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Reportaje:

Las ciudades se hartan de gamberros

Sevilla y Valladolid han adoptado medidas legales para luchar contra el vandalismo, y Barcelona prevé aprobarlas

La papelera donde usted tira la publicidad indeseada al salir del metro madrileño puede ser una de las 22.286 que el ayuntamiento tuvo que reponer el año pasado a un coste de entre 50 y 769 euros. Y si vive en Sevilla, piense que el impoluto contenedor de basuras de su calle, quizás reemplaza a alguno de los 20.700 que fueron quemados o rotos en 2004. Las ciudades andaluzas gastaron en 2003 casi cuatro millones de euros en este capítulo. Madrid dedicó 6,7 millones de euros en 2004 y la alcaldía de Barcelona tuvo que destinar nueve millones de euros extra entre septiembre y diciembre pasado a intervenciones de urgencia (sobre todo en limpieza y recogida de objetos abandonados) para frenar el deterioro de su casco antiguo.

Madrid gastó 6,7 millones de euros en 2004 en reponer parte del mobiliario urbano

Suciedad y destrozos se han ido convirtiendo en una de las señas de identidad de las grandes ciudades españolas, y de muchas extranjeras. La imagen del primer ministro británico, Tony Blair, limpiando las pintadas de una calle de Swindon, ha dado la vuelta al mundo, junto con su iniciativa para luchar contra el vandalismo en todo el país. Pero hay rasgos distintivos en el mal que afecta a nuestras metrópolis, sometidas al estrés de la marcha nocturna, del turismo masivo (y mochilero), del desapego creciente de sus habitantes y a la simple presión sobre un espacio donde se concentra cada vez un mayor número de personas. Casi la mitad de la población mundial vive en las ciudades, según datos de la ONU, y en España, donde el proceso de urbanización es galopante, el 70% de los habitantes viven en núcleos de más de 10.000 vecinos.

Ciudades en las que se concentra la población madura, mayoritaria en nuestra sociedad, pero también los jóvenes, clientes potenciales de un ocio a menudo ruidoso. Por no hablar del reto para la convivencia que supone albergar una población multicultural que apenas ha tenido tiempo de aclimatarse al país de acogida. ¿Cómo compartir este espacio equitativamente, sin que surjan roces y tensiones por culpa de usos abusivos? Difícil tarea, sobre todo con las viejas ordenanzas municipales en la mano, tan obsoletas como las viejas normas de urbanismo. "Somos la sociedad del tú", dice Miguel del Río, jefe de protocolo del Parlamento de Cantabria que acaba de publicar un libro, junto a otros dos colegas, sobre protocolo y buena educación. Por eso los ayuntamientos, abrumados por la factura anual que pasa el vandalismo, han decidido hincarle el diente al tema, con nuevas ordenanzas para reprimir con mayor dureza, aunque se aderecen con medidas sociales. Valladolid y Barcelona se han dotado ya de nuevas ordenanzas, Sevilla prepara una normativa en la que los padres tendrán responsabilidad subsidiaria por los destrozos de los hijos menores y los alcaldes de las siete principales ciudades gallegas reclamaban hace un par de días cambios en la normativa municipal muy similares, incluida la obligación para los gamberros de realizar trabajos sociales.

La ordenanza de Barcelona sanciona conductas ya proscritas en otras normativas (hacer pintadas, orinar en la calle, practicar el botellón con envases de vidrio, etcétera) y algunas que no lo estaban. La venta ambulante, por ejemplo, o la prostitución, cuando se concentre en una zona con el riesgo de monopolizarla. También se propone multar a los espontáneos que se lanzan sobre el parabrisas de los vehículos cuando se detienen en los semáforos.

"Pero lo verdaderamente novedoso son los mecanismos legales que establece, para cobrar en el acto las sanciones que se impongan tanto a personas como a establecimientos", dice Assumpta Escarp, la concejal socialista artífice de la nueva normativa. La tarea no ha sido fácil y ha abierto grietas en el gobierno municipal, también tripartito, por el desacuerdo de Iniciativa per Catalunya con estas medidas. Pero el ayuntamiento cree tener de su parte a la mayoría de los barceloneses quejosos de lo lejos que habían llegado las cosas. La ciudad, meca desde hace unos años de un turismo masivo y un tanto depredador, acusaba el desgaste. "Con los vuelos de bajo coste ha venido mucha gente, algunos, sin hotel ni hostal. Como tenemos buen clima, duermen en la playa o en las plazas", reconoce Escarp. Un fenómeno de acampada ciudadana similar al que padece Valencia, aunque con otros protagonistas. En el cauce del Turia, son los trabajadores inmigrantes y un sector de la población marginal los que viven al raso desde hace años.

