Castilla y León acusa al Gobierno de expolio y de romper el patrimonio

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, declaró ayer en Madrid: "El Gobierno de Castilla y León acata la decisión judicial lo mismo que lo hizo cuando el viernes se dictó la retención de los papeles en Madrid". "Los argumentos de fondo se mantienen, es decir, esta decisión de ahora no resuelve el recurso, sólo la medida cautelar. Porque la ley para el Gobierno de la Junta de Castilla y León es un expolio, rompe el patrimonio y es una ley inconstitucional",

informa Carlos Pascual.. La consejera de Castilla y León también afirmó: "La decisión del Gobierno [central] peca de arbitrariedad porque hurtan al resto de comunidades autónomas sus derechos. Los motivos que la Junta ha presentado de inconstitucionalidad afectan a toda la ley y el Tribunal Constitucional tiene que inmovilizar ese fondo para que cuando decida sobre la validez o no de esta ley, los documentos sigan estando en un lugar en el que se pueda encontrar. La documentación de los particulares se perderá porque no hay ninguna salvaguarda por la ley: pueden venderlo, sacarlo del país, hacer lo que quieran", concluyó.

Principio del proceso

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, aseguró ayer por la tarde en rueda de prensa que se mantendrá el recurso planteado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. "No estamos ante el final, sino ante el principio de un proceso", afirmó. El portavoz señaló que el Ayuntamiento cuenta con cinco días de plazo para elevar recurso de súplica, lo que estudian ya los servicios jurídicos. Precisó que la resolución de ayer sólo alcanza a "un incidente de medidas cautelares, que no prejuzga el fondo del asunto. El recurso sigue su tramitación y vamos a pelear por nuestros argumentos para que al final consigamos una sentencia estimatoria". Rodríguez mantuvo que la complejidad del problema la ha señalado la propia sala al dedicarle tiempo, porque, afirmó, "es un asunto que no está claro, y eso supone que los argumentos del Ayuntamiento han debido tener su peso".

Fernando Pablos, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, declaró: "Nosotros asumimos con normalidad democrática una resolución judicial".