Batería de medidas en España

Los atentados del 11-M revelaron cómo la amenaza del terrorismo islamista en España había sido minimizada y pusieron de manifiesto fallos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ello, las primeras medidas se encaminaron a tapar esos agujeros de seguridad y a mantener engrasados los resortes de la lucha antiterrorista, así como implicarse en las iniciativas de coordinación europeas.

Las principales medidas antiterroristas comenzaron a adoptarse con la llegada, a partir de las elecciones del 14 de marzo de 2004, del nuevo Gobierno socialista y se aceleraron tras el cierre de la comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M. La primera disposición fue crear el llamado mando único antiterrorista y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. El objetivo era intentar poner en común todas las informaciones a fin de evitar los fallos de coordinación que facilitaron la perpetración de los atentados que costaron la vida a 191 personas en Madrid.

El Ministerio del Interior, para atajar la descoordinación, también creó un sistema de datos policiales de acceso conjunto sobre DNI, armas y explosivos, partes de viajeros, huellas digitales y muestras de ADN. Pero para combatir eficazmente la nueva amenaza, faltaban sobre todo policías, guardias civiles y agentes del CNI. Los tres cuerpos han sido reforzados con un millar de funcionarios en conjunto dedicados al terrorismo islamista, además de varias decenas de traductores para agilizar las escuchas telefónicas.

El Gobierno, además, impulsó una nueva legislación para el control de explosivos, ya que el descontrol y la falta de vigilancia en los polvorines mineros facilitaron que los terroristas del 11-M se hicieran con más de 200 kilos de dinamita Goma 2. Además, se activó la comisión de vigilancia de actividades del terrorismo, que en su corta existencia ha logrado bloquear fondos por valor de 500.000 euros relacionados con redes islamistas.

La medida más visible es el Plan Operativo de Lucha contra el Terrorismo, que incluye la participación del Ejército en caso de necesidad. El plan está pensado para proteger las instalaciones estratégicas (desde nudos de comunicación a centrales de energía) y las zonas de grandes concentraciones de personas.

La vigilancia, cada vez que se activa el plan, es especialmente intensa en estaciones ferroviarias y de autobuses, puertos y aeropuertos, donde se establece la primera barrera a una posible penetración terrorista. España fue el primer país de la UE en obligar a las líneas aéreas a entregar las listas de pasajeros de los vuelos internacionales.

Los planes han supuesto elevar para este año a 368 millones de euros el coste directo de los servicios antiterroristas y el estudio de nuevas medidas de futuro. Entre ellas, Interior ultima un programa de protección de infraestructuras, otro de vigilancia del tráfico y los pasajeros de buques y transbordadores (especialmente de los que enlazan España con Argelia y Marruecos), así como la elaboración de un cuadro normativo para retener datos del tráfico de comunicaciones electrónicas y de control de las tarjetas telefónicas prepago de móviles.