El Gobierno se enroca en su rechazo a una agencia tributaria única para Cataluña

Las reuniones bilaterales entre las delegaciones de Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV) con el Gobierno y el PSOE sobre la negociación del Estatuto toparon ayer con el mismo obstáculo que la celebrada la víspera con CiU: el rechazo del Gobierno a asumir una agencia tributaria única en Cataluña. Los representantes de ERC y de ICV plantearon que la Agencia Tributaria de Cataluña y la del Estado fueran consorciadas para la recaudación, gestión e inspección de todos los impuestos. ERC reclamó que la Generalitat gestione las inversiones del Estado en Cataluña.

Los representantes socialistas -Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE en el Congreso; Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Francisco Caamaño, secretarios de Estado de Hacienda y de Relaciones con las Cortes, respectivamente- insistieron de nuevo en que la Administración estatal mantendrá su presencia tributaria en Cataluña, por lo que rechazaron de plano la creación de una agencia tributaria única que aglutine la autonómica y la estatal.

Como contrapartida, el Gobierno propuso la creación de un consorcio que gestione los impuestos compartidos entre el Estado y la Generalitat, como el Impuesto sobre la Renta (IRPF). Pero Esquerra e Iniciativa -al igual que CiU el martes- se opusieron a esta alternativa pues argumentan que supondría una multiplicación de los servicios y de las ventanillas tributarias. De aceptarse esta fórmula, argumentaron, en cada comunidad coexistirían tres órganos recaudatorios, la agencia estatal, la autonómica más el futuro consorcio. Otro de los negociadores, el líder de Iniciativa, Joan Saura, se mostró un tanto flexible en este asunto y afirmó: "Lo importante no es quién cobra sino lo que cobras".

Pese a este obstáculo central, las delegaciones socialista y de ERC salieron esperanzadas de la reunión porque experimentaron algunos avances, según destacó el portavoz en el Congreso y secretario general de la formación, Joan Puigcercós. No así los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya que criticaron la posición "inmovilista" del Gobierno respecto a la cesión de impuestos a la Generalitat, la definición de los criterios de solidaridad o las garantías de inversión del Estado en Cataluña.

En este último punto, Esquerra Republicana exigió al Gobierno la concreción de garantías de que el Estado no sólo mantendrá un ritmo inversor en la comunidad similar al peso del PIB catalán en el conjunto del Estado -18,5%-, sino que subsanará el déficit histórico en infraestructuras. Los republicanos plantearon como fórmula que sea el Ejecutivo central el que pague esas infraestructuras pero que las ejecute la Generalitat.

Algunos temas, no obstante quedaron desencallados. Así, el Gobierno acepta que la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), no tenga ninguna preeminencia legal o jurídica sobre el Estatuto. De esta forma, cualquier reforma de la ley debería adecuarse al contenido del Estatuto catalán, por ejemplo en cuanto a los criterios de reparto de los fondos de solidaridad interterritorial o capacidad normativa respecto a los impuestos cedidos. En este sentido, el Gobierno ha aceptado que los fondos de suficiencia que reciben las autonomías del Estado -para compensar la diferencia entre sus ingresos y las necesidades en recursos- sólo se destinen a servicios básicos: educación, sanidad y bienestar social.

ERC e ICV también destacaron los avances respecto a las funciones de la Comisión Estado-Generalitat de Asuntos Económicos y Fiscales para reforzar las relaciones bilaterales entre ambas administraciones.

Pérez Rubalcaba admitió, en nombre de la delegación socialista, al finalizar la reunión, que no existe el sometimiento del Estatuto catalán vigente a la LOFCA en las normas estatutarias del resto de las comunidades y ha "llevado a algo que constitucionalmente no es correcto, lo que ha perjudicado a Cataluña". Destacó, también, el avance en la autonomía fiscal, "lo que supone más capacidad normativa, más impuestos transferidos y más capacidad de gestión".

Pérez Rubalcaba, que se mostró esperanzado en lograr un acuerdo, precisó que las diferencias del Gobierno con ERC e ICV no están en la titularidad de los impuestos sino en su gestión. "Con toda claridad, defendemos que el Estado mantenga su autonomía fiscal", lo que implica la existencia de dos agencias tributarias, la del Estado y la de la comunidad autónoma, "para respetar el espacio fiscal de cada cual y un consorcio de agencias para los impuestos compartidos", como el IRPF.