El Estado gastará 1.400 millones al año para implantar la Ley de Dependencia

Más de un millón de españoles - en concreto 1.125.190- que no pueden valerse por sí mismos ven más cerca su derecho a ser atendidos por el futuro Sistema Nacional de Dependencia. El anteproyecto de la ley, presentado ayer por el Ejecutivo, establece que los dependientes deberán acreditar cinco años de residencia en España, prevé que los cuidadores familiares perciban un sueldo, crea los órganos de control del sistema y concreta el gasto inicial del Estado para implantarlo: 12.638 millones de euros de 2007 a 2015 (unos 1.400 millones de media al año).

La ley estrella del Ejecutivo socialista empieza a perfilarse.

Su anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre. Se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Estas personas (más de un millón de españoles, cantidad que crecerá hasta un millón y medio en 2020) son sobre todo mayores de 65 años. Tradicionalmente han sido atendidos por las familias y básicamente por las mujeres (un 83% del total) de mediana edad.

A continuación se repasan los principales aspectos.

- Quién tiene derecho. Cualquier español mayor de tres años que necesite ayuda para sus actividades básicas por su incapacidad y que haya vivido cinco años en España, dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. También los inmigrantes que lleven un tiempo residiendo y trabajando en España, pero no los jubilados de países de la UE, a no ser que sus naciones de origen paguen los servicios, según adelantó ayer Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En todo caso, el texto del anteproyecto apunta que se podrán "establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España".

- El acceso. El usuario debe solicitar a su comunidad autónoma que se reconozca su derecho como dependiente por un órgano de valoración. Habrá un baremo estatal que medirá su situación. Con ello se crea un Programa Individual de Atención en el que se determinarán los servicios que necesite el usuario (desde teleasistencia o ayuda domiciliaria al ingreso en una residencia, pasando por centros de día o de noche, por ejemplo); la financiación del servicio en un centro privado si no es posible acceder a uno público o concertado, o, excepcionalmente, una prestación para que sea atendido en su familia. El cuidador principal estará afiliado a la Seguridad Social.

- Lo que costará y quién pagará. Atender a todos los dependientes una vez implantado el sistema costará unos 9.000 millones de euros al año, un 1% del PIB, 7.000 millones más que los que se gasta ahora. Entre un 30% y un 35% del coste lo pagarán los usuarios, en función de su renta y patrimonio. El resto, el Estado (la mitad, según las previsiones del Gobierno) y las comunidades autónomas y los ayuntamientos (la otra mitad). Caldera añadió que el Estado gastará 12.638 millones de euros hasta 2015 de forma gradual para implantar el sistema. Desde los 400 millones de euros de 2007 a los 2.212,9 millones en 2015. El anteproyecto afirma que las medidas de protección "podrán ser ampliadas por las administraciones autonómicas y locales, por propia iniciativa y con cargo a sus presupuestos".

- De dónde saldrá el dinero. De los Presupuestos Generales del Estado, dijo Caldera. No se tocará el superávit de la Seguridad Social. Tampoco se subirán los impuestos.

- Los órganos del control. El anteproyecto fija la creación del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, integrado por Gobierno y comunidades autónomas, que fijará los baremos de dependencia, los criterios de renta y patrimonio de los usuarios, la prestación económica sustitutoria o el salario que recibirá el familiar cuidador. Igualmente, fijará los criterios para los convenios con las comunidades autónomas. Además, crea un Consejo Consultivo en el que, junto con las administraciones públicas (también las locales), estarán los agentes sociales. Igualmente, supervisarán el sistema el Consejo Nacional de Discapacidad y el Consejo Estatal de Mayores.

- El calendario. El anteproyecto, de 29 páginas, se discutirá con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial el 18 de enero, recibirá el dictamen del Consejo Económico y Social y antes de dos meses se llevará al Congreso, dijo Caldera. Según sus cálculos, la ley estará vigente el 1 de enero de 2007, fecha en la que las personas más imposibilitadas (unas 201.000, las que padecen gran dependencia o dependencia de grado III),

recibirán atención ese año. Hasta 2015, se irán incorporando gradualmente el resto de los españoles acreedores del nuevo derecho que establece la ley, en grado inverso de necesidad. El texto introduce dos niveles (1 y 2, siendo éste el más grave) en cada grado. Es decir, que habrá seis tipos de dependencia.