Horizonte despejado

Cuatro han sido los principales ejes sobre los que se ha movido la política de territorio y vivienda en el último año: el medio ambiente, los residuos, la vivienda y la innovación legislativa. El primero, el medio ambiente. Este año concluye con diecisiete parques naturales, dos más que el año pasado (Serra Gelada y Hoces del Cabriel, el de mayor extensión de todo el territorio valenciano), 21 parajes naturales municipales que suman más de 7.000 hectáreas protegidas, y 120 km. de costa totalmente protegidos. Son estas algunas de las cifras más destacadas en cuanto a protección de nuestro patrimonio natural, en un territorio, el de la Comunidad Valenciana, que tiene actualmente el 96,1% de su suelo declarado no urbanizable. Unas cifras que desdicen algunos de los tópicos que con mayor fortaleza mediática se han propalado en el último año. Este año nos hemos acercado a las 700.000 hectáreas protegidas, lo que significa que hemos ganado alrededor de un punto en protección respecto al pasado año, al pasar del 27,3% al 28,4% de territorio protegido.

La política medioambiental se ha complementado con una mejora considerable en la calidad de nuestras aguas (se ha afianzado nuestro liderazgo en la consecución de banderas azules) y un mayor conocimiento y análisis del aire que respiramos y que servirá para poner en marcha políticas activas de cara a los próximos años. A ello hay que añadir una eficaz política de prevención de incendios que nos permite mantenernos en la ratio de las 3.000 hectáreas anuales y una reforestación que se acerca a las 10.000. Con esta discriminación positiva atajamos el déficit que se ocasionó hasta 1994, año en que conviene recordarlo, con el PSPV-PSOE en la Generalitat, se quemaron 145.000 hectáreas.

En segundo lugar, situaré la resolución definitiva del mapa de residuos. Una vez aprobados todos los planes zonales, el pacto alcanzado entre la FMPCV, los empresarios y el PP y el PSPV al que después se unió el BNV, ha facilitado la constitución de todos los consorcios necesarios para elaborar las estrategias propias de cada zona. Durante años, los residuos han sido el aguijón con el que algunos ayuntamientos han tratado de desempolvar ancestrales disputas territoriales o los han aprovechado como dardo para reivindicaciones de todo tipo. La realidad tras este 2005 es muy diferente. Todos los consorcios de residuos están constituidos. La Generalitat ha cumplido su compromiso de cerrar el Plan Integral de Residuos y ahora las decisiones para la construcción de plantas de residuos, sus aprovechamientos o el reciclaje podrán ser mucho más ágiles.

En tercer lugar, podemos asegurar sin ambages que este año ha sido el gran año de la vivienda protegida. Los programas iniciados a finales de 2003 han empezado a dar sus resultados. Hoy nos situamos, con más de 50.000 viviendas protegidas, en una situación de privilegio para afrontar los dos próximos años. Tenemos la seguridad de que el inicial objetivo del presidente Camps de propiciar el acceso de 100.000 familias con recursos económicos escasos a una vivienda será una realidad. La reciente firma del convenio con la ministra de Vivienda para el Plan 2005-2008, así lo atestigua. Aun cuando algunos incrédulos afirmen que se han sentido sorprendidos porque una ministra del gobierno socialista haya asegurado que en la Comunidad Valenciana se cumple de sobra con los planes de vivienda. Una razón que ha servido para incrementar el fondo de reserva de eficacia destinado a vivienda protegida en nuestra Comunidad. Los números, una vez más, hablan por sí solos. La música estridente de las últimas semanas de algún socio listo se ha visto acallada por el diapasón de la propia ministra de Zapatero. Una vez más, la falta de alternativa y la confusión de ideas en el socialismo valenciano han resultado clamorosas. Como ya ha ocurrido con la protección del territorio, los números vuelven a poner los silencios sobre los chirridos disonantes de la dirección de un partido socialista que ha rechazado pactar el desarrollo territorial y urbanístico, incluso allí donde muchos alcaldes socialistas actúan al margen cuando no en contra de sus líderes.

Finalmente, y en cuarto lugar, la innovación legislativa en materia territorial y urbanística ha cerrado en 2005 el círculo virtuoso que se puso en marcha en 2004 con la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP). Las últimas semanas, con una ley, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), felizmente aprobada en las Cortes Valencianas levantando acta de defunción de la LRAU socialista, hemos echado el candado a la renovación legislativa emprendida. Nunca antes un cambio legislativo había tenido tanto calado social, ni se había acometido con tanta responsabilidad dentro de una misma cesta en la que cada mimbre tiene su engarce con el vecino. Hasta el punto, que hoy la LUV, la LOTPP, la Ley de Suelo No Urbanizable y la Ley de la Vivienda son como aquellas cerezas que al estirar la primera, es imposible separarla del resto. La compleja cesta legislativa ha puesto los cimientos y la estructura del nuevo edificio en materia territorial, medioambiental y urbanística para las próximas décadas. Ofrece la seguridad jurídica que se necesitaba y, de manera especial, ordena un futuro de progreso que tiene en el territorio su principal potencial, tanto de crecimiento como de protección.

Estamos por tanto ante un año en el que han brillado más las luces que las sombras y algunas de estas últimas, como la LRAU, han desaparecido totalmente del horizonte.

El 2005 ha superado una gran parte de los obstáculos planteados con un exceso de ruido por una oposición cegada en la aporía de que "cuanto peor para todos, mejor para ellos". Toda una hoja de ruta socialista, que los valencianos continúan considerando, transcurrido ya el ecuador de la legislatura, totalmente rechazable.

Rafael Blasco es consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana.