Desafío inaceptable

Los antiguos cuadros y ex militantes de Batasuna se han equivocado de medio a medio si pretendían saltarse a la torera la disolución judicial del partido, convocando con el mayor descaro y acompañamiento de trompetería un congreso o asamblea, de naturaleza claramente orgánica, para el día 21 en Barakaldo (Vizcaya), sin que las alarmas de Estado de derecho -especialmente, las judiciales- saltaran de inmediato. Esa convocatoria, presentada como una reafirmación de un partido que fue disuelto por su complementariedad política respecto de ETA, constituía un desafío imposible de aceptar.

Una de las vías posibles para cerrar el paso a los autoproclamados representantes y responsables de Batasuna, empeñados en seguir actuando como si nada hubiera cambiado tras la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003, era una nueva suspensión cautelar de las actividades del partido, dentro del proceso penal por pertenencia a ETA abierto por el juez Garzón en 2002 a varios de sus dirigentes de entonces. Otra, la actuación de oficio, y no a instancias del fiscal o del Gobierno, del propio Tribunal Supremo para asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se cumplen sus efectos, el primero de los cuales es el cese de actividades del partido disuelto, como establece el artículo 12.2 de la Ley de Partidos.

No son vías contradictorias, pero el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, sucesor del juez Garzón en la instrucción del caso, puso ayer en marcha la primera, suspendiendo cautelarmente dos años más las actividades de Batasuna, lo que implica la prohibición expresa del acto convocado para el día 21 en Barakaldo. A Grande-Marlaska no le cabe duda de que el congreso anunciado "lo es de Batasuna como frente institucional de ETA y no de una renovada organización". En esta decisión ha pesado, sin duda, el convencimiento de la Fiscalía del Estado, sustentado en numerosos y concluyentes indicios, de que el acto del día 21 es inequívocamente "orgánico", es decir, propio del funcionamiento y organización obviamente clandestinos de Batasuna.

A falta de argumentos, los representantes legales de Batasuna sólo han podido recurrir a maniobras dilatorias, intentando recusar al juez y querellándose contra él por prevaricación; o alegando la vulneración de los derechos cívicos y políticos de los convocantes, con manifiesto olvido de que esos derechos sólo podrían tener amparo de ejercerse al margen y no bajo la cobertura de un partido ilegalizado. La provocación como forma de imponer una legalización por la vía de los hechos ha encontrado una rotunda respuesta judicial.