El consistorio de Barrika autoriza construir en un área declarada protegida por el Superior

El Ayuntamiento de Barrika ha concedido una licencia de construcción en un área protegida tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la recalificación urbanística del consistorio. El pleno municipal, con mayoría absoluta del PNV, autorizó el permiso en junio pasado, siete meses después del fallo del Superior. Posteriormente, en julio, otro pleno acordó suspender la concesión de licencias durante el plazo de un año en esa zona. El grupo ecologista Txipio Bai ha denunciado al ayuntamiento por denegarle información sobre este caso.

Esta zona, conocida como Barrikabaso y ubicada junto a la costa, es muy apetecible urbanísticamente. Los intentos de edificar se remontan a 1987, cuando se planteó construir 349 chalets en una superficie de 65 hectáreas propiedad de la familia Lezama-Leguizamón, que ha figurado siempre como promotora de los proyectos urbanísticos. Entonces el Gobierno vasco declaró esta zona como suelo no urbanizable de especial protección paisajística pero los promotores siguieron con el proyecto, apoyados por el ayuntamiento y la Diputación de Vizcaya.

El rechazo del Gobierno obligó a recular al consistorio de Barrika pero éste volvió a aprobar en 1997 una recalificación en la zona, limitándola a dos parcelas de 19 hectáreas situadas en los extremos, y que contemplaba la construcción de 97 viviendas, 85 chalets de lujo y 12 pisos de protección oficial. De nuevo, contó con el apoyo de la Diputación pero otra vez el Ejecutivo autónomo se opuso. El asunto llegó a los tribunales y en 2001 el Tribunal Superior vasco anuló la recalificación al estudiar sólo el primer motivo formal. La Diputación resolvió este tema y el Superior dio luz verde. Pero los ecologistas recurrieron y el alto tribunal vasco, en un auto dictado el 29 de noviembre de 2004, declaró nula la recalificación de las 19 hectáreas aprobada por la administración foral.

"Interés natural"

El fallo entraba en el fondo de la denuncia y resaltaba que no hay dudas del "interés natural y paisajístico de la zona". Agregaba que estos intereses "se sacrifican para implantar viviendas de baja intensidad, de las cuales solamente doce tendrán la consideración de protección oficial". El Tribunal Superior consideraba "arbitraria" la modificación urbanística aprobada por la Diputación y declaraba la "no conformidad a derecho" de las dos órdenes forales, "anulándolas y dejándolas sin efecto". Pese al segundo fallo contrario, la Diputación -que a los pocos días de conocerlo se mostró dispuesta a aceptarlo- y el Ayuntamiento de Barrika acordaron recurrir al Tribunal Supremo. La institución foral sólo anunció el recurso, mientras que el alcalde de Barrika, el peneuvista José María Ezpeleta, y los promotores de la urbanización eludieron valorar la sentencia.

En junio pasado la urbanización en Barrikabaso llegó al pleno municipal al tratarse la solicitud del propietario de una parcela para disponer de la licencia de construcción de un chalet. Los corporativos, todos del PNV ya que la representante del PSE y el miembro del PP no asistieron a la sesión, aprobaron la autorización del permiso, que suponía el ingreso en las arcas municipales de más de 9.000 euros por el impuesto del permiso de obras. El acuerdo municipal incluye el traslado al propietario de una copia de la sentencia del Tribunal Superior y que aquél presentara un escrito en el que "asume las consecuencias de una hipotética sentencia confirmatoria por parte del Tribunal Supremo".

Sin embargo, un mes después, el 26 de julio, el pleno aprobó por unanimidad -entonces ya estuvo la concejal del PSE- la suspensión durante un año de las licencias de edificación o reformas importantes en la zona de Barrikabaso.

El colectivo ecologista Txipio Bai, calificó de "paradójico" la concesión del permiso "después de haberse sentenciado la nulidad de la reclasificación por el Tribunal Superior de Justicia". Este grupo ha interpuesto tres recursos contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento por la denegación de información medioambiental sobre Barrikabaso y zonas limítrofes. Pese a sus peticiones, el consistorio no le ha facilitado datos sobre la concesión de licencias en la zona. Ahora existen 14 chalets concluidos, ya habitados por sus propietarios. Los ecologistas han advertido de que si el Supremo confirma el fallo las indemnizaciones pueden superar los 500 millones de euros.