La sindicatura alerta de que la gestión del Gobierno de CiU hipoteca los presupuestos de la Generalitat

La Sindicatura de Cuentas ha confirmado el escaso rigor contable de los últimos gobiernos de CiU. En un informe entregado ayer al Parlament, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas corrobora los resultados sobre el ejercicio de 2003 de la auditoría encargada por el tripartito al llegar al poder: CiU asumió compromisos de gasto cuyo pago quedó aplazado para 2004 por valor de 2.900 millones de euros. La sindicatura hace hincapié en la gestión del Servicio Catalán de la Salud, que tiene comprometidos pagos por un importe de 2.224 millones de euros hasta el año 2023. El informe advierte de las "severas restricciones presupuestarias" a las que obligarán estas prácticas contables.

La sindicatura entregó ayer al Parlament la fiscalización de las cuentas de 2003 de la Generalitat y sus organismos autónomos. El informe enumera multitud de anomalías contables, aunque muchas de ellas son ajustes derivados de la aplicación de la nueva normativa europea sobre las cuentas públicas (SEC 95). De este modo se explica que con la antigua norma la Generalitat hubiera cerrado el ejercicio de 2003 con un superávit de 284 millones, mientras que ahora la sindicatura lo corrige y confirma un déficit de 1.177 millones de euros. Esta cifra coincide con el resultado negativo de la auditoria encargada a expertos independientes por el tripartito.

En la misma línea, el documento eleva la deuda global de la Administración catalana a 17.364 millones de euros. La cifra incluye el endeudamiento de la Generalitat, el de los organismos autónomos y diversas fórmulas de endeudamiento a las que recurrieron los gobiernos de Convergència i Unió para ocultar la deuda.

El Ejecutivo de izquierdas ha puesto en marcha un plan de saneamiento que prevé alcanzar el equilibrio presupuestario en 2008. A este respecto los síndicos alertan de que la aplicación de este programa, considerando los gastos comprometidos por CiU, "podría comportar severas restricciones presupuestarias, que difícilmente serán sostenibles si no se dispone de mayores recursos derivados de una mejora del sistema de financiación" que se está negociando en la actualidad en el marco del nuevo Estatuto. Opinión que comparte, en el plan, el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells.

El informe específico de la sindicatura sobre el Departamento de Salud hace hincapié en los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. En concreto, el Servicio Catalán de la Salud omitió, por ejemplo, una parte de un convenio con la empresa tecnológica T-Systems -de servicios informáticos-, los costes financieros que se derivaron de una operación de préstamo público al Hospital General de Cataluña y otros compromisos relacionados con la constitución de 10 censos enfitéuticos (figura jurídica parecida al leasing para la adquisición de inmuebles).

El conjunto de compromisos de pago aplazados por el Servicio Catalán de la Salud se eleva a 2.224 millones de euros hasta el año 2023. Por su parte, el Instituto Catalán de la Salud arrastrará otros compromisos hasta 2021 por valor de 169 millones.

Otro tanto sucede con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Los gastos comprometidos en este caso llegan hasta 2021 y su importe es de 197 millones de euros.