El constructor de Puertomayor, en La Manga, defiende la legalidad y viabilidad del proyecto

El constructor Tomás Maestre Aznar afirma que el proyecto Puertomayor, un puerto deportivo y un complejo turístico en La Manga del Mar Menor (Murcia), es legal, viable y no supone daño ambiental. Maestre sale así al paso de la demanda presentada por el Ministerio de Medio Ambiente contra el Gobierno de Murcia por haber dado vía libre al proyecto. El constructor asegura que "la ejecución del puerto deportivo en la vertiente mediterránea de La Manga (San Javier, Murcia) no es un permiso de construcción de viviendas, sino que es el fruto del acuerdo otorgado el 4 de julio de 1975 por el entonces Consejo de Ministros, referido a la estricta ejecución de sus infraestructuras y servicios portuarios".

Sobre el proceso seguido por el proyecto desde 1975, Maestre afirma que el Gobierno de UCD "no suspendió nunca, ni en 1982 ni en ninguna otra fecha, licencia alguna a Puertomayor". Y añade: "El Gobierno Regional (PSOE), el 16 de diciembre de 1988, acordó modificar el perímetro interior de la zona portuaria de flotación y ampliar el plazo de su ejecución. Aceptada por Puertomayor tal decisión, el 13 de enero de 1989, reanudó ésta la ejecución de los trabajos, presentando a su vez, dentro del plazo que se le estableció, el Proyecto de Impacto Ambiental".

El constructor recuerda que el director regional de Medio Ambiente de la comunidad suspendió en abril siguiente las obras, suspensión que fue confirmada por el Consejo de Gobierno en junio. "Todos aquellos acuerdos fueron declarados nulos, por ser contrarios a derecho, por sentencia de 22 de junio de 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, reconociendo, además, a favor de Puertomayor la situación jurídica individualizada de su derecho a construir el Puerto Deportivo conforme a lo resuelto por el PSOE en 16 de diciembre de 1988, sentencia que fue confirmada por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo", añade.

En cumplimiento de lo anterior, siempre según el relato de Maestre, la Consejería de Obras Públicas, como trámite previo a la reanudación de los trabajos, impuso a Puertomayor la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental. El 16 de abril de 2002, la Secretaría Regional de Agua y Medio Ambiente aprobó la Declaración de impacto ambiental sobre el Proyecto de Dragado del ámbito portuario interior de la repetida concesión.

En octubre de 2003, 14 años después de la paralización de las obras, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería levantó la suspensión de las obras, según la versión de Maestre. El 13 de agosto de 2004, con el PSOE en el Gobierno central, el Ministerio de Medio Ambiente requiere al presidente de Murcia la declaración de nulidad de las anteriores resoluciones y le pide que declare caducada la concesión de 1975 y paralice las obras. La Comunidad rechaza la petición por su "extemporaneidad", según Maestre. En marzo de 2005, el abogado del Estado interpone recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Informes medioambientales

Maestre, asimismo, niega que "exista una Declaración de Impacto Ambiental de 2.155 viviendas, locales comerciales, etcétera", y que la Dirección General de Costas "informara muy negativamente el Proyecto en 1999 por los efectos muy negativos sobre praderas de poseidónea oceánica y por la destrucción de extensas superficies de playa".

Maestre rechaza que uno de los socios de la promotora fuera un alto cargo del PP de Murcia. "Ningún alto cargo del PP fue jamás socio de la empresa. La persona a la que parece referirse el periodista nunca tuvo tal condición y sí tan sólo la de consejero durante dos meses".

El constructor niega "que exista una causa de nulidad motivada en un informe de noviembre de 1997, informe que carece de toda autoridad jurídica en el proceso que se comenta". Sobre la destrucción de playa atribuida al proyecto explica que "el acuerdo de construir dicho puerto constituyó una decisión del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la legislación vigente en la materia y, en uso de su potestad de selección de lo que estimó ser más favorable al interés general".

Maestre lamenta "la suma de un baile de grotescas decisiones administrativas a las que ha sido sometido el grupo empresarial que, durante los últimos 30 años, levantó La Manga desde su cero más absoluto hasta el gran centro turístico que es hoy".