La Fiscalía navarra ve indicios de delito en una fundación popular

La Fiscalía del Tribunal de Justicia de Navarra aprecia indicios de delito en el caso de la Fundación Humanismo y Democracia y se ha inhibido en favor de la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid. El TSJM ya tiene en su poder el informe sobre las presuntas irregularidades contables de la fundación del PP cometidas en Navarra mediante el desvío de subvenciones del Gobierno foral destinadas a programas de cooperación.

El fiscal jefe de Navarra, Javier Muñoz, ha remitido el expediente investigador y la resolución motivada a Madrid al constatar que los hechos objeto de su investigación se produjeron en la capital de España.

La Fiscalía navarra ha ratificado las sospechas previas de los inspectores del departamento de Bienestar Social del Gobierno navarro, de UPN-CDN, que apreciaron un presunto delito contra la Hacienda pública por parte del ex director gerente de la Fundación Humanismo y Democracia, Ricardo de León, por el incumplimiento de las condiciones fijadas en la subvención de dos proyectos de salud en República Dominicana. Además, se apuntaba un presunto delito de falsedad documental por parte del empresario Gonzalo Ruiz, representante de las entidades interpuestas que presentaron facturas presuntamente falsificadas por valor de más de 15.000 euros.

El Gobierno navarro apreció finalmente un presunto delito de cohecho por parte de José Luis Alli, ex director general de Bienestar Social, y de Gonzalo Ruiz. El caso derivó en el cese de cuatro altos cargos.

El Ejecutivo foral, en manos de los socios navarros del PP, reclamó a Humanismo y Democracia la devolución de 116.000 euros correspondientes a uno de los cuatro programas de cooperación en República Dominicana y Bolivia en los que se centran las investigaciones.

Devolución de 30.000 euros

Humanismo y Democracia ha reconocido la existencia de irregularidades contables e incluso ha devuelto al Gobierno foral más de 30.000 euros cobrados indebidamente. El Gobierno navarro mantiene abiertos cuatro expedientes que suman más de 300.000 euros sobre los que se centran las sospechas de presunto desvío de fondos.

La fundación también es objeto de una investigación por parte del interventor general del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ordenó un informe de control fiscal, que deberá ser presentado a final de año, después de que el grupo municipal socialista denunciara irregularidades en 12 programas destinados a la ayuda al desarrollo, subvencionados por el Consistorio entre 1995 y 2004.

Según la portavoz socialista en el Consistorio de la capital, Trinidad Jiménez, en los expedientes municipales hay pruebas documentales de que se produjeron irregularidades.

Entre ellas, Jiménez denunció la falsificación de firmas de los usuarios de los proyectos, que el anterior gerente se contrató a sí mismo como personal expatriado, cobró por ambos sueldos y parte del último lo cargó a los fondos del Ayuntamiento, o que se justificó la construcción de viviendas en Honduras para los damnificados del huracán Mitch, que nunca fueron levantadas.