Las tres cajas cuentan desde julio con un texto de la nueva ley adaptada a su fusión

Las direcciones de las tres cajas de ahorros del País Vasco disponen desde el pasado mes de julio de un documento entregado por el Departamento de Hacienda que recoje cómo quedaría el texto de la futura ley autonómica que regula la actividad de estas entidades de crédito con las adaptaciones que requerirían las condiciones de fusión pactadas por los presidentes de la BBK vizcaína, la Kutxa guipuzcoana y la Vital alavesa. Sin embargo, desde ese mes en que se presentó oficialmente la fusión, actualmente paralizada por sus promotores por la falta de un consenso político que la respalde, las entidades todavía no han contestado si están conformes con dicho borrador o qué nuevas modificaciones estiman que sería necesario introducir, según señalan fuentes del Ejecutivo.

"La reforma de la ley de Cajas no va a ser problema para la fusión. Esto se les ha dicho por activa y por pasiva a los presidentes" de las tres entidades -Xabier de Irala, de la BBK; Carlos Etxepare, de la Kutxa, y Gregorio Rojo, de la Vital-, asegura un portavoz de la Vicepresidencia. En el departamento que dirige la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, existe un cierto malestar por la insistencia de los presidentes de las tres entidades en que sea el Gobierno quien saque la operación del atasco en que ha quedado al menos hasta la celebración de las elecciones municipales y forales del próximo año.

El PSE decidió a comienzos del pasado mes de octubre abortar el proceso, cuya puesta en marcha sigue apoyando, ante el rechazo rotundo mostrado por el PP, en cuya compañía consiguió el control de la Vital. El temor a que los populares pudiesen capitalizar electoralmente en 2007 la fusión, presentándola como una pérdida para los ciudadanos alaveses, pese a las garantías y los equilibrios internos acordados por los presidentes de las cajas, llevó al PSE a congelarla, a la espera del nuevo mapa político que salga de las elecciones.

Los máximos responsables de las tres entidades crediticias consideran que esta situación podría desatascarse si el Ejecutivo aprobase el proyecto de la reforma de la ley de Cajas, que permitiría y daría cobertura legal a la operación y a los compromisos pactados por las propias entidades.Irala, Etxepare y Rojo estiman, según las fuentes informantes, que la plasmación en un texto legislativo de los acuerdos alcanzados entre ellos que aseguran una presencia equilibrada de las tres provincias en la futura asamblea y los órganos de gobierno de la entidad fusionada, así como el reparto según los mismos criterios de las sedes y de la obra social, podría ayudar a despejar cualquier reticencia social y política. "Seguramente, el PP seguiría en contra, pero entonces le sería muy difícil mantener el discurso de que a los alaveses les van a quitar su caja", apunta un directivo de una de las entidades de ahorro.

La existencia de ese texto legal, añade esta misma fuente, podría empujar además al PSE alavés a revisar su decisión, al dotarle de argumentos para rebatir las acusaciones de los populares. "Si no se avanza en el marco legal, va a ser muy difícil en estos momentos convocar unas asambleas para aprobar la fusión", insiste dicho directivo.

Es dudoso, sin embargo, que los socialistas alaveses se aventuren a activar la operación mediante un acuerdo con el PNV en la asamblea general de la Vital, a menos de un año y medio de las elecciones municipales y forales de 2007 y abriendo a los populares un flanco muy propicio para el ataque.

Malestar en el Ejecutivo

En cualquier caso, el equipo qeu encabeza la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ya ha comunicado oficialmente a los presidentes de la BBK, la Kutxa y la Vital que el Gobierno no piensa llevar al Parlamento un proyecto de reforma de la actual ley de Cajas que dé cobertura legal a su fusión mientras no se produzca el acuerdo en dicho sentido de las asambleas de las tres endidades. "Lo contrario sería poner el carro delante de los bueyes y legislar para un futurible", manifiesta un portavoz del Departamento de Hacienda. No oculta este portavoz que en el Ejecutivo ha molestado la insistencia de los presidentes en pedir públicamente la aprobación de la ley. Ello supondría de algún modo que el Gobierno pasase a encabezar la fusión, cuando siembre ha resaltado que la operación no tenía un impulso político, sino que ha partido de las entidades y por razones esencialmente empresariales.

Ese malestar lo ha alimentado el hecho de que los presidentes de las tres cajas conocen las líneas maestras de la futura ley desde días antes de que se hiciese pública, el pasado mes de julio, su intención de abordar un proceso de fusión. En esas fechas, y de acuerdo con un estudio previo elaborado en su día por la consultora Landwell y a los propios pactos establecidos por los máximos mandatarios de las tres entidades, el Departamento de Hacienda les entregó un borrador de una veintena de folios. Este texto recoge de una forma articulada los cambios necesarios en la ley de Cajas para adaptarla a las condiciones de la fusión, y que sean al mismo tiempo compatibles con la ley estatal reguladora de los órganos rectores de las cajas de ahorro (la LORCA).

Los responsables de Hacienda pidieron a las cajas que les comunicasen sus observaciones sobre el borrador del proyecto para introducir los cambios que fuesen oportunos, pero, según fuentes conocedoras del proceso, aún no ha habido respuesta. Una explicación de ese silencio puede ser el embarrancamiento de la fusión, pero tal circunstancia no justifica, añaden, que las cajas quieran pasar la patata caliente al Gobierno.

En algunos artículos del borrador preparado por el Ejecutivo, según las mismas fuentes, se hace auténtico "encaje de bolillos" para conciliar los equilibrios políticos y territoriales pactados por los presidentes de las tres entidades en lo que se refiere a los órganos de representación y rectores con los principios básicos fijados por la LORCA. En determinados casos, para orillar obstáculos insalvables, se evita entrar en detalles y se remite a lo que se establezca en un futuro en los estatutos y reglamentos electorales de la entidad fusionada, así como en los propios acuerdos de fusión, normas que son menos recurribles que la modificación de la ley autonómica.

No obstante, las cajas estiman que el apartado que puede causar mayores problemas es mantener tras la fusión el "equilibrio fiscal" que existía con tres entidades independientes. Un ejemplo ilustra esta dificultad: en la hipótesis de que la futura caja vendiese la participación que ahora posee la BBK en Iberdrola, ¿en qué Hacienda foral se tributarían las multimillonarias plusvalías obtenidas?