Acuerdos y desacuerdos

El Gobierno y los partidos catalanes trataron ayer la mayoría de los artículos del nuevo Estatuto, excepto el espinoso asunto del modelo de financiación, que en principio se tratará en las reuniones de hoy. Este es un resumen de los principales acuerdos y discrepancias que mantienen las partes.

- Justicia. Las negociaciones tuvieron una doble vía, en el Congreso y en el Ministerio de Justicia, donde se abordaron las enmiendas conjuntas de los partidos catalanes a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los tribunales superiores autonómicos serán la última instancia judicial y se reservará para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina. Asimismo, el Parlamento catalán podrá designar a una parte de los miembros del Consejo de Justicia de Cataluña. Existe discrepancia sobre el traspaso a la Generalitat de los medios personales (secretarios, forenses y funcionarios) y respecto a algunos medios materiales

como cuentas de depósito o consignaciones judiciales. Continúan las diferencias sobre si el conocimiento del catalán debe ser un requisito o un mérito para los jueces. Hay pacto sobre la preeminencia del derecho civil catalán.

- Competencias compartidas. Se mantiene la redacción acordada el viernes que delimita las competencias del Estado y las de la Generalitat. Las normas de carácter básico del Gobierno, que deben cumplir todas las autonomías, tendrán rango de ley salvo en las excepciones que determine el Estado de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. ERC e ICV interpretan que están salvedades quedarán delimitadas en el nuevo Estatuto.

En el artículo de las competencias exclusivas, Gobierno y partidos consensuaron una fórmula para incluir una referencia a las competencias reservadas al Estado que fija la Constitución en su artículo 149.

- Derechos y deberes. Los partidos catalanes han renunciado a la creación de una sala de garantías en el Tribunal Superior de Justicia, pero se reconoce la potestad -sin concretar- de este organismo para la tutela de estos derechos y deberes.

- Cajas de ahorro. Este asunto podría desbloquearse próximamente después de que los partidos catalanes aceptaran compartir con el Gobierno la "supervisión del proceso de emisión y distribución de las cuotas participativas [instrumentos financieron de las cajas para captar recursos]", que en el proyecto de Estatuto aparecía como una competencia exclusiva.

- Aeropuertos y puertos. Ambas partes negociadoras discutirán hoy esta competencia. Hay un principio de acuerdo para que los aeropuertos de Reus y Girona pasen a la Generalitat y se cree un consorcio para gestionar el de Barcelona. El traspaso se haría por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

- Selecciones deportivas. El artículo del proyecto reza que las selecciones podrán participar en competiciones oficiales. CiU se niega a suprimir "oficiales". Este tema se examinará hoy.

- Competencias pactadas. Gobierno y formaciones catalanas pactaron diversas competencias, como agricultura, industria, juegos, obras públicas y cultura. En este último punto, la parte catalana renunció a la titularidad exclusiva sobre los fondos del archivo de la antigua Corona de Aragón. También se halló una solución para compaginar el carácter exclusivo de supervisión en Cataluña del Síndic de Greuges con las atribuciones del Defensor del Pueblo.

- Otros desacuerdos. Rechazo del PSOE a traspasar a la Generalitat la capacidad para convocar referendos. Asimismo, el Gobierno y los partidos catalanes reclaman como propia la fijación de los horarios comerciales. Los socialistas también se niegan a que los parlamentarios autonómicos gocen de inmunidad como los diputados y senadores.