Enron, en el banquillo

La era de los escándalos corporativos vuelve a la actualidad en Estados Unidos con el inicio en Houston (Tejas) del juicio por el colapso de Enron en diciembre de 2001, que enfrenta al departamento de Justicia contra Kenneth Lay, fundador de la eléctrica Enron, y Jeffrey Skilling, su antiguo consejero delegado, ambos acusados de fraude y conspiración.

Se considera el proceso más importante para el Gobierno estadounidense de los celebrados hasta la fecha, porque se juega su credibilidad en su acción contra el fraude. El derrumbe de Enron, que había implantado un modelo empresarial con fuertes inversiones en California, provocó una severa crisis de confianza en Wall Street, que se vio agravada por otros escándalos corporativos como el destapado en la telefónica WorldCom o en la tecnológica Tyco.

El fraude arrastró a Arthur Andersen y obligó a modificar las normas contables

El fraude tuvo mayor repercusión porque arrastró a la otrora mayor auditora del mundo, Arthur Andersen, a la desaparición y obligó a las autoridades reguladoras a revisar sus normas de contabilidad para evitar nuevos episodios de corrupción. En Estados Unidos, el Congreso adoptó la Sabarnes Oxley Act, que la Bolsa de Nueva York completó con normas de Buen Gobierno Corporativo. Se puede incluso afirmar que, en este segmento, hubo un antes y un después por el caso Enron.

En este contexto, arrancó ayer la primera jornada de este complejo proceso, con la primera tarea de seleccionar a los 12 miembros que integrarán el jurado popular que se pronunciará sobre el caso, entre 100 candidatos seleccionados por el juez de distrito Sim Lake. El juicio podría prolongarse durante al menos cuatro meses. Los abogados de la defensa intentaron la semana pasada llevar el proceso fuera de Houston, a un lugar menos hostil.

Lay y Skilling llegaron visiblemente relajados al tribunal. "Estamos listos", decía el abogado de Skilling, mientras Kenneth Lay se limitaba a afirmar que se sentía "bien". Después entró el juez Lake, quien también evitó hacer comentarios ante un juicio que ha movilizado una gran atención mediática, hasta el punto de que se le conoce ya como la superbowl (la final del campeonato de futbol americano) de los procesos de la era del fraude corporativo. Enron, antes de su colapso en diciembre de 2001, tenía un capital bursátil valorado en 68.000 millones de dólares y estaba considerada como la séptima mayor corporación en Estados Unidos. La quiebra de la compañía, tras descubrir que exageró sus resultados durante cinco años, llevó al despido de 80.000 empleados, que esperan desde hace cuatro años el arranque del juicio.

Fue el mayor escándalo corporativo en la historia estadounidense, luego superado en 2002 por el enjuague contable de la telefónica WorldCom, por el que su ex presidente Bernard Ebbers pagará 25 años de cárcel.

Jeffrey Skilling, que abandonó el puesto de consejero delegado de la eléctrica cuatro meses antes de que se destapara el fraude, se enfrenta a un total de 31 cargos criminales por su participación en la trama financiera que llevó al colapso de la eléctrica. Kenneth Lay, por su parte, se enfrenta a siete delitos. Los dos aseguran que lo que sucedió en la eléctrica no puede considerarse como un fraude, en un intento por echar por tierra los argumentos de Justicia en este fraude.

Pero la palabra de los dos antiguos titanes del universo corporativo estadounidense deberá enfrentarse a lo que pueda revelar Andrew Fastow, el testigo estrella en este juicio. Fastow era director financiero de la eléctrica antes de su colapso, y previamente pactó una pena de 10 años de cárcel con la Justicia a cambio de colaborar en la investigación.

Fastow asegura que tanto Lay como Skilling estaban al corriente de los borrones que se estaban haciendo en los libros contables, para hacerlos más atractivos ante los inversores de Wall Street. En total, son 16 antiguos directivos y ejecutivos de Enron los que han reconocido su culpabilidad en la trama. Y otros cinco individuos, cuatro de ellos del banco de inversiones Merrill Lynch, han sido declarados culpables ya en los tribunales. Lay, de 63 años, y Skilling, de 52, podrían ser condenados a varias decenas de años de prisión y obligados a realizar importantes desembolsos a los afectados si son declarados culpables.

Se pondrá fin así a una era que puso en cuestión los instrumentos de las autoridades reguladoras contra el fraude corporativo. El caso tiene una fuerte vertiente política, porque Lay era una de las personas más cercanas al presidente de Estados Unidos, George Bush, a cuya campaña para las elecciones de 2000 la eléctrica aportó importantes fondos.