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Tribuna:

Tormenta militar en un vaso de agua

Aunque la atención mediática desatada a partir de las declaraciones del teniente general José María Mena y de algunas reacciones reprochables pudieran indicar lo contrario, sigue siendo válida la idea de que en España no hay un problema militar tal como se entendía en los primeros años de la transición democrática. Que las declaraciones de un alto mando militar hayan generado tal polémica resulta triste y chocante. En el análisis de lo ocurrido con ocasión de su discurso en una fecha tan señalada como la Pascua Militar, cabe establecer una distinción entre lo que supone el comportamiento del ya ex jefe de la Fuerza Terrestre y las reacciones políticas subsiguientes.

Con respecto al primer punto, escenificado en una ocasión en la que ostentaba la representación del jefe del Estado, no cabe la tibieza: es, sin ningún género de dudas, un hecho inaceptable y contraproducente. Tras más de treinta años de servicio, el general Mena conocía sobradamente las normas que imponen recortes en sus derechos políticos a todo militar profesional (imposibilidad de sindicación o de pertenencia a partidos políticos, entre otros). Conocía la prohibición de manifestar públicamente opiniones políticas. En consecuencia, cuando decidió dar publicidad a su pensamiento podía intuir alguna de las consecuencias que sus declaraciones han tenido.

Pudo pensar, por ejemplo, que expresaba así lo que muchos otros sentían, dada la evidente tensión que el proceso de aprobación del Estatuto catalán está generando (y así parecen demostrarlo episódicas reacciones, igualmente fuera de lugar, de otros mandos). Pudo, asimismo, dar salida a una preocupación, incluso sincera, de su ideario personal, entendiendo que, a escasas fechas de su obligado retiro por edad, eso le tranquilizaría interiormente y, ya como oficial retirado, le reportaría un ilusorio aplauso en los círculos en los que se mueva a partir de ahora. Convertido en portavoz de facto de ese estado de opinión, no debió de calibrar, sin embargo, el notable efecto negativo que su decisión personal ha tenido para las Fuerzas Armadas (FAS). Su apelación al artículo 8 de la Constitución, según el cual las Fuerzas Armadas son las encargadas de la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de España -dando a entender que las FAS podrían verse obligadas a actuar si el proceso de aprobación del Estatuto sigue adelante-, es una aberración. Por imperfecta que sea la redacción de ese artículo, no hay nada en el ordenamiento político español que otorgue a las FAS ningún tipo de poder autónomo con respecto a la autoridad civil del Estado. Los ejércitos son un mero instrumento a disposición del poder civil, que será activado exclusivamente cuando los órganos de decisión política así lo decidan. Bajo ningún supuesto puede imaginarse hoy una actuación militar al margen de las instancias políticas del Estado y, por tanto, ni en éste ni en cualquier otro caso cabe entender que un mando militar por separado, o incluso el conjunto de la cúpula militar, puedan actuar de manera independiente para tomar parte en el debate político, y mucho menos en el proceso de toma de decisión.

Con sus declaraciones, el mando militar ha dañado a las FAS ante la sociedad. Sólo con grandes esfuerzos se ha logrado en estos veinte años una apreciable recuperación de la imagen que de las FAS tiene la ciudadanía. Su participación en operaciones internacionales de paz, su profesionalización y una profunda reestructuración han permitido superar la imagen de la etapa franquista de unos ejércitos ocupantes en su propio territorio y con influencia directa en los asuntos políticos. Superado el trauma del 23-F, aquella visión había pasado a la historia y así lo demuestra la valoración social de las FAS en las encuestas. Desde esa perspectiva, cabría calificar de nefasto el último servicio que el citado general ha prestado a la institución.

En cuanto a las reacciones provocadas por el discurso, el comportamiento de algunos representantes políticos resulta aún más preocupante y contraproducente que el mismo hecho en sí. Mientras cabe calificar de adecuadas las medidas adoptadas por el ministro de Defensa (arresto domiciliario, cese de su cargo y pase inmediato a la reserva), las declaraciones de algunos altos representantes del Partido Popular son, si cabe, aún más negativas que las del propio militar. En lugar de sumarse, como ha hecho el resto de los partidos del arco parlamentario, a la condena sin paliativos de lo declarado por Mena y de dar por buena la reacción del ministro del ramo, han intentado rentabilizar lo ocurrido a favor de su agenda política.

Lo malo no es la petición de comparecencia parlamentaria del ministro, intentando de alguna manera responsabilizarlo del nombramiento de Mena (olvidando tal vez que de su ascenso a general y de todos sus últimos destinos, excepto el último, es responsable precisamente un Gobierno del PP). Lo radicalmente inaceptable, y desestabilizador, es que se consideren esas declaraciones como "inevitables" y que se alimenten los posicionamientos políticos de los militares, echando por tierra las bases fundamentales sobre las que se asienta el orden político democrático. Mostrar simpatía y comprensión por la actitud del general Mena significa, sin más rodeos, alimentar comportamientos antidemocráticos, cuando no directamente golpistas; algo que debería estar absolutamente descartado para quien ha ocupado las responsabilidades del Gobierno y para quien aspira, algún día, a asumirlas. Por esa vía, inspirada por el interés coyuntural de sumar argumentos a su rechazo al Estatuto de Autonomía catalán, se abre una puerta que a todos debería interesar que se mantenga cerrada para siempre.

Sólo cabe esperar que, por encima del no siempre ejemplar comportamiento de algunos partidos políticos y de algunos miembros de las FAS, la sociedad española sea consciente de que lo ocurrido no es más que una tormenta en un vaso de agua, magnificada por algunos al servicio de sus no siempre ejemplares intereses, y de que en España no hay hoy un problema militar.

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Jesús A. Núñez Villaverde es director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid)

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de enero de 2006