Barcelona aspira a resolver el problema con sanciones exprés. Si en 2004 sólo se pudo cobrar un 17% de las multas por incivismo, en 2006 todo cambiará. "El que no pueda pagar en el momento, tendrá que dar un domicilio, y podremos recurrir al consulado para reclamar el cobro", cuenta Escarp. Un sistema expeditivo que puede paliar la lentitud de la justicia en los casos de vandalismo. ¿Un ejemplo? El joven que rompió una mano de la estatua de la diosa Cibeles en Madrid, en 2002, fue multado con 27.158 euros, pero dos años después.

"En muchos juicios por vandalismo ni siquiera se personan los fiscales, porque están sobrecargados de trabajo", confirma el concejal delegado de Gobernación de Sevilla, Francisco Fernández. Por eso, el pasado septiembre, el consistorio decidió presentarse como acusación particular en estas causas, una modalidad incluida en la nueva ordenanza contra el vandalismo que prepara.

Un contenedor a 1.300 euros

"Lo que queremos es que destrozar bienes públicos no salga gratis. Y que el que ha quemado un contenedor pague no sólo los 210 euros que vale uno nuevo, sino los gastos de apagar el fuego, que pueden llegar a 1.300 euros". Fernández hace hincapié en que no se trata de "criminalizar" a ningún sector de la población, "ni a ninguna franja de edad", pero lo cierto es que Sevilla ha sufrido recientemente una oleada de vandalismo perpetrado por bandas juveniles. El verano pasado se sucedieron las quejas por quema de coches en algunos barrios de la capital. Brotes de gamberrismo como los que hace tiempo preocupaban a las autoridades valencianas (en 2002 era la tercera provincia por número de coches quemados), y que resolvieron gracias a la acción policial. Madrid, en cambio, no consigue librarse del vandalismo de cada fin de semana, ni con la ley anti-botellón, ni con mayor vigilancia.

"El botellón es inevitable. No va a acabar, hagan lo que hagan", piensa Pablo, 22 años y estudiante de 3º de Óptica en la capital. "Las copas en los bares (un mínimo de 6 euros) son caras y la gente acaba bebiendo en la calle. Cada vez que lo intentan prohibir es peor. Antes estaba concentrado, ahora, para que no les pille la policía salen corriendo y se meten en los portales o donde sea, y lo dejan todo sucio". Pero de ahí a romper el mobiliario público va un abismo.

"No todos somos supercívicos, pero muchos valoramos las cosas públicas porque son de todos y nos cuestan dinero a todos". Así habla Ana, de 19 años, estudiante de Comunicación Audiovisual en Madrid. Ana, militante del Sindicato de Estudiantes, está segura de que las cosas, "no se arreglan poniendo más poli. Hay que invertir más en educación, y apoyar a las familias, porque cuando hay problemas en casa hay más conflictividad". Es cuestión de prioridades. En todo caso, la factura que deja el vandalismo y el incivismo en las ciudades es una carga que los ayuntamientos están cada vez menos dispuestos a soportar. Y los ciudadanos. En 2003, un año particularmente conflictivo en las ciudades españolas (protestas educativas, por la guerra de Irak o el Prestige) requirió en Madrid más de 550 intervenciones por culpa de otros tantos actos de vandalismo. Limpiar y reparar los desperfectos costó a los madrileños 60.000 euros extra.

Jóvenes sin límites

Aunque nadie levanta el dedo acusador contra los jóvenes, las nuevas ordenanzas afectan a algunas de sus diversiones colectivas. Pero al profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Díaz-Salazar, le parece que la legislación propuesta no bastará para contener "la falta de civismo básico en una parte de los jóvenes españoles". Algo que achaca al "nihilismo pedagógico" que practican los padres y la propia escuela. La falta de normas, de límites, la inexistencia de una pauta de autoridad en los poderes públicos para imponer los límites, sería una de las causas. "Tan malo es el autoritarismo como la actual ausencia de límites", dice Díaz-Salazar, que lamenta el fracaso de la educación del gusto. "En esta sociedad hay una cultura de lo bárbaro, del mal gusto". Puede que esto haya ocurrido por una especie de enamoramiento social de la juventud, "es encantadora y no es reprimible. Y cualquier principio de autoridad pública es visto como dictatorial. El ciudadano normal está desamparado".

A veces, la violencia juvenil surge del fracaso familiar o del escolar, pero la propia cultura puede tener un papel pernicioso, porque abusa del "culto a la transgresión", dice este sociólogo. Para que las cosas cambien, "hay que crear un orden democrático-cívico. Hay que potenciar un republicanismo-cívico". Un proceso que sólo dará frutos a largo plazo, porque habría que "fomentar el civismo en la familia, en la escuela y por los poderes públicos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de enero de 2006

Fe de errores
En el sumario del reportaje Las ciudades se cansan de gamberros, del 15-1-2006, se dice que "Sevilla y Valladolid han adoptado medidas legales para luchar contra el vandalismo" y "Barcelona prevé aprobarlas", cuando son Valladolid y Barcelona las que las poseen.

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