El PP valenciano desafía a las instituciones europeas al aprobar la nueva ley urbanística

El PP valenciano desafió ayer a las instituciones europeas al aprobar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) sin ajustarse a las recomendaciones europeas, denunció la oposición. Los populares aprobaron en solitario, gracias a su mayoría absoluta, la norma que deroga la polémica LRAU, cuestionada por el Parlamento Europeo y la Comisión. Socialistas y Esquerra Unida-L'Entesa, los dos partidos de la oposición, votaron en contra después de más de nueve horas de debate. El consejero de Territorio, Rafael Blasco, del PP, se refirió a la LUV como la norma más social y sostenible de Europa.

Las Cortes valencianas alargaron un día más el periodo de sesiones para aprobar en pleno extraordinario la LUV, que sustituirá a la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), aprobada en 1994 por los socialistas y aplicada por los sucesivos Gobiernos autónomos del PP desde 1995. Las críticas del Parlamento Europeo y la Comisión a las leyes urbanísticas valencianas y el varapalo al modelo de crecimiento impregnaron todo el debate.

No hay mejor defensa que un buen ataque. Y ayer los populares salieron a la tribuna de las Cortes acusando a la oposición de deslealtad por utilizar el contenido de los informes europeos contra el Gobierno valenciano, dando pábulo a las denuncias de "grupos de presión europeos" y favoreciendo los "intereses económicos de otros países". Bruselas debe respetar las decisiones que se toman en España y en la Comunidad Valenciana, reclamó en los pasillos del Parlamento valenciano el portavoz popular, Rafael Maluenda, quien se mostró satisfecho por la aprobación de la LUV. "La LRAU ha muerto, descanse en paz", sentenció Maluenda.

La oposición no dio tregua a la ley. El diputado socialista Adolf Sanmartín justificó el voto en contra de su grupo: "No estamos de acuerdo con un modelo de reclasificaciones masivas [de suelo] ni vemos garantizados los derechos de los pequeños propietarios", defectos que, según Sanmartín, perpetúa la LUV. El socialista, dirigiéndose al consejero Blasco, aseguró que el urbanismo valenciano se ha caracterizado durante la última década por su falta de transparencia y "por casos de corrupción confirmados o sobre los que existen sospechas". Este grupo defendió por activa y por pasiva que la LUV "después de enmiendas, a las enmiendas, de las enmiendas" -el PP presentó 109 al texto aprobado por el Gobierno autónomo-, sigue sin definir con claridad el concepto de interés público, ni establece criterios obligatorios para el cálculo de las indemnizaciones, ni revisa la figura del agente urbanizador ni protege a los pequeños propietarios. Tampoco da seguridad jurídica.

El diputado verde Carles Arnal, representante de L'Entesa (coalición formada por Esquerra Unida y otras dos formaciones políticas), se mostró convencido de que la UE volverá "a darnos un tirón de orejas" porque la LUV no cumple con las demandas europeas. "No pasará mucho tiempo antes de que Europa vuelva a reclamar por esta ley. La norma se modificará pronto", aventuró.

Arnal acusó al Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, de estar "cautivo de los intereses especuladores de los grandes empresarios de la construcción, que no están dispuestos a perder la fuente de la que cae el agua que alimenta sus pelotazos urbanísticos". El parlamentario verde recordó que el ultimátum europeo no es para adelantar la aprobación de la LUV sino para adecuar el texto a las directivas europeas.

Fuera de la Cámara, el consejero Rafael Blasco repitió que el texto cumple todos los preceptos comunitarios salvo los referidos a la ley de contratos y a las evaluaciones de suelo, por ser ambos asuntos de legislación básica del Estado.