La cooperación entre la universidad y la empresa

Vivimos un proceso de reflexión y cambio profundo en el papel exigido a las universidades en la construcción de la sociedad del conocimiento. Se les exige simultáneamente la adaptación y mejora de su actividad docente, el incremento en la generación de conocimiento científico y tecnológico, y el fortalecimiento de la cooperación con el sector empresarial. Todo ello en un contexto de fuerte competencia internacional y tecnológica, que obligará a adaptar sus estructuras y modos de actuación.

Aunque estos aspectos no son independientes, me referiré expresamente a la situación de la cooperación entre la universidad y la empresa en investigación, porque considero que debe emerger como un objetivo esencial en el futuro para nuestro país.

El sistema español de ciencia y tecnología ha mejorado significativamente en las dos últimas décadas, pero mantiene una debilidad en el esfuerzo de I+D desde el sector empresarial y un escaso aprovechamiento del sistema público. Si se quiere acelerar el proceso de mejora, los papeles que juegan la universidad y la empresa en una sociedad moderna ya no pueden plantearse de forma aislada. Toda universidad pública debe contribuir a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico, no necesariamente a corto plazo, pero también debe asumir la necesidad de realizar una investigación orientada a problemas más inmediatos de interés empresarial, para el que la cooperación estrecha con este sector es fundamental. Es cierto que no todas las universidades pueden y deben hacer lo mismo. Así, han sido tradicionalmente, las universidades politécnicas las que han tenido una mejor disposición a la cooperación con los sectores empresariales, concediéndoles un papel predominante en su estrategia institucional de I+D.

La financiación de esta cooperación se realiza actualmente de dos formas: directamente por las empresas siguiendo un modelo de investigación bajo contrato, o mediante los instrumentos de financiación disponibles por las administraciones públicas en los programas nacionales o europeos de I+D. Todos ellos han promovido una cooperación entre la universidad y la empresa basada en la ejecución de proyectos de I+D concretos, pero limitados en el tiempo, en los objetivos, y en el volumen de actividad realizada.

Este hecho ha tenido efectos positivos en la consolidación de los grupos de investigación universitarios, pues ha facilitado la estabilidad de sus recursos humanos. No obstante, este tipo de cooperación es insuficiente cuando se trata de apoyar conjuntamente una línea de investigación durante periodos prolongados, en sintonía con la estrategia de innovación de las empresas, ya que no obliga a la asunción de riesgos a medio y largo plazo por ambas instituciones. La extensión de esta visión para lograr acuerdos de carácter más estratégico a largo plazo choca con la mentalidad empresarial (y también universitaria) de limitar en el tiempo los compromisos adquiridos. Su extensión dependerá de la capacidad de crear la suficiente credibilidad mutua y de la disponibilidad de instrumentos de financiación adecuados.

Un esquema de mayor compromiso institucional es la creación de entidades conjuntas de I+D+I, ya sean centros de I+D o centros tecnológicos, bajo una fórmula de personalidad jurídica propia, que generen un claro valor añadido tanto en la universidad como en la empresa. La financiación existente para los parques científicos y tecnológicos promovidos desde las universidades puede apoyar este proceso si se acompaña de una voluntad de implicación real por parte de las mismas.

Más recientemente, ha aparecido otro factor que influirá en la evolución futura de la cooperación entre la universidad pública y la empresa. Me refiero a la valoración de la actividad investigadora de éstas por los gobiernos de las Comunidades Autónomas (CC AA), de los que dependen como base de su financiación institucional. En el caso de la Comunidad de Madrid, las universidades públicas madrileñas han alcanzado recientemente un acuerdo con la administración regional, con el fin de objetivar las transferencias corrientes a partir de un conjunto de indicadores tanto de la actividad docente como de la investigadora.

Los criterios que definen los recursos que se destinan a la investigación (alrededor del 25% del total) incluyen, con diferente peso, los sexenios de investigación concedidos al profesorado, las publicaciones científicas, la obtención de recursos en proyectos de investigación en convocatorias de los planes regionales, nacionales o europeos de I+D, los becarios oficiales de investigación y las tesis doctorales leídas, además del volumen económico de los recursos que se obtienen en proyectos con las empresas (a través del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades). Los objetivos de mejora se refieren, fundamentalmente, a las variaciones interanuales de estos objetivos.

El conjunto elegido de criterios de financiación debe permitir a cada universidad definir su propia estrategia institucional en función de su especificidad, su cultura investigadora, sus capacidades y prioridades. Primar en todos los criterios seleccionados la cooperación entre la universidad y la empresa, y hacer llegar a cada profesor que su esfuerzo en este ámbito influye directamente en la financiación de su universidad, es una estrategia y una oportunidad que puede ser muy importante para fortalecer el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. Será la primera vez que así ocurra y marcará un camino para introducir institucionalmente la cooperación en investigación entre la universidad y la empresa como elemento clave para la financiación pública de las universidades.

En resumen, si bien se dispone de instrumentos de financiación adecuados para una colaboración basada en contratos de investigación concretos, debemos dar un salto cualitativo que nos permita pasar a una cooperación estable a largo plazo. En ese proceso, debe evitarse una confrontación con una visión de la universidad enfocada exclusivamente hacia una investigación de corte académico. Propugno la definición por parte de las universidades de una estrategia institucional de cooperación a largo plazo con las empresas que los poderes públicos deben apoyar sin reservas de forma coordinada. Confío en que las universidades sepan asumir el liderazgo institucional que les corresponde.

Gonzalo León es vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid.