Zapatero afronta el reto de la España plural

El ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla, comentó el jueves pasado, tras entrevistarse en La Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que éste tiene la gobernabilidad asegurada hasta el final de la legislatura, pese a las reservas que ha presentado ERC, tras descolgarse del pacto político sobre la reforma del Estatuto de Cataluña.

Montilla recordó cómo el proceso estatutario catalán ha facilitado el acercamiento del Gobierno de Zapatero con CiU; cómo el resultado de las elecciones vascas, en las que el PNV perdió cuatro escaños y el PSE subió cuatro, implicó la retirada del primer plano del plan Ibarretxe y ha facilitado el acercamiento entre el Gobierno socialista y el PNV; cómo las elecciones gallegas también han acercado al Gobierno socialista con el BNG (Bloque Nacionalista Galego), que cogobierna con el socialismo la Xunta; y, por último, Coalición Canaria también se ha aproximado al PSOE en el Congreso, tras su ruptura con el PP en el Gobierno de las islas.

Su proyecto es integrar a las comunidades históricas en una España que reconoce su pluralidad

El primer secretario del PSC planteó cómo, en estas circunstancias, y más allá de que la gobernabilidad esté asegurada, al Gobierno de Zapatero se le ofrece una oportunidad histórica de integración de las llamadas comunidades históricas, donde los nacionalismos son más fuertes, en una España que reconoce su pluralidad. Montilla apuntaba, de este modo, el proyecto de Zapatero sobre la España plural.

Según sus colaboradores en La Moncloa, Zapatero incorporó a su proyecto socioeconómico, recogido en su programa electoral, la construcción y culminación de la España plural, entendida como la respuesta política a las comunidades históricas con identidad más fuerte, Cataluña y Euskadi. "Era el problema pendiente del desarrollo del Estado de las autonomías, y su objetivo más ambicioso era encauzarlo para varias generaciones", precisan las mismas fuentes.

Zapatero se encontró al ganar las elecciones de 2004 con que en Euskadi, el Gobierno vasco le retaba con el plan Ibarretxe, un plan soberanista que ni disponía de consenso suficiente ni se ajustaba a la Constitución al plantear las relaciones con España como un régimen confederal. Se trazó un doble objetivo: neutralizar el plan Ibarretxe y ofrecer como alternativa un acuerdo entre todos los partidos vascos.

En Cataluña, ya se había constituido el Gobierno tripartito catalán, que tenía en su programa, como objetivo principal, la reforma del Estatuto. Todos los partidos, excepto el PP, habían presentado la reforma del Estatuto como eje de su programa para las elecciones autonómicas de noviembre de 2003, que había estado precedida de la creación por el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de una comisión de autogobierno. En esas condiciones, Zapatero ya había anunciado en esa campaña autonómica su compromiso con la reforma del Estatuto.

La tercera pata del proyecto de España plural de Zapatero era la reforma constitucional para hacer del Senado una Cámara territorial en la que se reforzara la cooperación entre las comunidades autónomas de la España descentralizada, para la que también contaba con otros instrumentos, como la Conferencia de Presidentes.

Zapatero se encuentra en estos momentos en plena travesía de su proyecto de la España plural, señalan en La Moncloa. Logró frenar, en febrero de 2005, el plan Ibarretxe, tras permitir al lehendakari debatirlo en el Congreso de los Diputados, antes de que fuera rechazado por una amplia mayoría. Pero en Euskadi falta aún por desarrollar la segunda parte del proyecto de Zapatero: la conclusión de una vía de consenso entre todas las fuerzas políticas vascas. La incorporación a ese plan de la izquierda abertzale, la ilegalizada Batasuna, requiere la condena de la violencia por parte de esta fuerza o el cese declarado de la violencia de ETA.

En cuanto a Cataluña, Zapatero ha logrado su primer objetivo, un pacto político sobre el Estatuto entre una mayoría de los partidos catalanes -CiU, PSC e ICV- sin necesidad de proceder a una reforma constitucional. "Lo que se pretende es integrar más a Cataluña en España reconociendo mejor su singularidad, con el objetivo de que una vez refrendada la reforma se dé por culminado el desarrollo autonómico para varias generaciones", según fuentes del entorno del presidente.

El Gobierno quiere unir a esa mayoría a los dos partidos que faltan: ERC y el PP. Zapatero se muestra pesimista sobre la posibilidad de que el PP se incorpore al consenso en el debate de la Comisión Constitucional del Congreso, que se desarrollará en febrero y marzo.

"El problema del PP es que, a diferencia de otros momentos, sus dirigentes no tienen más oportunidad que esta legislatura. Si sus líderes pierden las próximas elecciones, los retiran. Por eso, no se plantean una política de oposición de futuro, sino de tierra quemada. No cambiarán de política, pero en la cuestión territorial, aunque están en el no, acabarán aceptándola con los hechos", señalan en La Moncloa.

Pese al rechazo del PP, Zapatero continuará con su política de reformas territoriales. "La estabilidad territorial está vinculada al sistema de partidos en el País Vasco y Cataluña y nuestro objetivo es fortalecer al PSOE en ambas comunidades", afirman en el entorno de Zapatero.

En las comunidades sin presencia nacionalista -o donde es muy débil- que también se plantean reformas de sus estatutos, lo que se acuerde en Cataluña será la principal referencia. En estas mejoras estatutarias, la participación del PP sí será indispensable, como es el caso de la Comunidad Valenciana, con un proceso de reforma ya en marcha.

En cuanto a la tercera pata de la reforma territorial, la potenciación de los órganos de cooperación, Zapatero ha logrado crear la Conferencia de Presidentes y la participación de las comunidades en las instituciones europeas, pero le queda el objetivo principal de este apartado: la reforma del Senado, a la que el PP, cuyo voto es indispensable, se opone.