El Congreso de EE UU planta cara a Bush

Un total de 44 páginas de un informe del Congreso de Estados Unidos concluyen que George W. Bush no puede esgrimir que posee "amplios poderes presidenciales" para autorizar el espionaje telefónico de sus ciudadanos. En 44 páginas, el Congreso asegura que la Administración Bush ha entrado en colisión con las leyes existentes y que sus argumentos legales son muy débiles a la hora de justificar el espionaje destapado por el diario The New York Times a principios de diciembre del año pasado.

El informe del Servicio de Investigación del Congreso rebate, según revelaba ayer el periódico The Washington Post, la afirmación central hecha en pasados días por el fiscal general, Alberto Gonzales, y por el mismo Bush sobre la autoridad presidencial que esgrimen para ordenar interceptar de forma secreta llamadas de teléfono y correos electrónicos de personas que residen en EE UU con el extranjero. Legisladores demócratas y defensores de las libertades civiles reiteraban ayer su petición de una investigación a fondo y poner fin de inmediato al programa de espionaje electrónico.

La Casa Blanca justifica la Ley Patriótica porque la "amenaza sigue latente"

Los demócratas piden mayor equilibrio entre seguridad nacional y protección de derechos

Libertades civiles frente a seguridad nacional en tiempos de terrorismo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente de EE UU inició una política que parece desequilibrar la anterior ecuación. Al dotar al país con la controvertida Ley Patriótica, Bush puso en peligro "la libertad de todos los estadounidenses", según Caroline Fredrickson, directora de la oficina legal de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), en Washington. La ley se aprobó hace ya más de cuatro años -seis semanas después del 11-S- como un refuerzo de los poderes de la policía en la investigación y vigilancia de supuestos terroristas y para mejorar la coordinación de las distintas agencias y aparatos de seguridad.

Sus dos apartados más controvertidos son la sección 206 y la 215. La primera permite que la policía pueda obtener permisos judiciales para intervenir conversaciones telefónicas o mensajes de correo electrónico. La segunda autoriza el acceso a datos privados, como historiales médicos, transacciones financieras o información sobre préstamos de libros en bibliotecas públicas.

La Ley Patriótica expiraba el pasado 31 de diciembre y, pese a que la Casa Blanca hizo todo lo posible para lograr su extensión, el Senado estadounidense rechazó renovar la legislación antiterrorista por considerar que algunos de sus artículos violan los derechos de los estadounidenses. Sólo prorrogó su vigencia hasta el próximo 3 de febrero.

La decisión constituyó una nueva derrota en el Congreso para el presidente a pocos días de acabar el año y era la segunda, después de que Bush se viera forzado sólo dos días antes a aceptar una enmienda contra la tortura votada por las mayorías republicanas en el Congreso.

Sea como sea, Bush parece decidido a lograr que se convierta en permanente una ley que ha permitido desbaratar algunas células terroristas en EE UU. Y sus primeras declaraciones nada más comenzar el año 2006 fueron en este sentido. "La amenaza terrorista sigue latente. Necesitamos aprobar esta legislación clave para América".

Desde las filas demócratas se considera, y se consideraba, que debe de haber un equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos civiles de los estadounidenses. Bajo el nombre de Patriot se recogen las siglas en inglés de su largo título, cuya traducción es Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo. La ley actualiza lo aprobado 27 años antes en materia de interceptación de comunicaciones electrónicas. El próximo 3 de febrero volverá al Congreso de Estados Unidos la pelea entre sus defensores y quienes consideran que vulnera libertades básicas.

Existía otra batalla en EE UU que ya se ha dado por cerrada, al menos en el Congreso: la enmienda McCain contra la tortura. Tras la amenaza de ser vetada por el propio presidente, una enmienda contra la tortura votada por las mayorías republicanas en el Congreso estadounidense vio finalmente la luz antes de acabar el año.

Bush se vio forzado a aceptar la enmienda contra el trato "cruel, inhumano o degradante" a sospechosos de terrorismo extranjeros. En un abierto desafío a la Casa Blanca, la iniciativa del senador republicano John McCain, veterano del tristemente famoso Hanoi Hilton, centro de detención de prisioneros estadounidenses en el entonces Vietnam del Norte, fue aprobada por el Congreso. Bush amenazó con vetarla si no se contemplaba un requerimiento del vicepresidente, Dick Cheney, quien deseaba que la enmienda excluyera a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Argumentaba que la agencia necesita poderes especiales para llevar adelante su lucha contra el terrorismo. No le quedaba mucha opción a Bush más que aceptar la enmienda si no quería aparecer como un jefe de Estado que defendía la tortura.

Para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, cualquier forma de tortura es inaceptable. En opinión de Amnistía Internacional, también lo es "el coste personal de las medidas antiterroristas que se están aplicando en nombre de la seguridad y la libertad" en países como Estados Unidos.

En la "guerra contra el terror" emprendida por el Gobierno de Estados Unidos, existen innumerables individuos que han sido recluidos "en secreto", en "régimen de incomunicación", y sometidos a "tortura y malos tratos a manos de agentes estadounidenses", asegura Amnistía. Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram, los vuelos secretos de la CIA: ¿Medidas para proteger a los estadounidenses del terrorismo?