Atento, fumador

ESTE domingo entra en vigor la "Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco", conocida como Ley del Tabaco. Responde esta ley, entre otras razones, a la necesidad de proteger a los no fumadores frente a la falta de consideración por parte de muchos fumadores, creando ambientes libres de humo de tabaco; a la de contrarrestar la preocupante precocidad con la que los adolescentes se inician en este hábito, y a la de enfatizar los perjuicios para la salud del tabaquismo a fin de reducir el número de fumadores.

La ley introduce una serie de limitaciones en espacios públicos y laborales que, en algunos casos, supondrán gastos y molestias, en particular en el sector de la hostelería. Es claro que habrá que afrontar estos cambios para cumplir la ley y que muchos fumadores tendrán que cambiar de costumbres y ser más cuidadosos con el entorno físico y humano cuando encienden un cigarrillo. Los poderes públicos, si quieren que la ley alcance la eficacia necesaria, tendrán también que diseñar alguna estrategia ante la agresiva política de algunas marcas tabaqueras que están lanzando nuevas labores a precios muy bajos para intentar mantener la clientela juvenil.

Los motivos son, pues, loables y las medidas previstas son sensatas, aunque no de forma general. La ley, por ejemplo, va más allá de lo exigible cuando prohíbe taxativamente la existencia de locales para fumadores en los centros de trabajo, prohibición que no se explica por las razones antes apuntadas, sino que quizá tenga que ver con algunos de los argumentos avanzados durante la tramitación parlamentaria. En efecto, se llegó a afirmar por sus defensores en el curso de los debates, que dicha prohibición estaba dictada no sólo por la necesidad de proteger a los no fumadores de los fumadores, sino también a éstos de sí mismos. Puntos de vista de este cariz no parecen compatibles con la autonomía personal inherente a las personas adultas en una sociedad regida por principios liberales, y no debería nunca aducirse ni servir de motivación para regular los asuntos públicos. Sobre la conveniencia general de una normativa como la que nos ocupa, parece necesario proceder con sentido común y respeto a las libres decisiones de los individuos, siempre que no perjudiquen a los demás.