El 'Gran Hermano' Blair

La policía planea controlar los viajes de millones de coches cada día; intelectuales y artistas se rebelan contra una ley que puede convertir en delito un chiste sobre la religión; madres y padres van a la cárcel si sus hijos hacen novillos; los sospechosos de terrorismo pasan años encerrados sin juicio; los periodistas se arriesgan a infringir la ley por contactar con activistas radicales; la policía puede prohibir una reunión de dos o más personas, interrogar durante semanas a un sospechoso sin decirle de qué se le acusa, disfrutar de poderes enormes en caso de emergencia, puede decretar toques de queda a los menores de 15 años, conservar las huellas y datos de ADN de un sospechoso aunque haya dejado de serlo; un extranjero puede ser deportado a un país con un largo historial de torturas; bancos, aseguradoras y otras empresas tienen libre acceso a los datos privados de los británicos. No es la Oceanía de Orwell en 1984; es el Reino Unido de Tony Blair en 2005. Del Gran Hermano Blair.

El celo y detallismo de muchas normas preocupa a los grupos de derechos civiles

Blair llegó al poder en 1997 de la mano de dos promesas: mejorar la educación y afrontar con mano dura el crimen y sus causas. Tras ocho años ejerciendo el poder, el Nuevo Laborismo tiene tras de sí una estela inmensa de legislación represora. Los atentados del 11-S en Nueva York y del 7-J en Londres explican en parte esa deriva, pero sólo en parte. El ansia por monopolizar el espacio político tradicionalmente ocupado por los tories y la tendencia del primer ministro a saciar el populismo de los tabloides explican también el gusto de Blair por la mano dura.

En ese escenario, la democracia británica ha reaccionado con dos de sus armas más poderosas: la discrepancia pública tanto de intelectuales como de medios teóricamente afines al laborismo, y las rebeliones parlamentarias, tan frecuentes en un sistema político en el que los electos se sienten más obligados ante sus electores que ante el partido que los cobija.

La resistencia a las políticas represoras a las que ha optado Blair para combatir el terrorismo se ha ido acentuando. En otoño de 2004, la máxima instancia judicial del Reino Unido revocó una ley que permitía al ministro del Interior mantener encarcelados de manera indefinida a los extranjeros sospechosos a los que no quería juzgar para no revelar cómo se habían obtenido los datos que sustanciaban esas sospechas.

El Gobierno, al acatar aquella sentencia, propuso como alternativa las llamadas órdenes de control con el objeto de mantener la misma situación de internamiento, pero en el domicilio de los sospechosos. Los comunes apoyaron la iniciativa, pero ésta topó con la Cámara de los Lores. En medio de lo que los británicos llaman "ping-pong parlamentario", varios sospechosos llevan ya más de cuatro años internados, primero en una cárcel de alta seguridad y luego en sus propios domicilios, sin teléfono, sin Internet, sin poder hablar ni con los vecinos.

En noviembre pasado, los comunes infligieron a Blair su primera derrota parlamentaria desde que llegó a Downing Street al rechazar su propuesta de alargar de dos semanas a 90 días el periodo de detención cautelar de un sospechoso antes de que la policía esté obligada a presentar cargos o dejarle libre. Los tories, los liberales-demócratas y medio centenar de rebeldes laboristas se aliaron para dejar el nuevo periodo en 28 días.

La medida forma parte de la nueva Ley Antiterrorista elaborada tras los atentados del 7 de julio, que aún ha de superar el obstáculo de los lores. La nueva ley presenta otros aspectos polémicos como el endurecimiento de la legislación relacionada con la apología del terrorismo o la prohibición de grupos que apoyen, aunque sea indirectamente, el terrorismo. La responsable de los servicios legales de la BBC, Valerie Nazareth, teme que si llega a entrar en vigor tal y como está redactada, acabará provocando el procesamiento de periodistas que se entrevisten con miembros de organizaciones prohibidas.

La organización de defensa de los derechos civiles Liberty ha elaborado una lista de los aspectos que considera contrarios a los derechos humanos en una veintena de leyes aprobadas entre 1999 y 2004. Liberty ve también excesos en leyes cuyo objetivo es la protección de la infancia, la limitación del asilo, combatir la violencia doméstica, el vandalismo juvenil, los fraudes a la Seguridad Social o la lucha contra los delitos sexuales. El celo y detallismo del Gobierno han convertido en delito las relaciones sexuales consentidas entre un adolescente de 14 años y otro de 13, han abierto la puerta a que la policía pueda "abusar e intimidar a manifestantes pacíficos", en palabras de Liberty, y han llevado a la cárcel a la madre soltera de una niña por hacer novillos, sin tener en cuenta el dramático entorno de esa familia y entre aplausos de la prensa.

Aunque una gran parte del país sigue oponiéndose a la introducción del carné de identidad obligatorio, las empresas financieras y de servicios pueden acceder a los datos personales de millones de británicos, la policía se dispone a desplegar cámaras de seguridad por todo el país para controlar los movimientos de 35 millones de vehículos cada día y almacenar durante años esos datos en una base de datos a la que podrán acceder todos los cuerpos policiales, y los ciudadanos están obligados a acatar -aunque ignoren su existencia- las medidas que tome la policía en situaciones de emergencia. El problema es que la definición de emergencia es tan vaga que, según Liberty, lo mismo puede ser una huelga de correos que un virus informático o el mal tiempo.