España, un sistema mejorable
El pasado 21 de septiembre el Comité de Expertos encargado de evaluar la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias emitió un informe sobre la aplicación de la Carta en España que debería llenarnos de orgullo a todos los españoles. Según el Comité, debe elogiarse a España "por el sólido reconocimiento y el alto grado de protección asegurados en principio a las lenguas regionales o minoritarias", cosa que sitúa a España "entre los países más firmemente comprometidos con la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias", gracias a la cooficialidad del catalán / valenciano, gallego y euskera en las comunidades autónomas respectivas y a las correspondientes leyes autonómicas de "normalización lingüística".
No deja de ser interesante constatar que, por las mismas fechas que el Comité de Expertos difundía su encendido elogio de un sistema de protección considerado literalmente "extraordinario", todo un catedrático de universidad como Aurelio Arteta tuviera la ocurrencia de afirmar en esta tribuna de opinión que las mismas leyes de normalización lingüística que nos sitúan a la vanguardia de la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias en Europa son "contrarias al espíritu y la letra"... ¡de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias! (Cooficiales porque sí, 26 de septiembre). De hecho, en los últimos tiempos, acaso coincidiendo con la propuesta de nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, se vuelven a escuchar voces contra los "excesos" de la normalización lingüística, tanto en las tribunas previsibles para estas cosas como en medios tradicionalmente más ponderados. Un empeño en el que no falta, como siempre, la estricta demagogia o incluso la mera ignorancia, como las que exhibía recientemente en estas páginas Ángel de la Fuente (Reflexiones sobre el proyecto de Estatuto catalán, 5 de octubre) sosteniendo que el proyecto de Estatuto "proscribe" el castellano de un sistema educativo que paradójicamente establece el deber de conocerlo al finalizar la enseñanza obligatoria, afirmando lo propio de unas administraciones públicas ante las cuales los ciudadanos tienen reconocido el derecho de opción lingüística, o ridiculizando el nivel de catalán que se exige a los médicos forenses en Cataluña con el burdo argumento de que los forenses sólo examinan cadáveres.
Pero la verdad es que en su informe el Comité de Expertos no se limita a elogiar un sistema de protección basado en algo que Arteta, de la Fuente y otros consideran auténticas "tropelías". El Comité de Expertos también pone de relieve una serie de "inconvenientes" en este extraordinario sistema, algunos de los cuales tienen suficiente envergadura para que el Comité de Ministros del Consejo de Europa los haya convertido en "recomendaciones" a las autoridades españolas para que mejoren la protección de las lenguas regionales o minoritarias de España -es decir, para que vayan todavía un poco más lejos de lo que Arteta y compañía ya consideran demasiado lejos-.
Veamos un ejemplo. En el momento de ratificar la Carta, uno de los compromisos que adquirió España fue el de garantizar que en las comunidades autónomas donde se habla catalán / valenciano, gallego y euskera los tribunales pudieran llevar a cabo los procedimientos en las lenguas respectivas a requerimiento de una de las partes procesales. Cualquiera que viva en una de las comunidades autónomas relevantes puede calibrar lo fantástico del compromiso. Si ya es muy difícil que un juzgado se dirija a uno en la lengua cooficial distinta del castellano, esperar que todo el procedimiento se lleve a cabo en esa lengua es hoy por hoy un objetivo simplemente inalcanzable. No es extraño, pues, que ése sea uno de los puntos en que el Comité de Expertos observa una auténtica "brecha" entre el compromiso contraído por España y su cumplimiento en la práctica. Y no es extraño que el Comité de Ministros recoja la preocupación del Comité de Expertos y recomiende a las autoridades españolas que tome las medidas jurídicas y prácticas necesarias para asegurar que un porcentaje "adecuado" del personal que trabaja en la Administración de justicia en las comunidades autónomas relevantes "tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes".
