Contra los intereses generales

Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), divulgada esta semana, los españoles desconfían de la justicia y, por extensión, de los mismos jueces. No es novedoso ni sorprendente, pero resulta llamativo que se mantenga tan alta y tan constante la reticencia cívica ante los tribunales. Discriminan, dice el vecindario, conculcando el sacrosanto principio de la igualdad, a lo cual se suma la pertinaz lentitud de los procesos y la aparente indulgencia que se observa con respecto al alud de criminalidad que aflige a ciertas zonas, como el litoral mediterráneo. Habría que matizar, claro está, y subrayar que los juzgadores aplican una legislación acaso laxa o poco idónea. Pero tal es la imagen del cuerpo y con eso ha de pechar.

Pero en ocasiones hay resoluciones singulares y plausibles, incluso de ámbito muy local, que merecen ser glosadas, como ha sido la tomada por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia. La juez, sucintamente descrito, ha venido a pararle los pies al alcalde de Alboraia resolviendo que su plan para expropiar 400.000 m2 de huerta en pleno cultivo, además de recalificar otros 800.000 de suelo agrícola protegido "no puede justificarse por un interés general y público de los vecinos del municipio". O sea, que el edil popular Manuel Álvaro, puede meterse su megalomanía donde le quepa y dejar de proceder con arrogancia con los damnificados, además de evocar el interés general, que no es sino el suyo.

Este episodio contrasta estos días precisamente con el alud de programas de actuación integrada, los perversos PAI, que tantos ayuntamientos se están apresurando a tramitar para eludir la nueva ley de urbanismo que entra en vigor el próximo primero de mes. Unos programas que probablemente tampoco son de interés general, sino muy exclusivo y que tan sólo se explican por la reiterada falacia de que se aprueban por la crónica miseria de las arcas municipales. Un argumento o placebo que no impide en innumerables ocasiones hipotecar o desmantelar el futuro paisajístico del paraje en cuestión o trastornar hasta lo inverosímil su marco y composición social. No es raro -y sí alentador- que en algunos municipios se hayan manifestado al grito de "volem ser un poble, no un PAI".

Todavía no se han dado en el País Valenciano, o desconocemos, trances como el protagonizado por una concejal de Alhama de Murcia -del PP, todo sea dicho- que tuvo el coraje de frenar un proyecto para construir más de 40.000 viviendas si antes no se sometía a referéndum en esa villa de unos pocos miles de habitantes. Alegaba la munícipe que una obra tan faraónica requería el parecer de los más directamente afectados, que eran los ciudadanos. Y no -añadimos nosotros- el muy libre de unos gestores elegidos en listas cerradas y al amparo de unas siglas. Tal cual el alcalde de Alboraia, cuya legitimidad democrática no cuestionamos, pero sí su representatividad y sensatez para trastocar, y no por interés general, formas de vida seculares y entornos medioambientales que no deben injuriarse por el delirio o el agiotaje.

No somos tan ingenuos como para creer que ha terminado ya esta batalla, la emprendida por Salvem l'Horta Vera-Alboraia. Tan sólo es un respiro, una ráfaga de esperanza en la actuación de la justicia y en la tenacidad de sectores vecinales. De este episodio no podemos exprimir más alientos. La presión económica resulta tan desaforada que difícilmente podrán desoírse sus tentaciones. Al parecer ya se están ofertando 150.000 euros por hanegada (poco más de 800 m2) de huerta. Quizá aguanten el tipo los titulares de hoy, los pocos labradores vocacionales que siguen trabajando la tierra y practicando una estación tras otra ese labrantío de filigrana en el mismo flanco de la gran urbe.

Pero eso se acaba. Cualquier día, un tragaldabas con vitola de autoridad o las expectativas menos ecológicas -y más mercantiles- de los herederos, de consuno con la falta de una voluntad política conservacionista, darán luz verde a los proyectos que ahora chocan con el buen criterio judicial. Llegado ese día, quizá nos quede a los valencianos de la capital -y no sólo- el recurso de invocar la Pachamama, la tierra madre en el santoral de los aymara bolivianos. Eso sí, ante una postal a modo de icono, pues, por mera especulación, ya no quedará un palmo de huerta.