"Es nuestro deber alertar de las graves consecuencias de la aprobación del Estatuto"
El general jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, el teniente general José Mena Aguado, aseguró ayer en su discurso que el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña "ha desatado" en sus subordinados "una gran preocupación por el futuro de la unidad de España". Tras una primera parte de su discurso de corte institucional, Mena alertó de las "graves consecuencias" que acarrearía la aprobación del nuevo Estatuto si se superasen los "límites infranqueables" de la Constitución, ya que entonces, dijo, "sería de aplicación el artículo octavo" de la Ley Fundamental, que sitúa a las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial. La que sigue es la parte más polémica de su intervención, que incluye los matices que hizo de viva voz sobre el texto escrito:
"Quiero expresar las inquietudes y preocupaciones de cuantos formamos parte de las Fuerzas Armadas, en los momentos que estamos viviendo. Por razón del cargo que ocupo, no debo, en actos como éste, expresar opiniones personales. Pero tengo la obligación de conocer los sentimientos, inquietudes y preocupaciones de mis subordinados y transmitirlos, como es habitual, a la máxima autoridad de mi Ejército, y hacerlos públicos, por expreso deseo de aquéllos.
En mis visitas a las unidades durante los últimos meses, he podido constatar que las dos grandes preocupaciones de los cuadros de mando y militares profesionales de tropa son el terrorismo y el futuro de la unidad de España (...). La preocupación por la unidad de España se ha desatado con la presentación del proyecto de Estatuto de Cataluña. En todos mis encuentros con cuadros de mando y tropa (...) he pretendido transmitirles un mensaje de tranquilidad, no exento de inquietante preocupación. Siempre he recalcado que los militares no debemos entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente corresponden a los políticos. Ahora bien, es nuestra obligación alertar de las graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución, como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña en los términos que está planteado.
Tres aspectos son verdaderamente preocupantes para nosotros. El primero es el término de nación, en el que no voy a entrar, porque el artículo 2º de la Constitución española lo expresa clara y rotundamente.
El segundo es el de la lengua. El hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa autonomía de la misma forma que actualmente se regulan los destinos en el extranjero. Es decir, que los destinos a Cataluña, País Vasco y Galicia estarían supeditados a la voluntariedad de los militares que quisiesen acreditar el conocimiento de la lengua que fuese exigible en cada comunidad.
El tercero está relacionado con la Justicia. Las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el territorio nacional. La actual independencia de los tribunales de justicia de las autonomías crea graves problemas en las fuerzas armadas al producir sentencias dispares por hechos similares que, sin estar incursos en el ámbito estrictamente castrense, cuyo tratamiento corresponde a la jurisdicción militar, afectan al régimen interior de las bases, acuartelamientos o establecimientos militares y a las expectativas profesionales de cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas. Este problema se agravaría mucho más con la aparición de poderes judiciales autonómicos, independientes del Estado.
Afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía. De ahí que reitere mi mensaje de tranquilidad. Reitero mi mensaje de tranquilidad. Pero si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos, afortunadamente, parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: 'Las fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional'. No olvidemos que hemos jurado o prometido, guardar y hacer guardar la Constitución. Y para los militares, cualquier juramento o promesa constituye una cuestión de honor".
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