¿El presupuesto más social de la historia?

El presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2006 ha sido calificado como "el más social de la historia". Eso sí, quien le ha dado tal calificativo ha sido el propio Gobierno de la Generalitat. Pero, a la vista de su contenido, desde CC OO-PV consideramos que, no tan sólo no es el más social de la historia, sino que ni siquiera puede ser calificado como de carácter netamente social. Se trata de un presupuesto continuista, de bajo perfil social, con voluntad privatizadora, alejado de las necesidades del entramado productivo. Por si fuera poco, si atendemos a lo ocurrido en años anteriores, el documento nace con pocos visos de cumplimiento. Vayamos por partes.

El debate presupuestario se ha convertido en un mero trámite parlamentario, donde el instrumento más importante y decisivo del Consell para el próximo año pasa casi inadvertido para la opinión pública, y como un rodillo sobre las Cortes. Así, de las 5.431 enmiendas presentadas por la oposición, el Partido Popular sólo ha aprobado 27, todas ellas sin alcance político, y sin que signifiquen mover un euro del proyecto presupuestario presentado por ellos mismos.

El presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2006 dota de insuficientes recursos a los servicios públicos, si lo que se pretende es ofrecer una atención de calidad. No prevé, además, las necesidades futuras que se derivan del continuado crecimiento demográfico en nuestro país. Baste recordar que, en los últimos 5 años, la población del País Valenciano ha crecido cerca de un 14%, sin que ese crecimiento se haya acompañado por un incremento en los mismos términos de la dotación presupuestaria para inversiones y funcionamiento de los servicios públicos, lo que redunda en una menor calidad de los mismos. Además, y apoyándose como excusa en este deterioro de los servicios públicos debido a esta falta de recursos, continúa y se consolida la tendencia privatizadora de los de mayor carácter social, dejándolos en manos de empresas o entidades privadas para que sean ellas las que desarrollen una labor que corresponde al sector público. El resultado son auténticos sumideros de recursos públicos y un nido de opacidad (recordemos Ciegsa). Más allá de las continuas proclamas desde el ejecutivo valenciano, advirtiendo de las necesidades de nuestro entramado y modelo productivo (I+D+i), poco o nada se hace al respecto. El presupuesto de 2006 en política industrial no apuesta de forma decidida por la consolidación de estrategias encaminadas a dotar de mayor valor añadido a lo producido en nuestro país.

Un análisis del gasto más detallado por consejerías confirma lo advertido con anterioridad:

-La Consejería de Ciencia, Empresa y Universidad muestra la escasa apuesta por la I+D+i. Los tres programas que explícitamente contienen líneas de gasto en esta cuestión ven reducido su presupuesto en más de 28 millones y medio de euros con respecto a los presupuestos de 2005.

-La Consejería de Sanidad contempla un aumento muy importante del gasto en prestaciones farmacéuticas, sin que haya líneas presupuestarias claras para su racionalización y control. Se incrementan las cuantías dedicadas a prestaciones externas (por ejemplo, resonancias magnéticas), donde se les abonan a la sanidad privada unas cuantías que, acumuladas año tras año, habrían permitido realizar la inversión necesaria para que el propio servicio público de salud ejecutara el servicio.

-En la Consejería de Cultura, Educación y Deporte hay un importante recorte de las inversiones reales en educación secundaria en casi 8 millones de euros, y un aumento de los conciertos con colegios privados. Además, no aparece ninguna línea presupuestaria que haga referencia a cuestiones de gran relevancia, como la integración de los inmigrantes en el sistema educativo.

-En la Consejería de Bienestar Social aumentan los convenios destinados a instituciones privadas. Se pone en marcha la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa).

Por último, el presupuesto que se aprueba cada año en las Cortes poco tiene que ver con el que se ingresa y gasta cada año. Así, las modificaciones presupuestarias, que trasvasan cantidades de unos apartados a otros, se convierten en las grandes protagonistas. De los 825,3 millones previstos en el presupuesto de 2004, para ejecutar proyectos por parte de la Generalitat en concepto de inversiones reales, efectivamente se gastaran 790,7 millones de euros. De hecho, el estado de ejecución del presupuesto del año 2005, en septiembre de este año, sólo representa el 16% de las inversiones presupuestadas. Por si fuera poco, y pese a la falta de inversiones y dotación presupuestaria para asuntos claves como los ya comentados, según los datos del Banco de España, la deuda de la Generalitat Valenciana asciende en el tercer trimestre de 2005 a 9.564 millones de euros. Esto sitúa al País Valenciano en los valores de deuda respecto del PIB más elevados de España, con un endeudamiento que supone un 11,1% del PIB, cuando la medida nacional es del 6,1%. Esta situación muestra indudablemente el fracaso de las políticas de contención y del plan de saneamiento que el mismo Consell suscribió. Por todo ello, desde CC OO-PV consideramos fundamental un cambio de rumbo en la política presupuestaria que, de verdad y sin proclamas huecas, dote al presupuesto de un marcado carácter social. Este pasa, indudablemente, por la calidad de los servicios públicos, la transparencia, la racionalidad en el gasto, la progresividad en los ingresos, y en definitiva por un Consell que se dé a sí mismo del instrumento necesario para la consecución del bienestar social y la cohesión de nuestro territorio.

Joan Sifre i Martínez es secretario general de CC OO-PV.