Venezuela procesa a varios militares por pasar datos a Washington

Un tribunal militar venezolano ha iniciado un proceso contra un número aún no precisado de oficiales de la Armada que presuntamente estaban entregando información confidencial al Pentágono. La información, de la que se venía hablando hace un par de semanas, fue confirmada el miércoles por el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, que señaló que en las actividades de espionaje están involucrados "varios oficiales de bajo rango".

Otras fuentes han indicado que en el caso tuvo participación un funcionario de la agregaduría militar de Estados Unidos en Caracas, quien ha sido identificado como John Correa. La embajada norteamericana declinó formular comentarios. El portavoz Brian Penn dijo a los periodistas que el Gobierno no ha informado oficialmente a la legación sobre esa investigación, por lo que sigue siendo "un asunto interno de Venezuela".

Hasta ahora hay un detenido, el civil Jacinto Nohuel Moro, suegro del capitán de corbeta retirado José Plaza López. Nohuel fue arrestado por la Dirección de Inteligencia Naval cuando trataba de entregar al contacto (presuntamente al diplomático estadounidense) un disco enviado por su yerno. El abogado de Nohuel, Alonso Medina Roa, aclaró que el contenido del disco compacto es propiedad de una empresa española y que hasta ahora "no se ha presentado providencia administrativa que diga que esa información es reservada por razones de seguridad de Estado".

Fuentes extraoficiales comentaron que la información entregada a EE UU por los oficiales de la fuerza naval está relacionada con el contrato suscrito por el Ministerio de Defensa con la empresa española Navantia, para la construcción de cuatro patrulleras de vigilancia costera y cuatro buques guardacostas. Entre los oficiales llamados a declarar, cuyos nombres han sido divulgados, se encuentran el capitán de corbeta José Rodríguez Vásquez, el teniente de navío Francisco Ferrer Molleja, y los capitanes de navío Ernesto Carrasqueño y José Santín Puerta.

Como parte del trabajo de investigación, las autoridades han registrado las residencias de varios oficiales navales, tanto en Caracas como en el interior del país, especialmente en la ciudad de Puerto Cabello, donde opera la empresa estatal Diques y Astilleros Navales (Dianca).

Ésta es la primera vez que se abre un proceso judicial sobre un caso de espionaje militar, a pesar de que en repetidas ocasiones el presidente Hugo Chávez ha formulado acusaciones contra funcionarios estadounidenses.

En 2005, Chávez ordenó suspender un acuerdo de intercambio docente mediante el cual oficiales de EE UU impartían o recibían cursos en la Academia Militar venezolana y el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, mientras oficiales venezolanos lo hacían en institutos castrenses del norte. Alegó que los oficiales de EE UU aprovechaban estos contactos para conspirar, sembrar descontento y obtener información clasificada. "Se suspende cualquier intercambio de oficiales con Estados Unidos hasta quién sabe cuándo", dijo Chávez en abril. "No hay más operaciones combinadas ni nada de eso, porque entonces los mandan a calentarle las orejas a nuestros muchachos", añadió.

Las relaciones militares entre Estados Unidos y Venezuela se encuentran en un momento crítico, después del veto de Washington a la venta de aviones por parte de empresas españolas y brasileñas para la Fuerza Aérea venezolana.