El Pentágono reanuda los juicios especiales a los presos de Guantánamo

En el cuarto aniversario de la apertura del campo de prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), el yemení Alí Hamza al Bahlul, acusado de ser un guardaespaldas de Osama Bin Laden, rechazó la presencia de un abogado y no reconoció la autoridad de la comisión militar que le juzga. A pesar de que el Tribunal Supremo no ha dicho aún su última palabra sobre estos juicios, el Pentágono ha decidido reanudarlos. Varios tribunales han fallado contra las comisiones especiales, y hay tres procesos paralizados a la espera de la decisión del Supremo.

El alto tribunal, que comenzará a deliberar en marzo, tendrá que fallar sobre si el presidente Bush tenía o no autoridad legal para crear tribunales especiales después de los atentados del 11-S y negar a los detenidos en Afganistán y en otros lugares procesos militares o civiles con las garantías correspondientes. Del medio millar de detenidos que hay en Guantánamo, solamente nueve han sido acusados formalmente.

Ali Hamza al Bahlul, de 37 años y que en agosto de 2004 admitió que pertenece a Al Qaeda, está acusado de conspiración para cometer atentados terroristas. Ayer, en la vista preliminar y según los medios presentes, dijo que no quería ninguna representación legal que estuviera en manos de un militar o un civil de Estados Unidos.

El yemení, que ni siquiera se ha reunido con Tom Fleener, el abogado militar en la reserva que le fue asignado, explicó que su rechazo se debe a varias razones, entre ellas "el trato que reciben los palestinos por parte de vuestros aliados, los judíos". También se quejó de la atribución a su país, Yemen, de la responsabilidad del atentado contra el buque estadounidense Cole el 12 de octubre del 2000.

Al Bahlul, que declaró su intención de boicotear todas las sesiones del tribunal "aunque me obliguen a estar presente", explicó, a través de un intérprete, que no odia a todos los estadounidenses, aunque "corrompen y persiguen a los musulmanes en todo el mundo". "Soy enemigo de los norteamericanos que combaten. Les contemplo como enemigos".

"Habrá un tribunal de Dios en el día del juicio", dijo el detenido, según el testimonio recogido por la agencia Reuters. "Haced conmigo lo que tengáis que hacer, juzgadme como queráis. Dios juzgará basado en la justicia", añadió Al Bahlul, que aseguró que ha habido presos azotados y torturados en Guantánamo y que rechazó la denominación oficial de combatientes ilegales: "Somos prisioneros de guerra y combatientes legales que nos basamos en nuestra religión y en nuestras leyes religiosas. No nos importa lo que nos llaméis". Al Bahlul no estuvo esposado durante su comparecencia ante la comisión militar.

Cadena perpetua

Además de la preparación del juicio del yemení, otra comisión militar tenía previsto ayer ocuparse del caso de Omar Khadr, un canadiense de 19 años acusado de haber matado a un médico del Ejército con una granada en la guerra de Afganistán, hace cuatro años y medio. Tanto él como Al Bahlul podrían ser condenados a cadena perpetua -en caso de que estos juicios no fueran anulados por la futura decisión del Supremo- si son declarados culpables. Fleener, el abogado militar en la reserva asignado al yemení, aunque rechazado por él, declaró a Reuters que la comisión militar "es una vergüenza" porque "las reglas no están pensadas para que sirvan de ayuda al acusado".

El coronel Davis, responsable de los fiscales militares de las comisiones especiales, aseguró que las reglas garantizaban juicios justos: "No tenemos nada de lo que avergonzarnos".

Varios grupos de derechos humanos y asociaciones profesionales de abogados han denunciado de manera sistemática estos procedimientos, los problemas de acceso a asesoría legal, el uso de pruebas declaradas secretas y la posibilidad de testimonios arrancados bajo tortura. Amnistía Internacional denunció ayer la situación legal de los 500 detenidos de Guantánamo y pidió de nuevo el cierre del campo de prisioneros. Según el grupo, sigue habiendo denuncias de "pésimas condiciones, torturas y malos tratos" sobre los presos.

Amnistía Internacional ofreció, entre otros, detalles del caso de Jumah al Dossari, de 32 años y procedente de Bahrain, que lleva desde junio de 2002 en Guantánamo. Según su abogado, "se le ha amenazado con violarle, ha sido orinado y se le ha golpeado la cabeza contar el suelo en repetidas ocasiones".

Según las mismas fuentes, que añaden que el gobierno de EE UU ha negado estas acusaciones, el preso ha tratado de suicidarse en una decena de ocasiones. Para Stephen Bowen, uno de los responsables de Amnistía Internacional en el Reino Unido, no puede haber soluciones intermedias con respecto a Guantánamo: "Debe ser cerrado y hay que abrir una investigación sobre las docenas de informes de torturas que se han sucedido desde que se abrió, en 2002".