El fiscal pide 103 años de cárcel y pena de alejamiento para el supuesto asesino de Buesa

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, pidió ayer penas que totalizan 103 años de prisión para el etarra Diego Ugarte López de Arcaute por los asesinatos del portavoz socialista en el Parlamento vasco Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, además de cinco años de alejamiento del municipio donde resida la familia de la víctima. Esta es la primera vez que se pide la pena de alejamiento desde que lo propusiera el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, el pasado día 5, en sendas cartas dirigidas al ministro de Justicia y al fiscal general del Estado.

Jesús Santos pidió la pena de cinco años de alejamiento, la máxima establecida en el momento del atentado, que proscribe a Ugarte residir o trabajar en el mismo municipio donde residan las familias de sus víctimas, acercarse a ellas o a la ciudad de Vitoria, lugar donde se cometió el atentado. Santos hizo alusión en su informe al caso de Kandido Azpiazu, que tras cumplir la condena por el asesinato de Ramón Baglietto, instaló su negocio de cristalería en los bajos de la vivienda donde reside la viuda de su víctima. La pena comenzará a surtir efecto cuando el etarra salga de prisión, tanto por la obtención de beneficios penitenciarios como por el acceso al tercer grado de tratamiento o la libertad condicional.

Pero Ugarte deberá cumplir antes las penas de prisión que le imponga el tribunal y que el Ministerio Fiscal ha cifrado en un total de 103 años de cárcel. El fiscal acusó a Ugarte de pertenecer al comando Ituren, de ETA, que, siguiendo órdenes de Javier García Gaztelu, Txapote, asesinó el 22 de febrero de 2000 al parlamentario Fernando Buesa y a su escolta, Jorge Díez, mediante un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos.

Llamamiento de Peces-Barba

Por su parte, el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, agradeció al ministro de Justicia y al fiscal general del Estado la "celeridad" con la que han atendido sus sugerencias "para que las víctimas no tengan que soportar la proximidad física de los terroristas una vez que han salido de la cárcel", informa Patricia Martín. El Alto Comisionado afirmó también que le parece "acertado y positivo" que la Fiscalía revise la situación económica y patrimonial de los condenados para comprobar si pueden hacer frente a las indemnizaciones.

Peces-Barba aprovechó la Navidad para hacer un llamamiento de unidad a todos los colectivos de afectados por el terrorismo. Después de un año de desencuentros con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) expresó su "deseo" de que en 2006 se superen "esas diferencias" que les enfrentan y que, añadió, "sólo benefician a los terroristas".