Nueva economía, nuevos retos empresariales

La globalización representa la posibilidad de intercomunicar el mundo en tiempo real, favorecida por el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y por el proceso de liberalización normativa. Se trata de una realidad inédita, frente a la internacionalización de otros tiempos, que está permitiendo una mayor movilidad de bienes y de capitales; pero sobre todo, lo que resulta más novedoso es la ampliación de los mercados de servicios y de mano de obra mediante el teletrabajo. Este perfeccionamiento de los mercados está impulsando el desarrollo de una parte del mundo, especialmente de China e India, que tradicionalmente se ha mantenido al margen del proceso. El modelo chino se está basando fundamentalmente en el sector industrial, que aporta más del 50% del PIB de ese país, lo que a su vez está impulsando significativamente la demanda mundial de todo tipo de materias primas, pero especialmente de petróleo. Asimismo, la globalización está impulsando los procesos de integración económica entre países para poder mejorar la eficiencia de sus actuaciones y entre empresas que pretenden conseguir economías de alcance; es decir, incrementar su tamaño para poder competir en mercados más amplios, lo que obliga a ser más competitivos, si bien se incrementan las oportunidades. Al tratarse de un escenario nuevo, resulta difícil anticipar el futuro, si bien todo parece indicar que se intensificarán los procesos de fusión empresarial, incluso entre compañías de diferente nacionalidad, para aumentar su tamaño y músculo.

El regulador debería haber tenido presentes los nuevos retos a los que nos enfrentamos

La intensidad de la demanda de energías primarias, y sobre todo de petróleo, se incrementa sensiblemente durante los procesos de desarrollo industrial y se modera al tercializarse la economía, momento, sin embargo, en el que aumenta significativamente la demanda de energía eléctrica. El desarrollo de los países asiáticos, así como el dinamismo económico en una gran parte de los países desarrollados, está incrementando la demanda de energía rápidamente, especialmente de petróleo. Se espera, según la Agencia Internacional de la Energía, que siga aumentando en los próximos 25 años a un ritmo del 1,6 % anual acumulativo, lo que significa que el consumo pase de 85 millones de barriles diarios a 121 millones en 2030. Este proceso, aunque con menor intensidad, también se debe producir en el resto de los sectores energéticos, especialmente en carbón y gas. Los mercados de oferta de energía primaria se irán complicando, lo que obligará a incrementar la capacidad de negociación en los mismos y también la posibilidad de explorar y explotar éstos en cualquier lugar del mundo, lo que hace necesario incrementar el tamaño de las empresas energéticas para garantizar los abastecimientos, de tanta importancia estratégica; esta necesidad creciente está impulsando procesos de fusiones y adquisiciones de empresas energéticas en todo el mundo desarrollado, especialmente en Europa y EE UU.

Asimismo, los mercados energéticos cada vez se deben abrir más a la competencia, reduciendo las barreras de entrada, con lo que las compañías con dimensión suficiente cada vez tendrán más posibilidades de internacionalización. En efecto, en la Unión Europea, aunque a un ritmo inferior al previsto y al deseable, se está intensificando el proceso de liberalización energética, lo que llevará a que el mercado sea único, con capacidad para cuatro o cinco grandes empresas energéticas, como ya ha ocurrido en las telecomunicaciones. Sería deseable que, dada la eficacia de nuestras empresas energéticas, éstas adquiriesen la dimensión adecuada para que alguna pueda pertenecer a esta élite.

España sigue siendo uno de los países que mejor se ha adaptado a la creciente apertura económica y social, lo que nos ha permitido crecer de una manera sostenida durante 12 años y crear más de seis millones de empleos. Sin embargo, seguimos registrando importantes debilidades en el sector energético. El petróleo todavía satisface más del 50% tanto de la demanda de energía primaria como de la final; lo que nos hace especialmente vulnerables a la evolución del precio del petróleo. Por cada cinco dólares que aumenta el precio del barril, durante un año, el efecto inflacionista no evitable es de 0,3 décimas y su impacto sobre el crecimiento es de casi -0,2 décimas. Asimismo, el grado de autoabastecimiento energético apenas alcanza el 20% del total de la demanda, lo que está incidiendo muy negativamente en el déficit de la balanza comercial, y sobre todo supone una gran dependencia externa en un sector de suma importancia estratégica. Para poder garantizar los suministros hay que seguir impulsando actividades de exploración y producción de materias primas en el exterior, tal y como está realizando Repsol YPF, para lo que es necesario incrementar el tamaño de nuestras compañías.

Asimismo, aunque se ha avanzado en el proceso de liberalización del sector energético español, éste no ha finalizado. Para que los mercados operen en competencia es necesario no sólo que participe un número suficiente de vendedores y compradores, sino que el precio resultante se establezca en función de la oferta y la demanda. En el caso del sector eléctrico español siguen existiendo tarifas, que se convierten en el precio máximo de negociación, por lo que la posible competencia sólo se podría efectuar por debajo de la misma. Actualmente, la tarifa eléctrica no permite cubrir los costes de generación, por lo que no sólo se genera un déficit para las empresas, sino que, además, se anula de facto la posibilidad de que exista un auténtico mercado, que también se ve obstaculizado por la escasez de líneas de transporte en algunos lugares.

Por otro lado, las compañías pequeñas no son suficientemente eficientes para el sistema, puesto que no aprovechan las ventajas derivadas de las economías de escala y de alcance. Por tanto, la falta de competencia en el sector energético español depende sobre todo de la regulación y no del tamaño de las compañías. Para aumentar éste deberían haber concluido exitosamente la OPA de Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico y, especialmente, la fusión de Iberdrola con Endesa. Además, hay que tener presente que la oferta pública de adquisición constituye el mecanismo más eficiente para realizar estas operaciones, puesto que permite decidir libremente a los accionistas, que, según una encuesta realizada por el profesor Toharia que se publicará en Crónica Virtual de Economía, beneficia sobre todo a los minoritarios.

El tamaño empresarial puede presentar algunos problemas de competencia en ámbitos o territorios muy concretos; sin embargo, las políticas de defensa de la competencia deberían sancionar sobre todo el abuso de dominio en el mercado, más que la presencia relativa en el mismo. No obstante, si existen problemas muy claros, se deberían establecer algunas restricciones tendentes a eliminarlos. Es decir, se deben establecer los activos que se deben desinvertir y los mecanismos para que puedan ser adquiridos por terceros, lo que permitiría incrementar la capacidad de estos últimos en el mercado y por tanto aumentar el grado total de competencia. Sin embargo, ningún regulador debe, ni posiblemente legalmente puede impedir una OPA. En cambio, debe establecer las condiciones, como ha realizado la Comisión Nacional de la Energía, en la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Sin embargo, no parece acertada la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia de oponerse, sin más, a la misma. Hubiese sido razonable que, por ejemplo, se hubiese recomendado la venta de Carboex , empresa que transporta el gas de Endesa, con objeto de garantizar un mercado más competitivo. El Tribunal de Defensa de la Competencia en este informe, de carácter no vinculante, debería haber tenido presentes los nuevos retos a los que nos enfrentamos. La decisión definitiva del Gobierno sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa debe tener presente la complementariedad de las compañías para garantizar los abastecimientos y mejorar la eficiencia del sistema, estableciendo, eso sí, las restricciones adecuadas que permitan aprovechar las ventajas del tamaño para actuar en una economía global, pero que a su vez impida situaciones claramente monopolísticas. A partir de ese momento, serán los accionistas de Endesa los que decidirán libremente sobre la OPA.

Juan E. Iranzo es catedrático de Economía Aplicada.