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COLUMNA

Radiografía de un acuerdo anunciado

Cada medio de comunicación, según a qué partido sirve, da su versión del acuerdo estatutario entre el Gobierno y CiU, sin que predomine, a mi juicio, la necesaria objetividad pedagógica, creadora de un consenso social maduro y consciente. Intentaré una radiografía desapasionada (que no convencerá a los sectarios) del proceso político culminante en un nuevo y mejor estatuto jurídico de la nación catalana. Empiezo por recordar que el proyecto se debe a la imaginación del presidente Maragall, incluido ya en su programa electoral de 1999, y que su dirección y realización la ha llevado el presidente de+l Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en cumplimiento de su promesa de aceptar y promover, dentro del límite constitucional, las razones catalanas más justificadas. Impávido ante los ataques personales del PP y con total autoridad sobre un PSOE espantadizo, ha trenzado una hábil red de adhesiones que le asegura su gobierno y le ayuda en su futura resolución del drama vasco. Esa es la tarea del buen gobernante: integrar posiciones opuestas y hacer colaborar en ello a la oposición para que todos protagonicen un acuerdo, el que más favorezca en lo posible a la ciudadanía. Eso es democracia pluralista y aplicación leal de ese gran pacto convivente que es la Constitución de un Estado.

España optó por ZP en lugar de Aznar, y los partidos nacionalistas y regionalistas confiaron en él para potenciar su autogobierno y la participación en la política estatal y europea. En esa opción, el PSC fue decisivo por sus votos, por impulsar el nuevo Estatuto y por lograr el apoyo de toda la izquierda catalana. Por si fuera poco, ha acabado atrayendo al Pacto del Tinell a la opositora CiU. Por eso la foto de Artur Mas (exagerada por sus servicios de propaganda) es fruto directo de la feina del PSC, utilizada a su vez por ZP como antídoto contundente a la presión del viejo aliado de Mas frente a Maragall. El resultado es que ahora Mariano Rajoy sufre la rebeldía de sus barones, empeñados en que sus autonomías copien la fórmula catalana, y el desmarque de Josep Piqué. Zapatero ha jugado muy bien con la debilidad de CiU. Ha sido espejo engañador de sus fantasías de poder: que ZP sucursalice a Maragall y le obligue a retirarse. Dado el proclamado neoliberalismo de Mas, si recuperara el poder perdido, la financiación pactada serviría ante todo para enjugar deudas de una CiU descapitalizada y no para realizar una política social, tachada de "intervencionista" por CiU y el PP, motivo fundamental del proyecto estatutario del Gobierno tripartito. La renuncia de Mas al sistema de cupo, hecha en favor del pacto logrado antes entre Antoni Castells y Pedro Solbes, ha seguido la típica táctica pujolista de pactar con quien mande en Madrid, pero fingiendo un extremismo exigente, con ritmo calculado para ser visto, gracias a la prensa adicta, como necesario, decisivo y ya seguro sustituto de Maragall, y, como siempre, monopolizando en nombre de Cataluña un acuerdo forjado sustancialmente por los partidos de izquierda. Se repite la historia de la Generalitat provisional, restablecida por el PSC con la oposición de Jordi Pujol, y la creación constitucional del Estado autonómico, dando paso al Estatuto de 1979, obra del PSC en gran medida, que Pujol supo aprovechar tras haber puesto palos a sus ruedas en varias ocasiones.

Si ERC lo tiene ahora más difícil se debe a que, también pujolista en su táctica de cambiar cromos con el PSOE, responde teóricamente a una estrategia que busca la independencia. Su contradicción reside en que su apoyo pretende hacer política de izquierda mientras se vaya a una España federal que haga posible la secesión catalana. La imposible fórmula jurídica que ha defendido con ingenuo entusiasmo mi buen amigo Joan Ridao ha viciado de inconstitucionalidad el Estatuto al redactarla, no como un principio de federalización del Estado español, sino como el embrión de un Estado catalán soberano. Lo mismo hizo Mas, pero eso sí, por pura demagogia nacionalista coyuntural y como moneda de cambio, al final retirada, para sus fines personales. ERC acabará o no retirando su apoyo al acuerdo general, pero sufre ya la evidencia de su contradicción. ¿No es de Josep Lluís Carod precisamente la idea de que sólo una España federal puede impedir la independencia de Cataluña? ¿Rechazar el futuro Estatuto no es acampar de nuevo en una oposición extrema que ni Batasuna desea mantener y que sólo alimenta al PP? Pese a su actual rechazo, que parece mera rivalidad electoral con CiU, su realismo le lleva a seguir en el Gobierno y a apoyar al PSOE "en casos concretos". Pero tanto Maragall como Zapatero siguen confiando en la ERC federalista y socialdemócrata porque son políticos integradores de la izquierda y del propio PSOE y porque acaban de lograr la rendición moral y la división interna de la oposición derechista, demostrada en el duelo Mas-Duran por los réditos del pacto y el disgusto del sector nacionalista de CiU, engañado y decepcionado por una retórica exigente que acabó en renuncia. ¿Se puede pedir más a los forjadores socialistas del Estatuto catalán? Sin los excesos retóricos de CiU y ERC (ambas sabían de sobras que sin reforma constitucional sus propuestas eran imposibles) el proyecto estatutario Maragall-Zapatero hubiera llegado al buen puerto renovador que se prevé reduciéndose al mínimo obligado los exacerbados pretextos del PP y las reticencias obstruccionistas del PSOE. Por intereses y pugnas partidistas entre un nacionalismo falso y otro radical y por pretender reducir el protagonismo de Maragall en su éxito político, sustituyéndole en el imaginario ciudadano por alguno de sus rivales futuros, la nación catalana ha sufrido la reanimación de las brasas en España de un destructor fuego secular que el presidente Zapatero está apagando con serenidad, inteligencia y valor. ¿No acaba de informarnos el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de que los españoles en quienes más confían es en los bomberos?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de febrero de 2006