Sanidad público-privada

La pretendida buena salud de la iniciativa sanitaria emprendida por la Generalitat en la comarca de La Ribera en 1999 al privatizar la gestión de la atención especializada (y más tarde, en 2003, también de la primaria) presenta aspectos negativos y contradictorios con los principios que se supone deben regir un sistema justo y público de sanidad. Algunos de ellos son bien conocidos, como los tratos de favor (no hacerse cargo del gasto farmacéutico o del transporte sanitario), el fiasco económico (con rescisión y nuevo contrato de gestión sanitaria incluidos), los desvíos interesados de pacientes (partos) al Hospital de La Ribera o bien, al revés, los desvíos de casos graves o menos rentables hacia otros centros -estos sí, públicos-, la reducción de costes laborales, la consiguiente presión cotidiana sufrida por el personal sanitario, etc.

La Consejería de Sanidad puso en marcha un Proceso Extraordinario de Consolidación de Empleo en 2002, del que se desprende otra perversión más, ya que no se respetan los principios de igualdad, porque no permite considerar como mérito puntuable el tiempo trabajado para la Unión de Empresas. Así, profesionales que han sido contratados temporalmente no pueden hacer valer ese tiempo para acceder a una plaza.