Un modelo urbanístico bajo sospecha

Hace dos años el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología advirtió en un estudio de que el veloz desarrollo urbanístico de la Costa del Sol se nutría, en parte, de inversiones de dinero negro y que estaban proliferando corruptelas y prácticas ilícitas que ponían en evidencia la debilidad de los controles administrativos y judiciales.

El informe, realizado en colaboración con las universidades de Ámsterdam (Holanda), Trento (Italia) y Cardiff (Reino Unido), alertó sobre el posible inicio de un ciclo que podía culminar "con el sólido establecimiento de grupos delictivos organizados controladores de la políticas y las actividades empresariales locales". El estudio cayó como una bomba y fue denostado abiertamente por dirigentes políticos y empresariales, que censuraron la criminalización de la imagen del litoral malagueño y sus efectos perniciosos sobre el turismo, principal industria de la provincia.

No se advertía de un fenómeno nuevo, ni tampoco exclusivo de la región, pero si de indicios que apuntaban hacia el asentamiento de la criminalidad organizada en la actividad urbanística de la Costa del Sol. Han ocurrido hechos, desde entonces, que avalan la preocupación de estos expertos criminólogos.

El más claro ejemplo es la operación Ballena Blanca, la investigación sobre blanqueo de dinero más importante iniciada en España y cuya punta del iceberg era el despacho Del Valle Abogados de Marbella. La operación se ha ido agrandando en los últimos meses y hay 72 millones de euros intervenidos en 28 entidades bancarias. Se han incautado más de 400 inmuebles y el número de organizaciones criminales relacionadas con el despacho marbellí asciende ya a 17. Según la investigación policial, este despacho manejaba un millar de sociedades, de las cuales la mitad están bajo sospecha. Los investigadores están convencidos que se crearon para blanquear dinero procedente de actividades criminales a través de operaciones urbanísticas.

Fruto de las investigaciones, la policía detenía el pasado mes de octubre al alcalde de Manilva (Málaga), Pedro Tirado, y a su cuñado Francisco Calle, por un supuesto caso de corrupción urbanística vinculado a esta red de blanqueo de dinero. Tirado tenía en su casa 770.000 euros en bolsas de plástico. Era el primer alcalde detenido en la Costa del Sol por eso que los expertos del Instituto de Criminología de Andalucía habían advertido: el control por parte de mafias organizadas de la política local.

El caso, sin embargo, más flagrante -por la reiteración de los desmanes urbanísticos y las sospechas que pesan sobre los concejales- se concentra en Marbella, una localidad donde en su actual corporación hay 14 ediles, incluida la alcaldesa Marisol Yagüe, imputados en procesos penales, la mayoría de ellos por delitos contra la ordenación del territorio. Desde que en el año 1991 Jesús Gil y Gil logró la alcaldía, se han producido ocho condenas a concejales y se eleva a 27 el número de ediles imputados. En la actualidad hay 30 sumarios abiertos por delitos contra la ordenación del territorio, más de 400 licencias impugnadas y 115 notificaciones a la Junta de Andalucía por delito urbanístico.

El Gobierno andaluz, que está elaborando actualmente una ingente legislación sobre urbanismo, tiene litigios en los tribunales de justicia con otros municipios del litoral malagueño, que han incumplido varias veces sus propias normas urbanísticas. Entre ellos se encuentra Benalmádena -a cuyo alcalde, el independiente Enrique Bolín, la fiscalía llegó a abrir diligencias por un delito urbanístico- Estepona (PSOE), Nerja (PP) o Torremolinos (PP). Los expertos del informe del Instituto Criminológico, que dirigió el catedrático de Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés, advirtieron de que la aparición de las prácticas corruptas se veían favorecidas por la opacidad y complejidad de los procedimientos administrativos de planteamiento urbanístico y los sistemas de control poco eficientes.