Presión para que avance la cooperación policial en la UE

Tras el 11-S, la Unión Europea tomó conciencia de la necesidad de reforzar la cooperación policial (Europol) mediante el intercambio de datos entre los países y la cooperación en materia de justicia (Eurojust). Las posteriores matanzas de Madrid y Londres incrementaron aún más la presión para acelerar la puesta en marcha de varias medidas que avanzaban muy lentamente.

Entre las medidas adoptadas por Bruselas destaca la euroorden, que entró en vigor el 1 de enero de 2004. Iniciativa española cuyos orígenes se remontan a 1997, la euroorden supone un cambio radical y una gran simplificación en los procesos de detención y entrega de delincuentes. Sustituye el antiguo, lentísimo y poco operativo sistema de extradición. La nueva medida se aplica exclusivamente cuando se trata de alguno de los 32 delitos calificados como graves, como los relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.

El cambio sustancial es que las peticiones se realizan directamente entre jueces, sin necesidad de comisiones rogatorias, ni intervenciones de los Gobiernos que las pueden paralizar.

Otra medida, aprobada el pasado noviembre, es la obligación de almacenamiento de datos. Las compañías telefónicas y las operadoras de Internet tienen la obligación de guardar los datos de las comunicaciones efectuadas por sus usuarios durante un periodo que oscila entre seis y 24 meses. Los datos que se deben retener se refieren a los números de teléfono de origen y destino, la duración, localización territorial y el momento en el que se haya producido la comunicación. En ningún caso la información afectará al contenido de las comunicaciones, para lo que se requiere siempre una orden judicial.

También se ha avanzado en la coordinación policial. La oficina de policía europea, que depende del Consejo Europeo, tiene un sistema de financiación específico que se nutre de los Estados miembros.