Después de la amonestación europea, las autoridades españolas tienen ante sí la posibilidad de cerrar la brecha detectada por el Comité de Expertos, empezando por Cataluña y por medio de toda una ley orgánica del Estado cual será el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña. Según el artículo 102 del texto remitido al Congreso de los Diputados, para ocupar una plaza de magistrado, juez o fiscal en Cataluña, los candidatos "deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán". Es posible que este artículo, como muchos otros del proyecto catalán, no supere el trámite parlamentario tal como está; lo que no sería de recibo es que, ignorando la recomendación del Consejo de Europa, las Cortes no encontraran la fórmula para que al menos un porcentaje "adecuado" de magistrados, jueces y fiscales que ejerzan en Cataluña tenga un conocimiento práctico de la lengua que comparte oficialidad con el castellano.
Garantizar que los ciudadanos que lo deseen puedan desenvolverse en su lengua regional o minoritaria en sus relaciones con la Administración de justicia es una de las preocupaciones del Comité de Expertos que vela por la correcta aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Una preocupación más general del Comité es que "sigue siendo necesario crear conciencia en España acerca de las lenguas regionales o minoritarias". El Comité lamenta en su informe que los medios de comunicación españoles apenas presten atención a la diversidad lingüística del país, y que la mayoría de la población de las comunidades autónomas no afectadas no sea consciente de que España es un país plurilingüe (es decir, que crea que España es un país monolingüe). Para remediarlo, el Comité considera preciso "redoblar los esfuerzos para educar a la población mayoritaria castellanoparlante y a los medios de comunicación nacionales, con miras a fomentar una mayor aceptación y respeto por las especificidades de las identidades regionales como parte integrante del patrimonio español". Pues bien, en eso también tienen las autoridades españolas un documento sobre la mesa que puede contribuir a mejorar el sistema. Se trata de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana "de protección y promoción de las lenguas españolas distintas del castellano", que incluye entre las medidas que debería adoptar el Estado la de difundir entre la población española el conocimiento de la realidad plurilingüe de España. La propuesta de Esquerra de convertir el catalán / valenciano, gallego y euskera en lenguas oficiales del Estado puede parecer políticamente inoportuna: desde el punto de vista catalán, interfiere de modo partidista en un objetivo transversal del Gobierno tripartito citado explícitamente en el famoso pacto del Tinell; desde el punto de vista español, plantea de golpe un objetivo demasiado ambicioso si tenemos en cuenta las grandes reticencias que suscita una medida tan modesta como el uso del catalán / valenciano, gallego y euskera en el Congreso de los Diputados. Pero por más inoportuna que pueda ser la propuesta de Esquerra no es la aberración que algunos han pretendido, sino un punto de partida para una discusión finalmente ineludible que se inscribe escrupulosamente en el mandato constitucional de respeto y protección del patrimonio lingüístico español y en la misma lógica que llevó a España a ratificar la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en el año 2001 y a solicitar en el 2004 el reconocimiento oficial del catalán / valenciano, gallego y euskera en las instituciones de la Unión Europea.
Hay quien cree, como Aurelio Arteta, que la idea de mejorar las posibilidades de uso del catalán / valenciano, gallego y euskera en las instituciones del Estado (o en las de la Unión Europea) no tiene fundamento alguno. Su divisa es que en lo concerniente al reconocimiento de esas lenguas en nuestras instituciones estatales (o europeas) comunes lo que hay es lo que debe haber. (De hecho, según él, tal como se lo oímos decir en Barcelona, la situación del catalán / valenciano, gallego y euskera en 1975 es también la que debía haber, por lo que las políticas de normalización lingüística nunca deberían haber existido). Los que no hemos llegado a catedráticos de Filosofía, pero recordamos de nuestras clases de juventud que un filósofo que se precie no puede confundir lo que es con lo que debe ser, no compartimos su visión de las cosas. Y sabiendo que quien gobierna España en este momento tampoco es un adepto del inmovilismo, esperamos grandes cosas de esta legislatura.
Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de Organización por el Multilingüismo.
