Un ex militante acusa de recibir sobornos a CDC y ésta replica con una querella

El presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas ha vuelto a salir a la palestra, esta vez a través de las declaraciones de un ex trabajador de la empresa pública Adigsa y ex militante de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Ricard Murga. CDC desmintió ayer las acusaciones y anunció que se querella contra Murga por injurias. La fiscalía no ha recibido ninguna denuncia sobre este asunto.

Fuentes judiciales explicaron ayer que, en caso de ser ciertas las acusaciones de Murga, el supuesto delito habría prescrito. El Periódico publicó ayer unas declaraciones de Murga en las que explicaba que participó, como empleado de Adigsa, en operaciones que permitieron que numerosos constructores y empresas pagaran entre 1988 y 1995 al partido grandes cantidades a cambio del encargo de construir vivienda social. También afirma Murga que Adigsa se hizo cargo de las nóminas de personal de CDC que trabajó para el partido, especialmente en periodo electoral.

Según Murga, él mismo estuvo presente en la entrega de cheques por parte de empresas a los entonces directores generales de Adigsa, Antoni Jordà y Felip Puig, en los que las comisiones suponían entre el 15% y el 25% del precio de la adjudicación de la obra.

Ricard Murga, que ayer no respondió a las llamadas de este diario, fue miembro del consejo nacional de CDC entre 1981 y 1985, y era presidente de la Joventut Nacionalista de Catalunya de Sant Boi de Llobregat cuando en 1988 entró a trabajar en Adigsa de la mano de su director general, Antoni Jordà, máximo dirigente del partido en el Baix Llobregat. Con Murga, que afirma que ejerció de coordinador de seguridad del partido, muchos otros militantes de CDC engrosaron la plantilla de Adigsa en los años en los que Puig relevó a Jordà. Según el ex responsable de seguridad, se ingresaron talones en diversas cuentas del partido del Baix Llobregat y del Vallès Oriental, donde Puig fue consejero comarcal.

Murga asegura que él mismpo cobró parte de las comisiones de empresas constructoras y que Jordà le entregó cheques procedentes de empresas privadas.

Además de desmentir las acusaciones de Murga, CDC negó que éste haya tenido relación laboral con el partido, ni tan sólo como coordinador de seguridad. Felip Puig anunció que interpondrá una querella por injurias y calumnias. "Todo es falso", dijo. Según el partido, Murga se dio de alta como militante en 1981 y fue dado de baja en 1998 por no pagar la cuota. Puig, portavoz del grupo parlamentario de CiU, recordó que el ministerio fiscal ya investigó en esta línea, sin poder demostrar la existencia "de cobro de comisiones ni financiación irregular por parte de CiU". Puig añadió que averiguará si Murga "ha actuado movido por algún incentivo y si ha habido intencionalidad política" en sus declaraciones. El dirigente nacionalista atribuyó los hechos a una maniobra para "afectar a la buena imagen" de su formación.

El portavoz del grupo parlamentario PSC-CpC, Joan Ferran, pidió al líder de CiU, Artur Mas, que "se explique de forma clara y concisa" urgentemente, y solicitó "que dé la cara" como, en su opinión, "ha hecho Josep Antoni Duran Lleida" en el caso Pallarols.