Referéndum de choque

Puesto a defender la Constitución frente al Estatuto de Cataluña, el presidente del PP, Mariano Rajoy, planteó ayer una propuesta directamente inconstitucional: promover por vía de iniciativa popular un referéndum en toda España sobre ese estatuto. Hasta tal punto es inconstitucional la ocurrencia que su partido se vio obligado a aclarar posteriormente que se trata más bien de recoger firmas para apoyar una proposición no de ley instando al Gobierno a que plantee una proposición de ley para convocar un referéndum en todo el territorio español. Este galimatías no oculta la evidencia de que lo que se pretende no es tanto que se convoque ese imposible referéndum como excitar las pasiones en torno a su discurso de denuncia frontal de la reforma catalana. Tan frontal que las moderadas declaraciones del líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, en las que apreciaba una mejora en el texto tras la negociación Zapatero-Mas, han sido objeto de una descalificación brutal por parte de Acebes que le ha colocado ante la disyuntiva de callar o marcharse.

La Constitución contempla la posibilidad de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, pero establece una serie de exclusiones: no podrán abordar materias tributarias, ni medidas de gracia, ni acuerdos internacionales y tampoco leyes orgánicas. El Estatuto lo es. Tales limitaciones tratan de evitar, según el preámbulo de la Ley reguladora de la iniciativa popular, "manipulaciones demagógicas" e incluso intentos de legitimar bajo el manto de un supuesto "consenso popular" posiciones partidistas. El intento de burlar estas limitaciones con el galimatías mencionado tiene todo el aire de un fraude de ley.

Pero la iniciativa supone sobre todo vulnerar las previsiones constitucionales y del propio Estatuto sobre el procedimiento de su reforma: propuesta del Parlamento autonómico, aprobación por mayoría absoluta en las Cortes y referéndum en la comunidad. Es una fórmula equilibrada: la necesidad de convalidación por las Cortes debe ser tenida en cuenta por los redactores del anteproyecto, pero la última palabra la tienen los ciudadanos de Cataluña, lo que deberá ser tenido en cuenta por el Congreso a la hora de negociar correcciones y enmiendas. Ese equilibrio se rompe si se establece un referéndum del conjunto de los españoles.

Las razones que pueda tener Rajoy para oponerse al texto las pierde cuando se sube al carro de la demagogia populista que otras veces ha criticado. Puede sostenerse, como hace Piqué, que las críticas del PP han contribuido a que los socialistas recortasen las aristas inconstitucionales del texto, y exigir, en nombre de sus casi 10 millones de votantes, que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Si ni siquiera puede decirse lo que dijo Piqué, se está emitiendo el mensaje de que lo que importa no es mejorar el Estatuto, sino convertirlo en bandera de la estrategia de cuanto peor, mejor.