la política lingüística del Ejecutivo foral habían aceptado documentación entregada fuera de plazo por dicho periódico para recibir las ayudas correspondientes por el uso del euskera en sus ediciones. Ambos responsables incluyeron al rotativo en el concurso y le concedieron la subvención correspondiente a través de dos resoluciones de fechas 11 y 25 de enero de 2002. La acusación particular solicita para los dos políticos una inhabilitación de diez años para ejercer un empleo o cargo público.

La fiscalía pide el sobreseimiento de la causa al no apreciar delito, resaltando que no existe prevaricación "por el mero hecho de que se hayan vulnerado formalidades legales", que califica de "defectos" que deben ser corregidos en la vía administrativa. La fiscal reconoce que los justificantes de gastos subvencionables de Diario de Navarra fueron presentados el 17 de diciembre de 2001 (con sello manual) y el 18 (con sello mecanizado), esto es, dos y tres días después de cerrarse el plazo del concurso (15 de diciembre). No obstante, concede más valor a la versión de los acusados que al sistema de registro de la Administración.

Documentos en plazo

Pegenaute declaró que el 14 de diciembre "se entregó a su secretaria por parte de un chofer de Diario de Navarra un sobre que contenía tales documentos", recuerda el escrito fiscal. La secretaria de Pegenaute confirmó que llevó el sobre al segundo acusado, Villanueva, quien dijo que "dada la hora que era" lo entregó el día 17 (ya fuera de plazo) a Julen Calvo, jefe de la sección, para su tramitación.

La fiscal reconoce que existía ya antes de entregarse las subvenciones un informe interno unido al expediente administrativo que advertía de la irregularidad en el plazo. Pero alude, al margen del sistema de registro, a la "práctica de aceptar documentos recibidos directamente" y señala que ha quedado "fehacientemente acreditado" por las declaraciones de los acusados que los documentos llegaron en plazo. La acusación particular tiene claro que los acusados cometieron el delito de prevaricación penado en el artículo 404 del Código Penal con la intención de "beneficiar al periódico", según el escrito presentado.