Bush defiende su lucha antiterrorista en la agencia dedicada a las escuchas

En la campaña que desde hace semanas mantiene la Casa Blanca para justificar el programa de escuchas electrónicas, ordenado por George W. Bush en 2002, el presidente visitó ayer la sede de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), encargada de realizar este tipo de escuchas en el exterior, se reunió con sus empleados a puerta cerrada y aseguró que utilizará su "autoridad legal" para impedir otro atentado terrorista en EE UU.

En el simbólico marco del organismo que lleva a cabo las escuchas en las comunicaciones con el exterior -ejecutadas sin mandato judicial y sin la intervención de los tribunales especiales, tal como prescribe la ley de Vigilancia Exterior de 1978- y desafiando a los críticos, Bush construyó su argumento de defensa de los pinchazos en torno a las últimas amenazas de atentados procedentes de Osama Bin Laden.

En opinión de Bush, no se pueden despreciar estas amenazas: "Entiendo que haya gente que diga que no puede ser verdad, que ya no hay gente que nos quiere atacar. Lo que yo les diría es que escuchen las palabras de Bin Laden y se lo tomen en serio. Cuando dice que va a hacer daño a los norteamericanos otra vez o que va a intentarlo, va en serio, y así hay que tomárselo, que es como se lo toma la gente de la NSA y la mayoría de la población".

Enlazando el mensaje de la pasada semana con su propósito, el presidente añadió que "los terroristas harán todo lo que esté en sus manos para golpearnos, y yo voy a continuar haciendo todo lo que esté en mi autoridad legal para impedírselo".

Opiniones contrarias

En el Congreso, los líderes demócratas han denunciado un abuso de esta autoridad presidencial y han puesto en duda su legalidad. Igual han hecho grupos de defensa de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales, que han llevado a los tribunales la decisión ejecutiva de 2002 por considerarla ilegal e inconstitucional.

El día anterior, el responsable de Justicia, Alberto Gonzales, que comparecerá ante el Senado el 6 de febrero para testificar, defendió en Georgetown el plan y dijo que era "legal y necesario" para la seguridad de EE UU, y que el Congreso dio al presidente la autorización para utilizar este tipo de herramientas después del 11-S. Y el lunes, en Kansas, el propio Bush repitió que las críticas no tienen razón porque el Congreso dio su aprobación para "proteger a los estadounidenses de los atentados terroristas".

Pero dentro de las propias filas republicanas no existe unanimidad: el senador John McCain dijo ayer a la NBC que hace falta saber más cosas del programa de escuchas y que "no sabe" si Bush ha violado o no la ley. "Por eso hace falta el debate en el Senado". Pero McCain añadió que "lo que nadie quiere es no poder escuchar una conversación entre un miembro de Al Qaeda y cualquier otra persona que pueda suponer una amenaza para Estados Unidos".