CONFLICTOS POLÍTICOS Y DE COMPETENCIAS: A la espera de la ley andaluza de golf
Las prácticas urbanísticas en algunos municipios de Andalucía, y de forma significada en la Costa del Sol, depara de forma recurrente conflictos políticos y de competencias entre la administración autonómica y los ayuntamientos.
Marbella es un caso paradigmático. Desde 1995, la Junta de Andalucía ha impugnado 420 licencias de obras municipales concedidas en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, motivo fundamental por el que ha iniciado los trámites para la retirada de las competencias en materia de planificación urbanística al consistorio presidido por Marisol Yagüe.
La Consejería de Obras Públicas andaluza tiene entre sus competencias la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbana de los municipios, y las elevadas previsiones de construcción de nuevas viviendas contenidas en los documentos de avance de éstos augura cuando menos nuevas discrepancias.
El delegado de la consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, ya ha advertido de que la previsión de más de medio millón de casas en la Costa del Sol "parece una barbaridad" y que el desarrollo urbanístico "no puede entenderse como una mera clasificación de suelo". "No se puede plantear hacer en 10 o 15 años tantas viviendas como en toda la historia", argumenta. Los municipios tendrán que justificar "muy bien" sus previsiones de nuevas viviendas, según la Junta.
Una vez ultimados los documentos de avance, los plenos municipales deben hacer una aprobación inicial del PGOU, sacarlos después a información pública y, una vez estudiadas y cursadas las alegaciones, aprobarlos provisionalmente y remitirlos a la Junta para que le dé o no la autorización definitiva.
Los planes subregionales de ordenación del territorio ya han puesto sobre la mesa nuevas fricciones entre la Junta y los municipios, en las que no hay diferencias de color político. El de la Costa del Sol Occidental, por ejemplo, se ha tramitado con el voto contrario de los alcaldes del PSOE, y para los del PP estos planes suponen una invasión de las competencias municipales en materia de ordenación.
El Plan de Ordenación Territorial (POT) de la aglomeración urbana de Málaga, por ejemplo, reserva para parque público una zona próxima a la desembocadura del río Guadalhorce en la que el Ayuntamiento de Málaga proyecta una marina deportiva con 1.200 atraques y 900 viviendas.
Los municipios están también a la espera, para concretar sus nuevos planes, de que la Junta promulgue el anunciado decreto de golf, con el que pretende restringir las urbanizaciones junto a estas instalaciones deportivas.
