Medio Ambiente tiene cuatro expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento

El equipo municipal promete subsanar en breve el vertido de residuos al Manzanares

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha ordenado paralizar las obras en un tramo de la M-30 tras detectar vertidos ilegales al Manzanares. Estaban llegando al cauce materiales de obra de construcción procedentes de dos máquinas situadas bajo el puente de Praga, cerca de Legazpi. El Ayuntamiento aseguró que reparará en breve el depósito que ha derramado el material. "Eso no significa que se vayan a parar las obras", advirtió el director general de Infraestructuras, Manuel Arnáiz. El Ministerio de Medio Ambiente tiene abiertos cuatro expedientes por estas obras.

El pasado diciembre, la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, detectó irregularidades en un depósito en el que se almacena ventonita de cemento, un material con el que se fabrican las pantallas del soterramiento de la M-30. Este depósito está pegado a dos máquinas que trabajan bajo el puente de Praga, en un tramo que corre a cargo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Los inspectores advirtieron al Ayuntamiento de que los operarios estaban realizando vertidos al río y que debían hacerse modificaciones en el depósito. Los técnicos de la Confederación regresaron ayer a esta zona de obras de la M-30 y comprobaron que los trabajos no se habían efectuado, según ha explicado uno de ellos. "Por ello se decidió incoar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Madrid y ordenar, con carácter temporal, la inmediata paralización de las obras de soterramiento de la M-30", según Medio Ambiente.

Los hechos sancionados constituyen una infracción administrativa regulada en el artículo 116d. del real decreto 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 315.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico del 11 de abril de 1986.

Además de la sanción económica, que puede alcanzar los 6.000 euros, el Ayuntamiento tiene la obligación de restituir el terreno a su estado anterior, salvo que las obras sean legalizadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas. El Ayuntamiento podrá formular alegaciones y proponer las pruebas que considere oportunas en el plazo de 10 días.

Según el director general de Infraestructuras del Ayuntamiento, Manuel Arnáiz, la decisión adoptada por la Confederación no supone la paralización de las obras, a la vez que asegura que ya se está procediendo a acondicionar el depósito. "El vertido no creo que sea peligroso", señala Arnáiz. "En diciembre hicimos una reparación, pero parece que los técnicos no están conformes. En cuanto se nos ha comunicado la apertura del expediente, hemos procedido a realizar las modificaciones que nos han indicado", añadió. Según Arnáiz, hay 45 máquinas que producen ventonita de cemento en toda la M-30.

Con éste son cuatro los expedientes sancionadores que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha abierto contra el Ayuntamiento por la obras de la M-30. En noviembre de 2005 se inició un procedimiento sancionador por el depósito de material de obra en el cauce del río, también junto al Puente de Praga, que en estos momentos está en trámite de resolución.

El 13 de enero, la Confederación abrió otros dos expedientes sancionadores: el primero, por la construcción de un murete de hormigón en zona de dominio público hidráulico, sin autorización administrativa del organismo de la cuenca; y el segundo, por acopio de tierras en el cauce del Manzanares, aguas arriba del Puente de Segovia. Estos dos procesos también están pendientes de resolución.

El Ministerio de Medio Ambiente recuerda que la apertura de los expedientes obedece al compromiso adquirido por parte de este organismo de "vigilar, controlar e incluso revocar la autorización ante el incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones". La Confederación impuso 54 condicionamientos a las obras impulsadas por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

Según un portavoz de la Confederación, hay cuatro equipos de trabajo vigilando las obras del río, entre los cuales hay geólogos y biólogos. "Además, un experto fluvial inspecciona cada semana el río y hace fotografías para llevar un minucioso control de las obras", señala. "Sabemos que el Manzanares mejorará tras las obras de remodelación de la M-30, pero nuestra obligación ahora es cuidar que se cumplan los 54 condicionamientos que pusimos para autorizar la reforma", añade la misma fuente.

PSOE e IU: "Nuestras sospechas eran ciertas"

"Las prisas por acabar las obras y la falta de planificación en la M-30 están llevando a un desastre medioambiental en esta zona", denunció ayer Óscar Iglesias, portavoz adjunto del grupo socialista. "Se arrasan árboles, aumenta la contaminación por ruido y se destroza el patrimonio en el Puente de Toledo. Ahora también se tira material de obra de construcción al cauce. Es intolerable y sucede por la complicidad de Gallardón y Esperanza Aguirre al no realizar la declaración de impacto medioambiental", añade.

"Es una buena noticia para los madrileños que la Confederación esté realizando una inspección continua de las obras para que no se cometan más desastres medioambientales", concluye Iglesias.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, aseguró ayer al conocer la sanción que la actuación de la Confederación refuerza sus sospechas. "La paralización de las obras viene a confirmar que nuestras denuncias sobre el incumplimiento de las condiciones y garantías impuestas a las obras eran ciertas".

UGT Madrid considera que esta sanción demuestra un incumplimiento de las directrices básicas de protección del río.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0017, 17 de enero de 2006.

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