Columna
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Si el PSPV-PSOE se empecina en adornar su deslealtad al pacto firmado hace ocho meses con argumentos traídos por los pelos a la mesa donde presuntamente el otro habría de volver a sentarse, apenas podrá evitar que el PP se aferre al papel del cornudo y apaleado del refranero.

Enfrascarse en sesudos considerandos jurídicos sobre si la reforma vuelve de las Cortes de allá a las de aquí o no, si las de aquí pueden retirar el proyecto por menos mayoría de la que votó la propuesta, o si todo consiste en esperar el momento propicio para devolver el golpe y arrastrar con ello la reforma y el crédito del contrario, a mi me parece estúpidamente indecente, porque no lleva más que a nuevas frustraciones políticas de este pueblo que, de verdad, nunca ha merecido que se juegue con él como viene sucediendo.

Lo que importa ahora y aquí son los contenidos de lo que se dirime: no abusar de las referencias al idioma valenciano, puesto que el tema está legalmente resuelto con la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y con el apoderamiento de esta para decir lo que le compete (es legítimo llamar idioma al valenciano, y punto), y propiciar un cambio en el sistema electoral que mejore la calidad democrática de nuestro sistema.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (EACV) vigente ya contiene la referencia al idioma valenciano en su art. 7; con dejar la cosa como está no puede haber ni vencedores ni vencidos, a no ser que el PP pretenda que al consignar seis o siete veces el término en el Estatut, gana en substantividad la falacia de que eso signifique que es un idioma diferente al catalán. Y el clamor contra el mantenimiento del 5% tiene más de una solución, y, además, no es el único handicap, pues, por ejemplo, el número fijo de escaños que se reparten en cada circunscripción (20), la fórmula de reparto (la ley de d'Hont), o el propio número de escaños de las Cortes Valencianas, 89, son relativos desmentidos a los principios de proporcionalidad de la ratio entre escaños y población, de representatividad ajustada del pluralismo real, y de respeto al principio del voto igual.

En ese sentido hay que celebrar que en el pacto (inicial) se haya aumentado el número de diputados, estableciendo el mínimo en 99, y dejando que en la futura ley electoral pueda aumentar lo suficiente para neutralizar en lo posible el décalage entre escaños y población en cada una de las circunscripciones; a ello contribuiría un aumento progresivo de escaños entre 2008 y 2014, hasta llegar a 117. En lo tocante a la fórmula de reparto de escaños es evidente que con la simple sustitución de la ley de d'Hont por la fórmula de Sainte- Laguë corregida sería innecesario incluso establecer ninguna barrera electoral, pues al dividir los votos de cada partido por 1,4; 3; 5; 7; 9, etcétera, para obtener el primer diputado en cualquiera de las tres circunscripciones valencianas hay que sumar entre el 3,9 y el 4,1 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. Es decir, que ni el 5% ni el 3%, sino una fórmula nueva que está a mitad de camino entre la simple rebaja, o el empecinamiento en mantener el 5%. Ninguna de estas ideas es nueva, y ni siquiera son originales. Que el profesor Martínez Sospedra y yo mismo nos hayamos pasado media vida argumentando contra los handicaps del sistema electoral puede que sólo tenga el mérito de ser un honesto ejercicio académico, pero que nuestros políticos tarden tanto en encontrar en la tienda de la ingeniería electoral un denominador común ya resulta patético.

Vicent.franch@uv.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0031, 31 de enero de 2006.